El exnúmero 2 de Gallardón tiene todos los boletos para ser el nuevo magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo
Fernando Román García se convertirá, previsiblemente, en magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, cubriendo la plaza de Manuel Campos Sánchez-Bordona. El exsecretario de Estado de Justicia fue el impulsor de la última reforma del CGPJ, que transformó la naturaleza del Consejo de su sentido colegiado al presidencialista actual, de la ley de tasas y de toda la política de Gallardón.
CARLOS BERBELL.
De acuerdo con fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) consultadas por Confilegal, “el puesto es suyo”, si bien Román, de 55 años, primero tendrá que someterse a los requerimientos burocráticos consabidos y a su elección con el Pleno.
Cumple todos los requisitos.
El puesto que ha quedado libre, el del magistrado Campos –elegido para el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo-, es de especialista de lo Contencioso-Administrativo. Precisamente lo que es Román.
En la actualidad, está destinado en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que tiene su sede en la calle Goya 13, de Madrid.
Sin embargo, lo más importante de todo es que cuenta con el apoyo del presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, su amigo.
Es un hecho que buena parte del personal que sirvió a Román en el Ministerio y en el Tribunal Supremo hoy trabaja al servicio de la máxima autoridad de la justicia española y, también, que el papel del exsecretario de Estado fue determinante para que Lesmes fuera elegido.
Los dos formaron parte, además, de la comisión ministerial que se encargó de redactar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que ha transformado el CGPJ hacia un sistema presidencialista.
Luis Díez-Picazo, recientemente nombrado presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, fue el presidente de dicha Comisión.
Éste puesto, el de magistrado de la Sala Tercera, siempre ha sido su objeto de deseo. Desde su paso por el Tribunal Supremo, en el que fue el jefe de los letrados que sirven a los 90 magistrados que conforman el Alto Tribunal.
Lo sabe muy bien su círculo íntimo.
Esa es la razón por la que ha mantenido un perfil bajo desde su salida del Ministerio, en septiembre de 2014. Silencio absoluto. Presencia pública inexistente. Había que poner distancia con la época Gallardón y con el propio Gallardón y convertirse en alguien anónimo.
En la reciente inauguración del nuevo edificio de la jurisdicción penal de la Audiencia Nacional Gallardón sí estuvo; Román, no.
COMIENZO DE LOS DESENCUENTROS MINISTERIO-CGPJ
Fue, precisamente, el nombramiento de Fernando Román, como secretario de Estado, lo que provocó los desencuentros entre Alberto Ruiz Gallardón y el Ministerio de Justicia, por una parte, y el CGPJ que presidía Carlos Dívar, por otra.
Dívar había dado el visto bueno al nombramiento de Román que, entre 2004 y 2011 había venido ocupando la Jefatura del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo. Primero bajo Francisco Hernando y luego el propio bajo Dívar. Un “visto bueno” que el presidente no consultó a sus vocales más próximos, y su principal apoyo, con los que Román no tenía ninguna sintonía.
Los primeros contactos de Ruiz Gallardón con los vocales del CGPJ habían sido positivos y cargados de buenas expectativas. Tras el nombramiento de Román, convertido en guía y mentor de Ruiz Gallardón en el proceloso mundo judicial, aquello se acabó.
Y contribuyó a lo que sucedió después en el propio CGPJ.
El equilibrio de fuerzas interno del Consejo se trastocó hasta desembocar, en la primavera de 2012, en la peor crisis que había vivido el órgano de gobierno de los jueces en sus 32 años de historia y que desembocó, el 20 de julio, en la dimisión del presidente Dívar. Por los viajes que éste había realizado a Marbella supuestamente a costa del erario público.
Dívar no quiso reconocer que había hecho nada malo y, por lo tanto, abonar los 25.000 euros que supuestamente se había gastado en esos viajes (el Tribunal de Cuentas después de una investigación determinó que habían sido 2.500 euros; que Dívar abonó religiosamente cuando se le requirió).
Con toda probabilidad, si lo hubiera hecho, como Yolanda Barcina, la que fuera presidenta del Gobierno de Navarra, con los 68.000 euros de dietas dobles cobradas de Caja Navarra, se habría acabado todo.
“¿Cuánto dicen que hay que poner? ¿68.000 euros? ¡Como estos!”, fue su respuesta a la crisis por aquello.
De esa forma, el CGPJ habría eludido el derrotero que después tomaron las cosas.
Desde el principio de toda la crisis, Dívar tuvo el apoyo completo del Ministerio de Justicia y, en especial, de Fernando Román, que le había servido bien entre 2008 y 2011 en el Tribunal Supremo.
El propio Ruiz Gallardón declaró con rotundidad, cuando la Fiscalía del Alto Tribunal archivó la denuncia que había presentado contra Dívar el vocal José Manuel Gómez Benítez, “Carlos Dívar sale fortalecido”.
No fue ese el caso sino todo lo contrario. El ministro se equivocó de pe a pa.
La pesadilla mediática continuó, la cual se mezcló con desafecciones internas dentro del CGPJ. La unanimidad brilló por su ausencia.
Al menos en tres ocasiones, al presidente Dívar se le aconsejó que abonara el dinero supuestamente malgastado, pero Dívar se negó. ¿Cómo lo iba a hacer si estaba convencido de que no había hecho nada ilegal? Dar un giro de 180 grados hubiera equivalido a admitir la «culpabilidad», a ir contra sus convicciones.
LEY DE TASAS Y REFORMA DE LA LOPJ
Con una mayoría de 187 diputados en el Parlamento –doce por encima de la mayoría absoluta-, el Partido Popular tenía músculo suficiente para sacar adelante cualquier ley.
Una de ellas fue la reforma de la ley de tasas, que las extendía a personas físicas, pymes y ONGs, además de a las grandes empresas, que venían pagando desde 2003. Una ley que Román defendió con vehemencia.
Varias veces garantizó públicamente que “las tasas, en ningún caso” podrían “impedir u obstaculizar gravemente” el acceso a la tutela judicial efectiva a la que tienen derecho los ciudadanos.
La de la LOPJ tampoco tendría ningún problema.
Lo sucedido con Dívar sin duda influyó en la dirección que tomaron los miembros de la citada comisión para la reforma de la LOPJ y de la Ley de Demarcación y Planta Judicial, empezando por Román, Lesmes, Díez-Picazo, Antonio Dorado, entonces vocal del CGPJ y hoy secretario general de la Administración de Justicia, Marta Silva de Lapuerta, abogada general del Estado, Juan Damián Moreno, catedrático de Derecho Procesal, Joaquín María Vives, abogado, Antonio Álvarez-Buylla, entonces decano del Colegio de Procuradores de Madrid, y Luz Rubial, asesora de Román y secretaria de la comisión.
El resultado es lo que tenemos hoy: un CGPJ compuesto por 7 vocales “de primera” y 13 “vocales de segunda”; los doce consejeros de procedencia judicial, elegidos directamente por el Parlamento sin apenas requisitos de ningún tipo -solo con 25 avales-, y un presidente con un poder concentrado como nunca antes se había visto en la historia del poder judicial español.
Justo lo contrario de lo que el PP había prometido en su programa electoral de 2011, en su punto 11: “Promoveremos la reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, para que, conforme a la Constitución, doce de sus veinte miembros sean elegidos de entre y por jueces y magistrados de todas las categorías”.
La reforma de la LOPJ también trajo otra consecuencia: la cuasi laminación de las asociaciones de jueces.
Román no está asociado a ninguna.
Como era de esperar, el nuevo estado de cosas, lejos de ahuyentar las críticas de politización del órgano de gobierno de los jueces, hizo que arreciaran.
Politización e hiperpolitización del CGPJ y, en consecuencia de la justicia, se han convertido en sinónimos. Y el concepto se ha materializado en un estado de opinión generalizado. Un “pecado original” que no hay pila bautismal que pueda lavarlo, hoy por hoy.
Ciudadanos, en la presentación de su programa electoral, el pasado sábado, en Cádiz, proponía lisa y llanamente la desaparición del CGPJ.
SU PASADO EN EL CONSEJO
Román estuvo un año y medio en el CGPJ. Fue nombrado en 2002, por el presidente Hernando, director del Gabinete Técnico del Consejo, un puesto desde el que debía controlar a los letrados de los Servicios de Estudios e Informes, Relaciones Internacionales, Organización y Modernización y Análisis y Planificación de la Actividad Judicial.
La idea con la que Román comenzó a trabajar era la de coordinar todos los servicios. Su ejercicio también le iba a conferir un mayor poder por el acceso a la información que el órgano de gobierno de los jueces cocía en tiempo real.
Sin embargo, Román no duró mucho tiempo en ese puesto.
Uno de los letrados, José Antonio Choclán, jefe del Servicio de Estudios e Informes, se negó a reportarle, como requería Román. Choclán, hoy convertido en el socio director de unos de los bufetes más pujantes del momento, le consideraba su igual.
Como era lógico, Román se fue a hablar con el superior de Choclán, el presidente de la comisión y vocal -también magistrado del Tribunal Supremo- Adolfo Prego, para que lo hiciera entrar en razón.
Prego no le apoyó y aquello devino en una crisis personal para Fernando Román. Especialmente porque otros vocales, a los que se sentía muy cercano, declinaron entrar en el “conflicto”.
Finalmente, presentó la dimisión y regresó a su destino en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
Meses después, el presidente Hernando lo rescató, aprovechando que el puesto del jefe del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo había quedado vacante, y allí lo colocó.
Indudablemente, su paso por el Consejo le dejó “cicatrices” de no muy grato recuerdo, que, después, sin duda, compensó con creces con las reformas a la LOPJ que impulsó desde su puesto de secretario de Estado.
