La Policía Científica en el portal de la casa del supuesto pederasta, donde llevaron a cabo el resgistro. EP.
Un error de la Policía podría privar de pruebas de cargo concluyentes contra el supuesto pederasta de Ciudad Lineal
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27/4/2016 05:56
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Actualizado: 26/4/2016 20:05
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Un error de la Policía podría privar al Ministerio Fiscal de pruebas de cargo concluyentes contra el supuesto pederasta de Ciudad Lineal, Antonio Ortiz, al que se le considera autor de las agresiones sexuales a cuatro menores de edad cometidas entre septiembre de 2013 y agosto de 2014 en ese barrio del este de Madrid.
Su abogado defensor ha solicitado la anulación del registro que la Policía realizó a la vivienda de éste, en la calle Santa Virgilia, situada en el barrio de Hortaleza, el 25 de septiembre de 2014, porque no estuvo presente el detenido, tal como obliga el artículo 569 de la Ley de Enjuicimiento Criminal.
Allí la Científica halló huellas de alguna víctima y restos de sangre de una de las menores. Tras el cotejo de muestras, un informe concluyó que el perfil genético de TP3 (la menor) es idéntico al obtenido a partir de una muestra de sangre encontrada en el plástico del colchón.
Los restos de sangre pertenecían a una niña de 9 años que fue secuestrada el 10 de abril de 2014 a las 20.40 horas.
Todas esas pruebas, vitales para demostrar su autoría, al menos en dos de los cuatro casos, podrían ser declaradas nulas en virtud de la doctrina del «fruto del árbol envenenado».
Lo que describe esta doctrina es que si la fuente, el “árbol”, de donde procede la evidencia obtenida, está contaminada, entonces el “fruto” de ese “árbol” está igualmente contaminado. Por lo tanto, las pruebas obtenidas con una actuación ilícita son igualmente ilícitas.
El letrado afirma en su escrito de defensa que «ni la secretaria judicial ni el detenido ni el representante del Ministerio Fiscal» estuvieron en el registro hasta las 19.40 horas.
Pese a ello, en las horas previas sí estuvo en el piso la Policía.
Por ello, según el abogado del turno de oficio, procede la «declaración de nulidad de pleno derecho del acto mismo del registro y de su resultado por incumplimiento por parte de la Policía, del auto que autorizaba el mismo, dictado el 23 del día anterior».
En consecuencia, solicita la libre absolución de su cliente, de cara a la celebración del juicio, y la condena en costas a las acusaciones que forman parte del proceso judicial.
Antonio Ortiz, el presunto pederasta de Ciudad Lineal (EP)
CARACTERÍSTICAS QUE NO COINCIDEN
En el escrito, el letrado expone que la vivienda indicada por una de las víctimas estaba, según su relato, «situada a corta distancia de la boca de metro de la estación de Canillejas». Y agrega la niña que se trataba de un edificio de ladrillo al cual accedió desde la calle por medio de ascensor desde la calle.
Muchas de las características que se aportaron, según el escrito de defensa, como que las puertas de la escalera y de la vivienda eran de color blanco, no coinciden con las acreditadas por la Policía.
Por ejemplo, las puertas de los rellanos de la escalera son todas de madera.
Además, el abogado sostiene que los coches utilizados en los cuatro hechos son diferentes, ya que su patrocinado disponía, en esas fechas , de un Toyota de 3 puertas y la matrícula no coincidía con la aportada por TP-3 -una de las víctimas-.
El abogado solicitará en el juicio la absolución de su cliente «con toda clase de pronunciamientos favorables» y que se condene en costas a las acusaciones particulares y populares. Lo hará ya que sostiene que su cliente no ha cometido ninguno de los delitos que se le imputan.
INOCENTE
Desde que fue detenido, el presunto pederasta siempre ha defendido su inocencia. Pese a ello, la mayoría de las víctimas le reconocieron en las ruedas de reconocimiento.
Su abogado alega en el escrito de conclusiones provisionales que Ortíz «carece de antecedentes policiales» por este tipo de delitos, agregando que pesa sobre él antecedentes penales por robo con violencia en grado de tentativa.
Además, critica que el ministro del Interior diera una rueda de prensa poco después de ser detenido en Santander, ya que ello creó «una situación de perjuicio para el resultado del procedimiento» porque, por ejemplo, se difundieron de manera inmediata las fotografías de su defendido.
Por esta razón, la defensa impugna también las ruedas de reconocimiento de su patrocinado, dado que su imagen apareció en varias ocasiones en los medios de comunicación.
Entiende que esta diligencia judicial está viciada, por lo que solicita igualmente que se anulen las actuaciones judiciales y los reconocimientos sean declarados «nulos de pleno derecho».
PETICIONES DE PENA
En sus respectivos escritos, las acusaciones solicitan penas para el supuesto pederasta que oscilan entre los 126 y los 79 años de cárcel. El fiscal reclama una condena de 77 años de prisión.
La asociación Clara Campoamor, que ejerce la acusación popular en el caso, pide en su escrito de acusación 79 años de cárcel para Antonio Ortiz. La abogada de la asociación eleva en dos años la petición de la Fiscalía, que solicita un total de 77 años de cárcel para el presunto pederasta.
El fiscal considera a Antonio O. presunto responsable de tres delitos de agresión sexual, uno de violación, cuatro de detención ilegal y uno de lesiones. La asociación suma un delito de lesiones a las acusaciones del fiscal.
La acusación popular que representa a la Asociación Laxshmi para la Lucha contra el Crimen y la Prevención pide una condena de 120 años de cárcel por cuatro delitos de detención ilegal, cuatro de agresión sexual, cuatro de lesiones y un homicidio en grado de tentativa.
Por otro lado, el abogado de una de las menores reclama hasta 126 años y medio de cárcel para el pederasta. La pena se solicita por cuatro delitos de detención ilegal, cuatro de agresión sexual, cuatro de lesiones y dos homicidios en grado de tentativa.
El abogado de otra de las menores reclama veintiséis años de cárcel para el presunto pederasta, sin contemplar en su escrito de conclusiones las agresiones a las otras tres menores.
A Antonio Ortiz se le acusa de los hechos cometidos el 24 de septiembre de 2013 cuando una menor de 5 años fue abordada por éste, haciéndose pasar por una amiga de su madre. El 10 de abril de 2014 se produjo otra agresión de una menor de 9 años, a quien llevó a su casa de la calle Santa Virgilia de Madrid.
Otro de los hechos investigados tuvo lugar el 17 de junio de 2014, cuando el acusado introdujo en su vehículo a una niña de seis años. En este caso la menor necesitó ser intervenida por las graves lesiones que le causó. También se produjo otra agresión el 22 de agosto de 2014 cuando abordó a una niña de siete años en una parque situado en la calle Gomeznarro. EP.
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