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“El Gobierno debería haber suspendido de forma inmediata el canon digital tras el fallo del TJUE”, José Antonio Suárez, portavoz de las demandantes
José Antonio Suarez, de Suárez de la Dehesa Abogados, portavoz de las entidades de gestión de derechos de autor, quienes consiguieron un importante triunfo ante el TJUE contra el canon digital.
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“El Gobierno debería haber suspendido de forma inmediata el canon digital tras el fallo del TJUE”, José Antonio Suárez, portavoz de las demandantes

Luis Javier Sanchez
12 junio, 2016

“El Gobierno debería haber suspendido de forma inmediata el canon digital tras el fallo del TJUE. Así lo dice la legislación del Supremo en materia contenciosa cuando se demuestra que una norma es contraria a derecho comunitario”, afirma rotundo José Antonio Suárez, portavoz de las entidades de gestión que el pasado 9 de junio obtuvieron un triunfo completo con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que declaró nulo el canon digital.

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“Con esta sentencia queda claro para el TJUE que el canon por copia privada es inaplicable para el derecho nacional. Ello nos sitúa de nuevo en el 1 de enero del 2012 y el Estado debería asumir la responsabilidad patrimonial correspondiente”, añade Suárez, socio de Suárez de la Dehesa Abogados, despacho especializado en Derechos de Autor, contenidos audiovisuales, propiedad intelectual, tecnologías de la información y derecho del entretenimiento, que presta servicios legales a EGEDA, una de las entidades demandantes.

El fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) no ha sorprendido a nadie. El Gobierno que salga de las próximas urnas tendrá que lidiar con un toro que implican compensaciones de más de 400 millones de euros.

¿Por qué se hizo mal?

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Con su sentencia del pasado 9 de junio, el TJUE ha vuelto a sonrojar al legislador español por no hacer los deberes conforme al derecho comunitario.

En esta oportunidad es el canon por compensación del uso de la copia.

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Habrá que cambiar de nuevo el actual canon digital de 2012 del que el presidente en funciones Mariano Rajoy hizo bandera incluso en su campaña electoral por no estar ajustado a derecho comunitario.

Tanto José Antonio Suárez, como Ofelia Tejerina, esta letrada de la Asociación de Internautas, ya habían advertido hace tiempo al Gobierno de lo indiscriminado de esa medida.

En opinión de Suárez era inaceptable que el Gobierno quisiera pagar lo mínimo, 5 millones anuales, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, cuando en 2008 se valoró que el daño que hacía la copia privada a los derechos de los creadores estaba entre los 105 y los 118 millones de euros al año.

De hecho en los años 2013 y 2014 las entidades de gestión ya interpusieron una reclamación patrimonial contra el Estado por incorrecta trasposición de la Directiva del 2001, donde queda reflejada la copia privada en el derecho comunitario.

La medida, que esperaba el fallo del TJUE, ahora se volverá a activar.

En total son más de cuatrocientos millones lo que reclaman las entidades de gestión en estos cuatro últimos años. El nuevo gobierno tendrá que dar una solución a este problema.

400 millones es una cantidad muy importante para un país como el nuestro que a duras penas cumple el déficit que año a año reclama Bruselas.

“Las entidades de gestión intentaron en su día que el Real Decreto 1657/2012, que regulaba el nuevo canon por copia privada impulsado por el gobierno de Rajoy, quedara en suspenso al pedir medidas cautelares. No se logró”, explica Suárez.

A LA ESPERA DEL FALLO DEL SUPREMO

“Ahora, el Tribunal Supremo de España deberá decidir sobre la cuestión de fondo y muy posiblemente tendrá que declarar inaplicable dicho Real Decreto como consecuencia de dicho fallo que conocemos”, declara Suárez, quien comenta que la falta de diálogo con el Gobierno es evidente hasta el momento.

Sobre la reacción del Ejecutivo tras el fallo del TJUE, el portavoz de las entidades de gestión muestra su sorpresa ante la tibia reacción por parte del Ejecutivo y recuerda que “hay una sentencia del Supremo, de octubre del 2012, en la jurisdicción contenciosa que señala que se puede suspender inmediatamente una norma que haya sido catalogada de no conforme respecto al derecho comunitario.”

Pero este Gobierno en funciones no lo ha hecho.

Parece que esperará al fallo del Supremo que tendrá lugar en noviembre, del que entidades de gestión e internautas esperan y confirmen la inaplicabilidad del canon digital.

Con anterioridad a este tema, Suarez señala que“toda la normativa de propiedad intelectual se había construido en base a acuerdos parlamentarios y en el desarrollo reglamentario entre todas las partes implicadas. Así lo he vivido desde 1987, como normativa de consenso“.

“Tendría que preguntarle al señor Lasalle porque este cambio de tendencia en este tema del canon digital, nosotros no lo sabemos”.

Desde las entidades de gestión que intentaron todo para para este canon digital, incluso abrir un procedimiento de infracción contra el Reino de España, en el verano del 2012, que lo suscribieron todas menos CEDRO que puso su reclamación en noviembre.

El fallo del TJUE lo paró y ahora veremos que curso sigue.

¿QUÉ SUCEDERÁ?

En estas circunstancias es complicado predecir qué puede pasar en el futuro más inmediato. Internautas y entidades de gestión coinciden en que hay que buscar otro sistema y reformar la legislación.

”El articulo 25.1 de la actual Ley de Propiedad Intelectual reformada en 2014 hay que derogarlo porque habla de dicha regulación”, comenta Ofelia Tejerina, letrada de la Asociación de Internautas. “Ya dijimos que este canon digital no era el más adecuado por ser aún más indiscriminado su impacto respecto al anterior. El hacer copias privadas no va a arruinar a la industria del cine y de la música”, recuerda. 

Desde esta Asociación se indica que hay que evitar los parches y redefinir de nuevo el concepto de derecho de autor y ver que parte es derecho moral y que parte derecho de explotación.

“Se trata de ver porque puedo cobrar y porque no”, indica nuestra interlocutora.

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A Ofelia Tejerina, letrada de la Asociación de Internautas, no le ha sorprendido el fallo del TJUE.

“Ya dijimos que este canon digital no era el más adecuado por ser aún más indiscriminado su impacto respecto al anterior. El hacer copias privadas no va a arruinar a la industria del cine y de la música”, dice Ofelia Tejerina

Ambos colectivos piden al Gobierno que salga que siga las pautas del TJUE marcada en esta sentencia para definir un sistema coherente de compensación por copia privada y época en la que estamos.

“Es difícil ver qué sistema conciliará los intereses de todos pero el sistema que se adopte debe tener en cuenta que las personas jurídicas no pagan; que aquellas personas físicas que no utilicen esos dispositivos para hacer las copias, tampoco. Sobre todo hay que dejar claro que el hacer copias privadas no va a arruinar a la industria”, señala la abogada de la Asociación de Internautas

José Antonio Suárez , en nombre de las entidades de gestión, pide una solución jurídica y no politizada, como creen que ha estado la vida de este canon digital hasta ahora.

A su juicio el modelo francés que vuelca el canon en las empresas tecnológicas podría ser uno a seguir.

“Ya pedimos en el 2011 al gobierno que lo adaptara pero hizo caso omiso”, advierte.

En ese nuevo canon, las tecnológicas tendrían la posibilidad de repercutir ese canon en la venta al consumidor final.

“Es lógico que ellas lo paguen porque se benefician más que nadie. El nuevo canon debe tener un sistema de devolución de lo aportado para aquellas personas jurídicas que pagaron en su momento dicho canon”.

NEGOCIACIÓN

Lo que queda claro es que pese al escaso diálogo del Gobierno con los interlocutores de este canon digital, tendrá que abrirse una negociación lo antes posible para clarificar posturas. También habrá que ver si las entidades de gestión están dispuestas a negociar ese dinero que reclaman por verse afectadas.

Suárez defiende el papel de las entidades de gestión en su trabajo de cobro de los derechos de autor por diferentes conceptos, pese al escándalo de la SGAE y una instrucción que ya dura cinco años.

“Creo que el Gobierno debería haber aclarado que el problema solo lo tenía una entidad de gestión y no todas”, apunta.

Para Tejerina es claro que Internet no arruina a la industria del cine y de la música. Deben redefinir sus esquemas de negocios, cuestión que en los últimos quince años no han hecho.

No solo no ha acabado con ella sino que la ha favorecido, sobre todo en la promoción de productos o servicios. “Es fundamental que se asegure que el dinero que se recauda vaya a los autores”.

A juicio de esta abogada, “es importante controlar el trabajo de las entidades de gestión por este motivo”.

Luis Javier Sanchez

Luis Javier Sanchez

Periodista jurídico, comunicador y consultor de comunicación. @luisjasanchez


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