Alejandro Villalba y Mara Monreal, presidente y secretaria general del Grupo de Abogados Jóvenes de Málaga, cuyas declaraciones han levantado ronchas entre los abogados séniors de la provincia.
Los jóvenes abogados de Málaga llaman la atención sobre su situación laboral al más puro estilo periodístico: «hay esclavitud encubierta».
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22/6/2016 07:58
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Actualizado: 22/6/2016 00:39
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Alejandro Villalba, 35 años, presidente del Grupo de Jóvenes Abogados(GAJ) de Málaga y su compañera, Mara Monreal, secretaria de GAJ Málaga y CEAJ, han conseguido con dos palabras muy simples lo que decenas de movilizaciones no habían podido conseguir: en los bufetes de la provincia hay «esclavitud encubierta» que afecta a los más jóvenes que ejercen la profesión. Ni que decir tiene que a muchos «séniors» la declaración les ha picado, y mucho.
«La precariedad laboral es una realidad. Hay muchos compañeros nuestros que están trabajando como falsos autónomos, bajo la figura de la colaboración, con salarios, en algunos casos incluso por debajo de los 200 euros, haciendo una jornada laboral como la de cualquier trabajador contratado por cuenta ajena. Por no hablar de las falsas pasantías», afirma Villalba, abogado independiente especializado en laboral y extranjería.
«Cuando hablamos de ‘esclavitud encubierta’, y así lo publicó el Diario Sur el pasado lunes, es evidente que no lo decíamos en sentido estricto, sino en un sentido adaptado a los tiempos que corren. Queríamos llamar la atención sobre la problemática laboral de los abogados jóvenes de Málaga, que se da también en toda España. Nuestra intención es provocar el debate para llegar a una solución conjunta”, cuenta Monreal, letrada independiente, como Villalba, especializada en penal.
Según el presidente del GAJ, que agrupa a 700 del millar de abogados jóvenes que operan en la provincia de Málaga, el principal problema es que no existe una
regulación específica para el sector de la Abogacía: «No existe ningún tipo de convenio colectivo».
La mayor parte de los despachos en la provincia de Málaga son pequeñas y medianas empresas. Muchos de ellos creen que no pueden contratar a jóvenes abogados como Dios manda porque sus ingresos no les dan para ello, y optan por relaciones como las mencionadas.
La ausencia de regulación contribuye a este tipo de prácticas.
Y se da la paradoja de que algunos hombres y mujeres cuyo oficio es la gestión de la ley hacen todo lo posible para bordearla.
«Yo conozco un caso de un compañero que ha estado 5 años en un despacho sin cobrar nada», cuenta Mara Monreal.
«A eso se llama competencia desleal. Porque el despacho que está utilizando este tipo de mano de obra barata está compitiendo con ventaja frente a otros despachos. Pueden permitirse reducir los precios y llevarse los encargos», agrega la secretaria de GAJ Málaga.
«El joven abogado no tiene con ello ni para cubrir gastos. Empiezas así, bajo la falsa promesa de que es sólo el principio, pero van pasando los meses y la situación no cambia. Sigues, trabajando mil horas de sol a sol, hasta que la paciencia se agota, y entonces te marchas a otro despacho. Por eso pusimos sobre la mesa lo de la ‘esclavitud encubierta'», dice Alejandro Villalba. «Hay que acabar con este estado de cosas».
SOLUCIONES
Tanto Villalba como Monreal tienen muy clara la solución: la aprobación de un convenio colectivo, una norma de mínimos.
«Un convenio colectivo que regule todas las situaciones laborales que rigen en la profesión. Con una norma como esa nos quitamos a los falsos autónomos, a los falsos colaboradores, a la pasantía encubierta», cuenta Villalba.
«Conozco muchos casos en que los abogados cobran menos que secretarias de despacho. ¿Por qué? Porque la relación laboral de las secretarias se rige por un convenio colectivo estatal que establece un sueldo de 1.300 euros, cosa que no tiene el abogado. Esta es la base de la pirámide», agrega.
«La profesión de abogado ya no es lo que era hace treinta años. Ha cambiado radicalmente, por eso tenemos que ponernos al día», cuenta Monreal.
«En la actualidad hay soluciones, como contratos de prácticas a jornada completa o media jornada, que, además están bonificados, pero no se utilizan. Por eso no vemos otra solución eficaz más que el convenio colectivo. No hay otra», apunta.
«Sabemos que todavía queda mucho camino por recorrer, que tenemos que concienciar a los nuestros de que es lo correcto y lo justo. Estamos en ello», concluye Villalba.
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