La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial propone ocho medidas para despolitizar los nombramientos judiciales
Agustín Azparren y Jesús Villegas, presidente y secretario general de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. Confilegal.

La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial propone ocho medidas para despolitizar los nombramientos judiciales

|
07/8/2016 07:59
|
Actualizado: 31/3/2022 13:42
|

Los nombramientos de altos cargos judiciales llevados a cabo por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) están bajo sospecha de obedecer a motivos políticos, de ser el fruto de la componenda entre camarillas, del llamado «intercambio de cromos», según la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ).

Para corregir esa situación, que, de acuerdo con la PCIJ, «esta degradando a la Justicia española», han elaborado ocho bases, o medidas, para una futura reforma del Reglamento que disciplina en la actualidad tales nombramientos.

La propuesta cuenta con el respaldo de la prestigiosa Academia Interamericana de Derecho Internacional y Comparado y será ofrecida al propio CGPJ y a las asociaciones judiciales para abrir un debate público sobre la necesidad de adoptar una nueva normativa que recupere la confianza de la ciudadanía en el gobierno del Poder Judicial.

El objetivo de la Plataforma es la redacción del articulado completo a finales de año, tras recabar la opinión de colegios de abogados, universidades y otros colectivos de expertos jurídicos.

La PCIJ es un colectivo formado por jueces, fiscales y juristas, de la que es presidente del abogado Agustín Azparren -magistrado en excedencia y exvocal del CGPJ- y secretario general Jesús Villegas, magistrado y decano de los Juzgados de Guadalajara.

El texto elaborado por la PCIJ es el siguiente:

«El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -como institución que tiene asignada constitucionalmente la facultad del nombramiento de altos cargos judiciales en el Reino de España- viene ejerciendo dicha función de una manera que ha merecido críticas de amplios sectores, tanto dentro como fuera del ámbito jurídico. Y ello porque existe la duda de que haya incurrido en discriminación por motivos de ideología política entre los candidatos.

«Así, son muchas las voces que denuncian que dicho órgano no atiende únicamente a los principios de mérito y de capacidad de los aspirantes, sino que tiene en consideración su posicionamiento político o afinidad ideológica, si bien no refleja tales motivos en la fundamentación jurídica de sus decisiones. Así ha sido denunciado ante Naciones Unidas por la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial en enero de este año 2016 (http://pcij.es/tercera-denuncia-a-naciones-unidas/).

«El Consejo General del Poder Judicial efectúa los referidos nombramientos con arreglo a un Reglamento interno 1/2010 que se ha revelado como un instrumento inútil para disipar las dudas antes expresadas, pues resulta en exceso vago y desprovisto del suficiente rigor para efectuar un control efectivo de las eventuales desviaciones de poder en que incurriere el mencionado Consejo.

«Por tanto, proponemos las siguientes bases para la reforma del citado Reglamento:

«PRIMERA. Los altos cargos judiciales cuya función sea esencialmente gubernativa (como presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia o Audiencias Provinciales) serán elegidos mediante el principio “un juez/un voto” (sufragio universal, libre, igual, directo y secreto) por y entre todos los jueces destinados en el ámbito del territorio sobre el que hayan de ejercer su mandato.

«SEGUNDO. Los altos cargos judiciales cuya función sea esencialmente jurisdiccional serán elegidos por el Consejo General del Poder Judicial conforme a los principios de mérito y capacidad  que se valorarán por procedimientos objetivos. En supuestos excepcionales, se acudirá como último recurso al sorteo como procedimiento final y complementario de decisión. Serán excluidos expresamente como criterios de valoración el posicionamiento político o la afinidad ideológica de los candidatos.

«TERCERA. El Consejo General del Poder Judicial convocará elecciones para la elección de los altos cargos judiciales de contenido esencialmente gubernativo entre los jueces destinados sobre el territorio en que hayan de ejercer su mandato y, una vez conocido el resultado de los sufragios, nombrará sin margen de discreción alguna a aquellos que hubieren recibido el mayor número de votos.

 «CUARTA. El margen de apreciación discrecional del Consejo General del Poder Judicial, aunque no será eliminado, sí que será reducido mediante la objetivación de los méritos de los candidatos en virtud del establecimiento de procedimientos de baremación y prelación normativamente prefijados en el propio Reglamento. La antigüedad tendrá un valor superior a los demás méritos y no podrá ser inferior al cincuenta por ciento del total. El tiempo de servicio en la jurisdicción de que se trate o en su caso especialización no podrá ser inferior al veinticinco. El porcentaje restante incluirá el resto de méritos invocados.

«QUINTA. En ningún caso se someterán los nombramientos a condición de informe favorable de los superiores del peticionario ni a ponderación estadística de la calidad de sus resoluciones basada en la proporción en que sean revocadas o confirmadas.

«SEXTA. Se extremará el deber de motivación de los nombramientos, de modo que queden trasparentes los criterios y razones de la elección, así como los de preterición de los candidatos concurrentes que no fueren nombrados. No serán admisibles las motivaciones genéricas o la valoración conjunta de los méritos. La futura regulación será singularmente estricta a la hora de proscribir cualquier duda de que hayan sido tenidas en cuenta para la decisión circunstancias que no se reflejen en el texto de la resolución.

«SÉPTIMA. Tendrán legitimación para recurrir los nombramientos tanto los concursantes preteridos como las asociaciones judiciales, así como una pluralidad de jueces que reúna un determinado porcentaje de miembros de la carrera judicial.

«OCTAVA. No podrán presentarse a cargos de nombramiento discrecional quienes hayan desempeñado cargos directivos en asociaciones con representación en el CGPJ, durante los últimos cuatro años anteriores a la fecha de la convocatoria.

«Los vocales tendrán la obligación de abstenerse cuando se trate de decidir sobre un nombramiento discrecional en el que participe como solicitante de la plaza un miembro de su asociación», concluye el documento.

Noticias Relacionadas:
Lo último en Mundo Judicial