Justicia y violencia de género: ¿qué hacemos por ellas?

Acabamos de atravesar un fin de semana negro en cuanto a cifras de violencia de género. Uno de esos repuntes a los que desgraciadamente nos estamos acostumbrando y que suelen coincidir con la llegada del verano, que aún agrava más la tragedia.

Vivimos un verano negro el pasado, y también el anterior, y ojalá no ocurra otro tanto con éste, aunque no podía haber empezado peor. Podría decir a continuación que crucemos los dedos, pero me parece una frivolidad.

El movimiento se demuestra andando y un cruce de dedos más o menos, aunque sea hasta que tengamos calambres, no nos va llevar a ningún sitio. Como tampoco los lazos morados ni las buenas palabras si no van acompañados de obras, que obras son amores y no buenas razones.

Y las obras, en este caso, no pueden ser otras que medidas efectivas para luchar contra esta pandemia acompañadas de una dotación presupuestaria suficiente. Y de esto no andamos sobrados precisamente.

Por desgracia, parece que las alarmas solo se disparan cuando un nuevo asesinato nos golpea en las conciencias. Llega entonces el crujir y el rechinar de dientes, y una especie de carrera contra reloj para encontrar culpables. Y, muchas veces, se olvida que las víctimas no quieren encontrar culpables, quieren dejar de serlo.

Algo que quieren ellas y todas las personas de bien. Porque cada agresión a una mujer es una agresión a la sociedad, y hasta que no lo sintamos así no daremos un paso más para acabar con esto.

No se trata de buscar culpables sino de buscar soluciones, aunque para ello se necesite saber a ciencia cierta qué ha fallado, que es mucho más que encontrar un cabeza de turco.

Confieso que, en cuanto sucede un hecho de esta índole en nuestra jurisdicción, quienes trabajamos en ella nos ponemos a temblar.

La primera pregunta es siempre la misma ¿había denunciado?, ¿tenía orden de protección?

Y un sudor frío nos embraga con la sola idea de que se trate de una de esas mujeres que pasaron por nuestro juzgado y que a veces habitan nuestros sueños.

Porque, aunque haya quien se empeñe en denotar nuestro trabajo a toda costa, como si fuéramos meros burócratas sin más interés que llevar un sueldo a casa todos los meses, lo bien cierto es que la gran mayoría sufrimos y sentimos, y nos desesperamos ante la impotencia de no haber podido hacer más o, lo que es peor, de no haber podido hacer algo.

La posición de quienes trabajamos en los Juzgados de Violencia Sobre la Mujer no es fácil. Además de bregar con nosotros mismos y nuestra propia sensibilidad y conciencia, nos encontramos emparedados entre dos frentes.

EMPAREDADOS ENTRE DOS FRENTES

De un lado, aquéllos que denostan todo lo que huela a Violencia de género, desde una tesis negacionista y muchas veces manipuladora, que no se cortan un pelo en cuestionar públicamente nuestra imparcialidad, atribuyéndonos un odio a los varones que nada tiene que ver con la realidad.

A esta categoría pertenecen los que utilizan el ofensivo término “feminazi” y que nos obsequian con carteles, pancartas, pegatinas y pintadas en el suelo por cualquiera de ,los juzgados de esta especie, un mundo poblado generalmente de condenados que no están satisfechos con el resultado de su pleito y que venden como una injusticia una resolución judicial. En esta categoría entran aquellos que se empeñan en decir que la violencia no tiene género olvidando, además, algo esencial.

Que la ley es la ley y hay que cumplirla. Y que se trata de una ley que ha pasado todos los filtros posibles, desde un inusual consenso a la hora de aprobarla hasta la declaración de constitucionalidad de la misma más de trescientas veces, tanta como cuestiones se han planteado.

Íntimamente relacionado con ello está el tema de las presuntas denuncias falsas, caballo de batalla que hace de la excepción regla y pretende convertir cualquier absolución por falta de prueba en una especie de confabulación judeo-masónica contra el varón apoyada en una presunta denuncia falsa que ni siquiera han osado denunciar.

Una argumentación perversa contra la que poco se puede hacer.

Con una añadidura. Se postula por determinados sectores como medida contra la violencia de género el luchar contra las denuncias falsas, como si una condena a una mujer por este delito tuviera virtualidad para evitar el asesinato de otras muchas.

Y, por otro lado, está la cara opuesta de la moneda. La de sectores muy implicados en la lucha contra la Violencia de género que pretender volcar en la Justicia la frustración de no haber podido hacer nada.

Generalmente, desde el desconocimiento, ya que la Justicia solo puede actuar cuando se ha cometido un delito, puesto que carecemos de competencia para aplicar medidas preventivas. Podemos, eso sí, adoptar medidas si se ha cometido un delito de amenazas para evitar que éstas se cumplan, pero nada podemos hacer desde nuestra profesión contra el miedo que no se ha materializado en acción alguna.

La Justicia gestiona el fracaso de cualquier otra medida destinada a evitar el delito, porque cuando actúa, es porque algún delito ya se ha cometido.

LA VIOLENCIA DE GÉNERO NECESITA VOCACIÓN Y FORMACIÓN

Y es difícil explicar que aunque captemos el miedo en los ojos de una víctima, poco podemos hacer si es ése el único elemento con el que contamos.

La cosa se pone aún más difícil cuando, en aplicación de un precepto decimonónico, la propia víctima se niega a declarar, o se echa atrás en la denuncia presentada.

Como juristas, estamos ligados por el principio de presunción de inocencia y si toda la prueba se constriñe a un testimonio con el que no contamos, es casi imposible que podamos hacer otra cosa que renegar de nuestra propia impotencia. Y, por supuesto, seguir luchando como juristas y como ciudadanos porque tal posibilidad se reforme o desaparezca.

Así las cosas, llega a ser angustioso no poder seguir adelante con procesos contra aquellos que creemos maltratadores porque ese mero convencimiento carece de fuerza jurídica. Y aseguro que es duro y nada fácil, y roba más de una noche de sueño.

Pero hay otra cosa en la que es preciso hacer hincapié. La violencia de género es una materia compleja que necesita vocación y formación. Respecto de la primera, no puede imponerse ni hacerla aparecer, pero la segunda necesita una buena capa de chapa y pintura. Aunque se habla de especialización, queda mucho camino para que ésta sea realmente efectiva y suficiente. Inicial y continuada.

En cuanto a la inicial, hay que explicar que los jueces que acceden a estas plazas lo hacen por mero escalafón, sin acreditar más méritos en la materia y que, una vez adjudicada, pasan por un curso de formación consistente en un cursillo «on line» y unos días de prácticas en un juzgado. Y eso los que acceden a Juzgados exclusivos, porque los que van a esa enorme tomadura de pelo llamada Juzgados mixtos compatibles, ni eso.

E igual despachan un desahucio o una partición de herencia que un hurto de cobre o un maltrato de género.

Y así seguimos.

Tampoco en la formación continuada contamos con muchas oportunidades de formarnos en el tema.

Sin ir más lejos, en el plan para fiscales de este año, ningún curso de violencia de género para aquellos de nosotros que no ostentamos la categoría de delegados de la materia en la fiscalía correspondiente. Esto es, para la mayoría de los que trabajamos a pie de obra.

Me gustaría poder acabar estas reflexiones diciendo cuál es la solución pero, por desgracia, no la tengo. Aunque sí puedo decir cuál no es la solución. Y no lo es no dedicar más presupuesto a la creación de juzgados, ni tampoco escatimarnos la formación, ni disfrazar de especialización a lo que no es más que una atribución por normas de reparto.

No lo es tampoco el hecho de que no funcionen a pleno rendimiento ni las Unidades de Valoración Integral ni las Oficinas de asistencia a Víctimas del delito, un verdadero auxilio para informar a las mujeres de las posibilidades que tienen de salir adelante si deciden denunciar.

Del mismo modo, no es solución que no se aumenten los efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad, porque cuanto más disminuya la ratio de mujeres protegidas por agente protector, más posibilidades hay de que la protección sea eficaz.

Y tampoco es solución que no se acometa de una vez la especialización de los órganos de enjuiciamiento, porque de poco sirve exigir especialización al instructor si no la tiene quien ha de juzgar.

Quizá, empezando por dejar de hacer lo que no es solución, demos un paso más en hallar la fórmula. Y el círculo quedaría completo si la inversión empezara en la educación, verdadera clave de un futuro libre de violencia de género.

Pero tal vez eso sea ya mucho pedir. O no.

Ojalá el prometido pacto de estado contra la violencia de género se vislumbre en un horizonte más cercano del que lo vemos muchos.

No perdamos la esperanza.

 

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