Luis García Botella es el abogado que instó a un juez de lo contencioso administrativo de Madrid a presentar una cuestión prejudicial al TJUE.
Luis García Botella: “La contratación fraudulenta temporal es una bomba que le va a estallar a nuestra Administración”
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20/9/2016 07:58
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Actualizado: 24/6/2020 16:57
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Muchos profesionales de la sanidad respiran hondo tras el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 14 de septiembre que señala como irregular la contratación temporal en cadena cuando las necesidades son permanentes. Luis García Botella es el abogado que instó a un juez de lo contencioso administrativo de Madrid a presentar una cuestión prejudicial sobre la que acaba de pronunciarse el TJUE.
Con el fallo en la mano, nuestro interlocutor asegura que “estamos ante una situación que puede desbordar todas las previsiones en el sector público por ser esta forma de contratación una práctica generalizada. Esperamos que las diferentes administraciones se sienten a negociar y no litiguen más”.
García Botella se introduce en el sector sanitario en el momento que las Mareas Blancas, manifestaciones ciudadanas de médicos y enfermeros que demandan se supriman recortes en hospitales tiene más eclosión. Es el año 2013. “Crean ACEM con vertiente sindical y despolitizada y en una reunión en nuestro despacho nos plantean sus necesidades jurídicas”.
A este respecto desde Gil Doncel y Botella Abogados se asesora a estos profesionales en la reivindicación de sus trienios y en la contratación temporal de muchos de ellos. “Realizamos diferentes charlas informativas sobre esta problemática, tanto en el Colegio de Médico de Madrid como en diferentes hospitales públicos”.
La situación con la que se encuentran estos letrados es preocupante, contrataciones temporales que se renuevan de forma indiscriminada, cada dos o tres meses “En algunos casos hemos visto que hay profesionales que llevan catorce años así”. De esta forma hay trabajadores de la sanidad, como ocurría con los jueces sustitutos, que llevan más de veinticinco años sin contrato estable si sumamos los años de estudio y el propio MIR.
El citado despacho lleva atendiendo a unos cuatrocientos profesionales, entre médicos y enfermeros con este problema de precariedad laboral. “La estrategia es presentar sendas demandas en los juzgados de lo contencioso administrativo.
En los cuarenta juzgados que existen en la Comunidad de Madrid las demandas no son admitidas salvo en dos. “En uno de ellos hay una juez sustituta y nos da la razón. Cuando la recurre la Consejería de Sanidad vuelve a ser tumbada. Y hay otro juez que como no lo ve claro eleva una cuestión prejudicial a Europa. Nosotros presentamos el escrito de alegaciones y el 14 de septiembre tenemos sentencia”.
Para este jurista, hay que dejar claro que “la sentencia no analiza solo el caso de nuestra cliente enfermera que es generalizado en toda la sanidad pública. Su trascendencia es mayor afecta todos los colectivos profesionales donde hay prácticas no ajustadas a Derecho”.
De hecho la Fundamentación Jurídica de la Sentencia señala que “no puede haber distinción entre trabajadores que hacen su labor en la empresa privada y los que la realizan en la administración pública. Habla que los derechos son los mismos y que los mecanismos de control de los excesos tienen que ser efectivos. Se pide que se corrijan todos esos abusos que se han producido”.
En la Sanidad Pública cerca del 40 por cien de los trabajadores son eventuales “lo peor de todo y está demostrado es que las necesidades permanentes se cubren con trabajadores eventuales hasta el punto que en algún hospital de Madrid en Urgencias de los quince médicos, dos tenían plaza fija y el resto eventuales”.
Para este experto, es evidente que el fallo va a cambiar mucho la contratación en la administración pública. “El contrato eventual no está prohibido, lo que se cuestiona con este fallo del TJUE es su uso abusivo extendible tanto en la empresa privada como en la propia administración del Estado a todos los niveles”.
Inspectores de trabajo no dan abasto
Sobre la empresa privada, la situación también es muy similar con la concatenación de contratos temporales pese a que la jurisprudencia es clara en contra de dicha práctica. Aquí lo que sucede es la conversión en indefinido de ese contrato. “Haría falta triplicar la plantilla de inspectores de trabajo para poder controlar estas prácticas fraudulentas”, indica García Botella.
A nivel de administración pública cree que deberían ser las Consejerías de Sanidad de cada CCAA quienes controlasen el trabajo de los propios gerentes de los hospitales para evitar estas prácticas contractuales contrarias a la ley “No puede ser que la Administración sea la primera incumplidora de este país”, afirma.
En opinión de nuestro interlocutor la sucesión de diversos contratos ilegales “no debería ser que se convierta automáticamente en funcionario. Nos llevaría a otra bolsa de fraude incluso más peligrosa en el acceso a la función pública”. De hecho, tras el fallo de Europa ahora se plantea cuál va a ser el futuro de estos trabajadores.
Desde este despacho, se piensa que lo mejor sería “convertir a estos trabajadores que estén en esta situación fraudulenta en personal fijo de la Administración no funcionario, como si fuera personal laboral contratado. A partir de ahí, la propia Administración cuando ese contrato se convierta en indefinido que haga lo que estime oportuno, mantenerle o despedirle”, sostiene García Botella.
Sobre la situación de la enfermera que ha generado, primero la demanda y luego la cuestión prejudicial por el juzgado contencioso 4 de la Comunidad de Madrid “Estaba en un hospital diferente del que se encontraba ahora cuando presentó la demanda. Pedimos ahora que se convierta en interino, figura que viene reflejada en la contratación pública.
Al mismo tiempo se reclama que se convoque unas oposiciones, y que mientras se dota la plaza, esa persona siga como interino. Si la Administración no quiere convocar la plaza, esa persona seguirá como interina sin estar sujeta a múltiples renovaciones.
La cuestión se complica cuando el mismo día de la sentencia sale otra con asuntos acumulados C‑184/15 y C‑197/15, donde también se observa ese abuso de contratos temporales “Ahí dice que la solución a estas situaciones es que se conviertan en indefinidos, como si fuera personal laboral al servicio de la administración no funcionarios. Es lo que vamos a pedir para los médicos que tienen los pleitos vivos”.
Luis Garcia Botella no oculta que esta batalla legal no ha hecho más que empezar. Por desgracia los juzgados de lo contencioso administrativo en nuestro país son de los más colapsados al ser un cuello de botella donde recalan multas, reclamaciones hacia la Agencia Tributaria y otras cuestiones “se han generado muchos excesos en la contratación pública y la situación puede estallar por cualquier lado”.
“Los jueces sustitutos están en una situación similar, pueden en los fallos que el TJUE ha emitido sobre contratación temporal a la hora de defender sus derechos”.
Los jueces sustitutos españoles se encuentran en una situación similar y podrían recurrir al fallo de TJUE.
Jueces sustitutos, también agraviados
Le preguntamos a este letrado por la situación de los jueces sustitutos, vilipendiados por el ministro Alberto Ruiz Gallardón y que han sido utilizados como apagafuegos en muchos juzgados, eso si sin derechos de ningún tipo “Es una cuestión similar a la que estamos hablando. Se están cubriendo las necesidades de los juzgados que son permanentes con contratos temporales”.
Para este profesional, esta situación debe regularse lo antes posible “no necesitan presentar una cuestión prejudicial porque tanto la sentencia de nuestro cliente como la posterior que hemos citado da una vía de solución. En esa segunda se habla de equiparar los derechos de la jurisdicción social a la de contencioso administrativo y convertirlos en indefinido. Este fallo es, por tanto, extensible a todos los Ministerios”.
Sobre la reacción de la Administración española ante este tema “lo primero que tendrían que hacer es cesar en este tipo de contratación fraudulenta. Como antes señalé quienes deben poner coto son las propias Consejerías de Sanidad y Ministerios. Europa ya nos ha dicho que no podemos perpetuar ese problema. Hay que acabar con la inseguridad jurídica de muchos empleados públicos”.
De momento, la reacción de la Comunidad de Madrid, no ha sido muy colaborativa hasta el momento. Prefieren que cada interesado les lleve a juicio que buscar un acuerdo como ha pasado con las cláusulas suelo donde muchas entidades bancarias están negociando con sus clientes la supresión de las mismas, tras el fallo judicial que las declara nulas. “No se entiende que la Administración quiera llevar a pleito estos temas cuando sabe que tiene las de perder”.
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