De izquierda a derecha, Ignacio González Vega, portavoz de JpD, Rafael Catalá, ministro de Justicia en funciones, y Conrado Gallardo, presidente de FJI. Confilegal.
Ante Catalá, JpD y FJI coinciden en que el presidencialismo ha debilitado al CGPJ
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23/9/2016 06:59
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Actualizado: 12/4/2022 13:09
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Tanto Ignacio González Vega, portavoz de Jueces para la Democracia (JpD) como Conrado Gallardo, presidente de Foro Judicial Independiente (FJI) coincidieron -durante las respectivas reuniones que mantuvieron en la mañana de ayer con el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá– en el diagnóstico de algunas de las dolencias que aquejan a la Administración de Justicia y a su órgano de gobierno, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entre ellas «el presidencialismo». Un fruto de la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que llevó a cabo el entonces ministro Alberto Ruiz Gallardón.
«El presidencialismo ha debilitado al CGPJ, sin duda alguna. No es un sistema acertado, Ha quedado claramente probado. Por eso es necesario acabar con él y recuperar el funcionamiento colegiado, como establece la Constitución, y los vocales con dedicación exclusiva. Recordemos que esto está recurrido ante el Tribunal Constitucional», puntualizó González Vega a Catalá.
El portavoz de JpD, que es magistrado del Juzgado de lo Penal 20 de Madrid, fue acompañado por sus compañeros del Secretariado, Javier Menéndez, presidente de la Audiencia Provincial de Pontevedra, y Begoña López Anguita, titular del Juzgado de Instrucción 3 de Alcalá de Henares, Madrid.
Con Catalá, por su parte, estuvieron Antonio Dorado, secretario general de la Administración de Justicia, y Ricardo Conde, director general de Relaciones con la Administración de Justicia.
En ambas reuniones, el ministro de Justicia en funciones volvió a reiterar la promesa realizada a la Francisco de Vitoria y a la Asociación Profesional de la Magistratura en los últimos días: respetará -si el PP forma gobierno finalmente- la forma de elección de los 12 vocales jueces que las asociaciones pacten, en línea con el acuerdo suscrito con Ciudadanos.
«Pero para nosotros no sólo es importante la reforma de la LOPJ y establecer un nuevo sistema de elección. Esa es la guinda del pastel. El CGPJ tiene que recuperar las competencias perdidas», afirmó el portavoz de JpD, que empezó la reunión en el Ministerio preguntando a Catalá por el dinero de las tasas a personas físicas, pymes y ONGs, implementadas en 2012 y suprimidas finalmente en 2016.
Para defender su implementación, Ruiz Gallardón prometió públicamente que las dedicaría a pagar la Justicia gratuita.
Catalá explicó a la delegación de JpD, en línea con lo que ha venido diciendo en los últimos meses, que el dinero había ido a parar a la caja única, y que es así como se hacen las cosas en la Administración del Estado.
Durante la reunión, los representantes de JpD se mostraron dispuestos a negociar cuando llegue el momento y se aclare el horizonte.
Sobre la mesa pusieron una ristra de temas durante la hora y media larga que duró la reunión: las plazas judiciales, la convocatoria de oposiciones, que deberían de convocarse -«nos han dicho que están estudiándolo»-, las cargas de trabajo, los permisos que recortaron a los jueces y que no han recuperado, y la futura reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, entre otras cosas.
A la izquierda, por JpD, Javier Menéndez, Ignacio González Vega y Begoña López Anguita; a la derecha, en primer término, Antonio Dorado, Rafael Catalá, y Ricardo Conde, tapado por el ministro. MJ.
Conrado Gallardo -magistrado de la Audiencia Provincial de Sevilla, jurisdicción Civil- por su parte, asistió acompañado de Nekane Rodríguez, magistrada del Juzgado de Primera Instancia 3 de Bilbao, y de Alfonso Álvarez, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 6 de Toledo.
En este caso Áurea Roldán, la subsecretaria, sustituyó a Antonio Dorado.
Como González Vega, el presidente de FJI le dijo también a Catalá que el presidencialismo del CGPJ no había beneficiado precisamente a la carrera y que era necesario recuperar la dirección colegiada.
«Es un sistema fallido», declaró.
Durante la reunión, la delegación de FJI le entregó al ministro en funciones una copia del borrador de proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial que la asociación había elaborado y en el que se contempla la elección directa de los 12 vocales jueces pero con la restricción de que cada elector sólo pueda votar a 6 candidatos, para evitar que nadie pueda copar el órgano de gobierno de los jueces como ocurrió en las elecciones de 1980, que dieron pie al PSOE a implantar la elección directa por el Parlamento.
Foro también explicó a Catalá, Dorado, Conde y Loreto Bacariza, asesora del Gabinete del ministro, que ellos defendían que el sistema de nombramientos se aquilatara al máximo, disminuyendo la discrecionalidad y potenciando la antigüedad, complementado con un sistema de puntos, que representen los méritos adquiridos a largo plazo
«Es fundamental reducir la discrecionalidad al mínimo posible si queremos recuperar la credibilidad de los nombramientos de la carrera judicial», dijo tajante Gallardo.
Según la delegación de Foro, con el ministro hablaron -al igual que JpD- de la creación de plazas, la recuperación de competencias presupuestarias del CGPJ, la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal, las cargas de trabajo y «la unificación de la carrera judicial y fiscal».
Tanto González Vega como Gallardo fueron conscientes de que el encuentro, dada la situación política que vive España, no tenía más trascendencia que mantener el contacto y preparar el camino para los futuros trabajos.
«Eso sí, tenemos muy claro que Catalá quiere seguir siendo ministro de Justicia. La verdad es que ganaríamos bastante si se quedara porque nos ahorraríamos al nuevo, que tendría que aprender lo que el actual ministro ya sabe. Sobre todo no perderíamos el tiempo que necesitaría el nuevo el conocer lo que es la Administración de Justicia y el Ministerio por dentro. Pero eso no depende de nosotros», concluyó.
Izquierda, Ricardo Conde, Rafael Catalá y Áurea Roldán; a la derecha, en primer término, Alfonso Álvarez, Conrado Gallardo y Nekane Rodríguez.
González Vega, Gallardo, Raimundo Prado, portavoz de la Francisco de Vitoria, y Manuel Almenar, tienen el próximo lunes una comida de trabajo con el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, en la que tratarán, entre otras cosas, de las cargas de trabajo, de la prevención de riesgos y de la formación en la carrera judicial.
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