La Sala de Gobierno del TSJ de Cataluña reprende disciplinariamente a una jueza por decirle a una abogada que le cuesta comprender el catalán hablado
Puerta principal de los Juzgados de Girona. EP.

La Sala de Gobierno del TSJ de Cataluña reprende disciplinariamente a una jueza por decirle a una abogada que le cuesta comprender el catalán hablado

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06/10/2016 06:55
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Actualizado: 16/10/2016 17:51
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La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha reprendido (“reprochado” es la palabra técnica) disciplinariamente a una jueza de Olot, Girona, por el choque con una letrada durante la celebración de un juicio de faltas, el pasado 24 de mayo, en el que la jueza le dijo a la abogada que tenía problemas para comprender el catalán hablado.

La decisión del TSJC tiene su origen en una queja que el decano del Colegio de Abogados de Girona presentó contra la jueza  ante la Sala de Gobierno por el “inadecuado trato” que la jueza “había dispensado” a la abogada y “a la falta de consideración patentizada hacia el legítimo ejercicio del derecho constitucional a expresarse en lengua catalana”.

La mencionada Sala, formada por su presidente, Jesús María Barrientos, Antonio Recio, Javier Hernández, Mercedes Caso, Luis Rodríguez Vega y María Antonia Coscollola, recibió el 1 de julio la contestación de la jueza a las alegaciones del decano de Girona.

Al mismo tiempo, pidieron el DVD con la grabación de la vista pública donde se produjo el incidente, según consta en el acta de la reunión del 27 de julio pasado de dicha Sala de Gobierno, para ver lo que sucedió de primera mano.

En el acta, el ponente –Javier Hernández- relata que el incidente se produce “por la utilización de la lengua catalana de una de las señoras letradas que intervenían en el acto de la vista”.

“En un momento determinado la letrada interrumpe su alegato provocado, muy probablemente –porque la grabación no lo permite ver-, por alguna gesticulación realizada por la señora jueza. En tono moderado, la señora letrada le cuestiona si había algún problema, y, en concreto, de comprensión de sus palabras”, se puede leer en el relato del ponente.

En ese instante se inicia una suerte de diálogo en el que la señora jueza, en un primer momento con cierto tono condescendiente, le indica que no pasa nada, que, en efecto, tiene un problema de entendimiento del catalán oral y que dispondrá del nombramiento de un intérprete para comprender el alegato”, continúa Hernández.

Pero sin solución de continuidad, la jueza le reprocha lo que considera una falta de cortesía al utilizar una lengua que uno de los destinatarios de su intervención no la conoce.

“Reproche en el que insiste de forma reiterada”, agrega Hernández.

Eso produce, como es lógico la protesta de la abogada, y en respuesta, la jueza establece que “a partir de ese momento se les traduciría al catalán las expresiones que en el curso de la vista se realizaran en castellano”.

TODOS HABLAN UN IDIOMA QUE COMPRENDEN PERO ES NECESARIO UN TRADUCTOR

La Sala de Gobierno del TSJC recuerda en el acta que “en un sistema constitucional avanzado y en el curso de una audiencia judicial no puede convertirse en un problema que un profesional o un ciudadano utilice cualquiera de las dos lenguas oficiales en la Comunidad Autónoma de Cataluña”.

Para eso se nombra un intérprete, aunque todas las partes entiendan una lengua común. A costa del erario público.

El TSJC finalmente reprende a la jueza, a la que reprocha sus expresiones fuera de tono a la abogada, sobre la cual patentizó “escasa sensibilidad y compromiso activo de protección hacia lo que significa el derecho a utilizar la lengua propia”.

Al TSJC no le gustó tampoco el escrito de explicación de la juez, que consideran «irrespetuoso» hacia la abogada. Y recuerda que, en ese caso,“se han comprometido de forma relevante valores y principios sobre los que se asienta la organización judicial”.

Por ello, los componentes de la Sala reprochan disciplinariamente su conducta considerándola una falta leve del 419.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, “procediendo la sanción de advertencia”.

Una decisión que tomaron por unanimidad. 

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