Imagen de la comparecencia del ministro de Justicia Rafael Catalá en el Senado.
Catalá se compromete a buscar fórmulas para mejorar la percepción de independencia judicial
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20/12/2016 14:34
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Actualizado: 19/4/2021 10:38
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El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha comparecido hoy a petición propia y de varios grupos parlamentarios en la Comisión de Justicia del Senado, ante la que se ha comprometido a buscar fórmulas para mejorar la percepción social sobre la independencia judicial.
Entre las medidas destacadas para mejorar la percepción social de la independencia judicial, Catalá incluye la revisión del sistema de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial mediante un nuevo modelo que goce del consenso entre los jueces, sus asociaciones y los grupos políticos.
Catalá se ha preguntado si ¿Existen fórmulas para mejorar la percepción social de la independencia judicial?. «Seguro que sí», se ha respondido.
Y por ello, ha lanzado una serie de propuestas para mejorar esa imagen de la justicia, a la espera de «propuestas concretas de las asociaciones judiciales y los grupos políticos».
Entre ellas destaca la revisión de la composición o del sistema de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial.
Además, al igual que hizo en su comparecencia ante el Congreso, Catalá también ha apuntado a la revisión del sistema de nombramientos de altos cargos judiciales para, por un lado, suprimir la posibilidad de que los parlamentos autonómicos propongan a magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia y por otro, reducir al límite la discrecionalidad en el sistema de nombramientos a través de criterios de transparencia y objetividad en todos los concursos y designaciones y objetivando aún más el sistema de valoración de méritos en las plazas que se cubren por concurso.
Otra medida sería regular el tránsito profesional entre la Justicia y la política a través de una nueva reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
También me resisto a creer que no seremos capaces de hacer frente común a un problema que nos alcanza a todos y que nos perjudica a todos, y cuando digo “a todos” no me refiero a los partidos, sino a la sociedad, a la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y, por extensión, a las democracias.
«Estoy hablando, en efecto, de la corrupción, y hay algunas medidas que concitan ya unanimidades en cuanto a la oportunidad de articularlas. Por ejemplo: la limitación de los aforamientos, prohibir por ley la concesión de indultos a condenados por corrupción, la regulación de los lobbies, o la mejora del sistema de protección al denunciante de corrupción», ha subrayado.
ESTRATEGIA NACIONAL DE JUSTICIA
El titular de Justicia ha defendido una propuesta de consenso que va más allá de la tradicional concertación política, capaz de convocar otros acuerdos fundamentales que cuenten con participación institucional, profesional y social.
También ha destacado la recién aprobada creación en el Congreso de una Subcomisión para el estudio y definición de una Estrategia Nacional de Justicia. Esta estrategia identificará y definirá los objetivos de la reforma integral de la Justicia, tendrá en cuenta la opinión de todos los profesionales y colectivos implicados en la misma e incluirá un sistema de indicadores de análisis y seguimiento para monitorizar la ejecución y controlar su evolución y eficiencia.
Catalá ha asegurado que los desafíos globales y los nuevos escenarios del proyecto europeo abren un tiempo nuevo para el mundo y para Europa. Como también España entra en una nueva etapa en la que se abordarán, entre otras, las prioridades de nuestra Justicia a través de una agenda de trabajo abierta a nuevas propuestas, la identificación de objetivos y la exploración de medidas que cualifiquen la Justicia española y la forma en que se presta.
LA INSTRUCCIÓN PARA LOS FISCALES
El ministro ha explicado que, como primera línea de trabajo, es preciso impulsar una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que otorgue al fiscal la dirección de la fase de investigación, en un proceso donde la defensa de derechos y libertades quedaría protegida por un juez de garantías. Esta nueva norma nos equipararía con el resto de Europa y nos proporcionaría una Justicia penal más ágil desde el punto de vista procesal, procedimental y operativo.
Además de la reforma del proceso penal, otra de las actuaciones que aportarían agilidad al servicio público de Justicia sería la revisión del proceso civil, desde la mejora en la ejecución de las sentencias, en el trámite de notificaciones, emplazamientos y suspensiones o facilitando el ejercicio de la acción colectiva que podría concentrarse en un único proceso para que varios perjudicados por un mismo hecho puedan ver resarcidos sus derechos.
La reducción de la litigiosidad es otro de los objetivos ineludibles para el ministro de Justicia que apuesta decididamente por la mediación y el arbitraje como mecanismos complementarios y alternativos a la acción de la Justicia, ya que aportan agilidad, especialización y flexibilidad a las partes para buscar soluciones. En esa línea, se ha mostrado dispuesto a abordar reformas que apoyen ambas figuras para el fomento de la cultura del acuerdo frente al conflicto.
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