Luces y sombras de la Ley de Transparencia

Luces y sombras de la Ley de Transparencia

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10/12/2014 00:00
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Actualizado: 26/12/2018 00:26
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Este 10 de diciembre ha entrado en vigor Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, después de un año entero de ‘vacatio legis’. Una ley muy criticada por la falta de independencia del organismo que debe velar por su cumplimiento y por no reconocer el acceso a la información como un derecho fundamental.

La nueva Ley, bautizada “Ley de Transparencia”, entra en vigor solo en el sector público estatal, porque las CCAA y entes locales dispondrán de otro año más para implementarla. La Ley ha sido criticada por diversos expertos por la falta de independencia del organismo que debe velar por su cumplimiento (el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno), por no reconocer el acceso a la información como un derecho fundamental y por no incluir informes, borradores y material de trabajo de las administraciones como documentos accesibles al público, entre otras muchas cosas.

Como asegura el profesor de Derecho a la Información y miembro de la Coalición Pro-Acceso, Manuel Sánchez de Diego, “no es una buena norma de transparencia. Es una Ley más propagandística que eficaz. Si comparamos la norma con los diez principios para una buena ley de transparencia de la Coalición Pro Acceso (http://www.proacceso.org/los-diez-principios/) veríamos que fallan muchos de ellos, comenzando porque no se configura un derecho fundamental a acceder a la información pública, y terminando porque no existe un órgano auténticamente independiente que garantice el derecho de acceso a la información pública”.

Además, Sánchez de Diego incide en que el “Consejo de Transparencia y Buen Gobierno no tiene la independencia que tiene, por ejemplo, la Agencia de Protección de Datos. Y esto va a ser un problema, al igual que el Reglamento. Se ha hecho una Ley con la idea de cumplir el programa electoral, no con la idea de hacer una auténtica Ley de Transparencia”.

Pese a las críticas, Sánchez de Diego insiste en que la Ley de Transparencia “supone un paso significativo para que España cumpla sus compromisos internacionales, tanto en relación con la Alianza por el Gobierno Abierto (Open Government Partnership), como el Convenio Europeo de Acceso a los Documentos Oficiales del Consejo de Europa, de año 2009”. “Lo bueno de esta Ley es que haya aparecido, aunque comparándola con otras yo le daría un cuatro de nota”, puntualiza.

La transparencia supone que los ciudadanos tenemos derecho a conocer toda la información y los datos que manejan los Poderes Públicos, por considerarse activos que pertenecen a todos los ciudadanos. Las excepciones deberían ser muy pocas. Ya que la transparencia permite que todos podamos alcanzar una mayor madurez democrática.

Sin embargo, como asegura el profesor Sánchez de Diego, “la fundamentación constitucional de la Ley de Transparencia es incorrecta puesto que no debería estar fundamentada en el artículo 105b de la Constitución, que se encuentra en el Título IV («Del Gobierno y de la Administración»), ya que los sujetos obligados según los artículos 2 y 3 de la propia Ley de Transparencia no se limitan al Gobierno y a la Administración Pública y alcanza a otros poderes del Estado, incluso a partidos políticos”.

Hoy también se inaugurará el portal informático del mismo nombre en el que se debe poder consultar toda la información económica, administrativa y política de todos los ministerios, las empresas públicas y los altos órganos del Estado y desde el que los ciudadanos podrán realizar peticiones adicionales de datos o documentos durante las 24 horas del día y los 365 días del año.

La puesta en marcha de este soporte, que incorpora a España a una obligación que sus socios de la Unión Europea tienen desde hace años, se produce sin embargo entre las dudas sobre su alcance real y las críticas por las carencias con las que ya parte de entrada de algunas de las principales organizaciones españolas especializadas en transparencia.

Pese a todo, en España sigue sin haber cultura de la transparencia (basta con recordar el reciente episodio del pacto político para no publicar los viajes de diputados y senadores salvo agregados trimestralmente) y los políticos y gestores públicos se resisten como gato panza arriba a publicar aquellos datos que encuentran incómodos o que no cuadran con lo que ellos quieren que se sepa.

Sin embargo, la ciudadanía demanda más transparencia, y esto es una muy buena señal: hay interés por conocer la cosa pública. Ahora solo falta por ver si el Gobierno y las Administraciones están a la altura. Porque parafraseando a Orwell, que recordaba que el periodismo consiste en publicar algo que alguien preferiría no ver publicado y que lo demás son relaciones

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