España solo invierte el 1,3% del PIB en infancia, frente al 2,4% de media de los países de la UE.
Save the Children denuncia que en una de cada dos denuncias por abusos sexuales en España tiene un menor como víctima
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10/1/2020 00:00
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Actualizado: 14/7/2020 09:43
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En el contexto de formación del primer Gobierno de coalición en España, Save the Children ha señalado la necesidad de consenso político para poder llevar a cabo las medidas que necesitan los niños y niñas más vulnerables.
La organización, que valora el desbloqueo institucional, tras la investidura reciente de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, recuerda que las políticas de infancia de calado requerirán del apoyo de todos los grupos políticos.
Save the Children destaca el compromiso de la coalición entre PSOE y Unidas Podemos por llevar en su acuerdo medidas como la erradicación de la violencia contra la infancia o el aumento de la prestación por hijo a cargo.
En este marco ve «razonable» que el nuevo Ejecutivo apruebe la ley de Violencia contra la Infancia en los 100 días siguientes a su conformación, teniendo en cuenta el «consenso» que existe en torno a las cuestiones de infancia en el panorama político español.
«Estas cuestiones deben considerarse de Estado, no son ideológicas”, señalan desde esta organización.
Esta entidad, es la asociación líder en la defensa de los derechos de la infancia en todo el mundo. Trabaja desde hace más de 100 años para asegurar que todos los niños y niñas sobreviven, aprenden y están protegidos. Actualmente la organización opera en más de 120 países.
En España trabaja desde hace más de 20 años con programas de atención a los niños y niñas más vulnerables, centrados en la infancia en riesgo de pobreza o exclusión social.
A través de sus programas en España, proporcionan una atención integral a los niños, niñas y sus familias para que la situación económica o de exclusión social en la que viven los niños no les impida disfrutar plenamente de sus derechos y puedan alcanzar el máximo de sus capacidades.
También desde este colectivo se aclara que esas medidas, incluidas en su documento programático que se dio a conocer hace unos días, solo podrán ser una realidad palpable si en los próximos Presupuestos Generales del Estado están dotados de las partidas económicas suficientes para ponerlas en marcha.
La organización recuerda que, en otros acuerdos, como el firmado por el PP y Ciudadanos en 2016, muchas de las medidas destinadas a la infancia no llegaron a ver la luz.
Por ejemplo, la Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, o la certificación de familias monoparentales (su equiparación con otros colectivos vulnerables).
También Save the Children advierte que hay un déficit en el aumento en la inversión en la infancia, cuestión que nos deja a la cola de Europa.
En estos momentos España solo invierte el 1,3% del PIB en infancia, frente al 2,4% de media de los países de la UE.
“Es urgente que la Ley contra la violencia hacia la infancia se trate en el primer Consejo de Ministros y sea aprobada después en el Congreso de los Diputados gracias al apoyo de todos los partidos”, apunta Andrés Conde, director general de Save The Children en España.
Al mismo tiempo revela que “es inadmisible que en España una de cada dos denuncias interpuestas por abusos sexuales tenga a un menor como víctima. No podemos dar la espalda a los niños y niñas que sufren abusos, violencia o acoso”, señala Conde.
Andrés Conde, CEO de Save The Children.
Dentro de las medidas que incorpora el acuerdo, Save the Children valora especialmente la aprobación de la Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia.
También el aumento progresivo de la prestación por hijo o hija a cargo hasta alcanzar los 100 euros al mes (actualmente la prestación es de 28,5 euros al mes para las familias en situación de pobreza).
También esta entidad apuesta como otras medidas complementarias como la universalización del acceso a la educación infantil de 0 a 3 años, la lucha contra la segregación escolar o la atención a la infancia migrante.
Estas medidas responden a las demandas de la organización y a la preocupación real de la sociedad por estos asuntos, como reveló una encuesta de Save the Children en abril de 2019.
Los resultados de este estudio reflejaron que para 8 de cada 10 encuestados la pobreza infantil debe convertirse en una prioridad para el Gobierno y que para 9 de cada 10 la violencia contra la infancia es un problema grave o muy grave.
Reto de menores migrantes
En cuanto a los niños y niñas migrantes, el Gobierno tendrá un reto por delante:
Asegurar una acogida de estos menores con todas las garantías, protegerles de las violaciones de derechos humanos de las que muchos huyen y ofrecerles una inclusión plena en nuestra sociedad, tal y como establecen los convenios internacionales de los que España es parte.
«Es necesario implementar una perspectiva de infancia en los protocolos, normas y políticas que se llevan a cabo con los niños y niñas migrantes, un colectivo especialmente vulnerable y susceptible de caer en manos de redes de trata”, advierte Conde.
El Gobierno también tiene como asignatura pendiente el fin de la venta de armas a países en conflicto como Yemen. España se ha convertido en uno de los mayores exportadores de armas del mundo.
La venta de armas de España a la coalición saudí es ilegal porque viola la legislación española e internacional, concretamente el Tratado sobre Comercio de Armas que nuestro país ha firmado.
Desde esta organización se insiste en que las consecuencias humanitarias de las hostilidades en las que se utilizan estas armas tienen un impacto muy alto en la vida de los niños y las niñas de estos países, por lo que sería fundamental que en el aumento de los recursos destinados a cooperación y, en concreto, a la ayuda humanitaria, se priorice la atención a la infancia que vive en países en guerra.
Por último, Save the Children quiere destacar el compromiso de la coalición de Gobierno por erradicar la violencia que sufren los niños y las niñas a través de medidas de prevención del acoso escolar, potenciando la educación afectivo-sexual, desarrollando las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, persiguiendo la trata y la explotación sexual de niños y niñas, y protegiéndoles de la exposición a la pornografía.
Además, el Ejecutivo ha manifestado una positiva intención de luchar contra el cambio climático. «Esperamos que las buenas intenciones se traduzcan en un compromiso que suponga un cambio real en la vida de muchos niños y niñas», concluye Conde.
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