Juan Gonzalo Ospina, Victoria Ortega, Paloma Segrelles, Eloy Velasco y Jesús Villegas. Confilegal.
Jueces y abogados defienden el papel de la acusación popular y apuestan por una verdadera separación de poderes
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20/4/2016 05:59
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Actualizado: 20/4/2016 13:00
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La separación de poderes como pieza fundamental para el funcionamiento de la sociedad, la polémica sobre si la investigación criminal deberían dirigirla los fiscales, la politización del Consejo General del Poder Judicial o la importancia de la figura de la acusación popular, han sido los temas protagonistas del debate organizado por el Club Siglo XXI y la Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid (AJA-Madrid).
En dicho debate se ha presentado el libro “El poder amordazado” del magistrado y secretario general de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, Jesús Villegas, quién inició su intervención planteando una pregunta: ¿cómo queremos que sea la investigación criminal en nuestro país?.
Es un «tema que no debe quedar reservado solo para los jueces sino que debe abrirse a toda la sociedad», señaló.
Villegas defendió que «la investigación criminal -el descubrimiento de los hechos- tiene que ser independiente, objetiva, imparcial y totalmente desligada de cualquier ideología y partido político».
Y al mismo tiempo «tiene que ser dirigida por una autoridad que sea inamovible»; «lo importante no es quién investigue sino cómo se investiga«.
«Si le dieran algún día la investigación a los fiscales tendríamos un problema, puesto que el mismo órgano que investiga no debe de acusar», añadió.
Por eso, «en España los jueces de investigación son unos y los que juzgan son otros».
En este sentido Jesús Villegas indicó que «hay una clase política herida por los casos de corrupción; es como un animal moribundo, agónico, que se revuelve. Han llegado a la conclusión de que les conviene que investiguen los fiscales. No porque les crean más objetivos e independientes, sino porque son más controlables. Lo que es una ofensa para los fiscales de nuestro país, que son profesionales intachables».
El magistrado señaló que «no podemos permitir que los partidos políticos se reúnan y diseñen un sistema de investigación criminal para tapar sus trapos sucios«.
Por todo ello, Villegas definió su libro como «una llamada de auxilio; es un grito desesperado».
«Los jueces no somos lacayos, nos debemos al juramento que hicimos en nuestro día y solamente a la ley. Yo no le debo mi toga a ningún político. Un sistema en el cual los jueces deben sus cargos a los partidos políticos es un sistema perverso porque está podrido en su corazón», aseguró el juez autor.
También habló del sistema de elección de los vocales del CGPJ, al que ha definido como «un escándalo».
«El intercambio de cromos está dañando la dignidad de nuestra justicia»; «el gobierno del poder judicial es una institución en estado terminal, desprestigiada». Por ello opinó que la situación no puede seguir así».
El juez Eloy Velasco rechaza suprimir acusación popular por casos como Manos Limpias y Ausbanc
Eloy Velasco, por su parte, centró casi toda su intervención en hablar del libro de Villegas, al que calificó de «libro delicioso, educado, ameno, fácil de leer y muy autocrítico».
Es «un simple grito en favor de la democracia y en la determinación de la voz de la judicatura española», afirmó el magistrado.
Para el juez Velasco, al igual que para el autor del libro, «no es importante que instruya el juez o el fiscal, no es una cuestión de nombres sino de independencia por parte de algunos. Y de compromiso político, por parte de otros». Y aseveró que la Fiscalía no tiene, en la actualidad, la independencia de los jueces instructores.
Preguntado si la operación contra Manos Limpias y Ausbanc puede servir para que sectores interesados apuesten por limitar eliminar la acción popular, el juez Velasco afirmó que la «acción popular es una figura surgió en el siglo XIX, ha permanecido en el siglo XX y sería una pena que perdiésemos en el siglo XXI».
Velasco defendió el papel de la acusación popular y señaló que aunque el caso caso de Manos Limpias y Ausbanc, implicados en casos de extorsión, «no es un buen ejemplo», no es excusa para suprimir una figura como la acción popular, que ha servido en casos «como Atutxa, chivatazo a ETA, Bankia, o Novacaixagalicia».
Sin embargo, el juez indicó que ha «visto medios de comunicación que han aprovechado los de estos días para intentar fulminarla«.
«Es bueno que la Fiscalía tenga esa competencia legítima y tenga más autocrítica con su propia labor», agregó Velasco.
Para el instructor del ‘caso Púnica’, la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que limita los plazos de instrucción a seis meses, y la que él califica como «la ley estrés», no ha hecho otra cosa más que reducir el tiempo que el magistrado dedica al estudio de cada asunto. ¿Alguien es capaz de resolver un asunto de corrupción, un asunto de ETA, un asunto de terrorismo yihadista en medio día? Yo tengo 300 asuntos complicados en la Audiencia Nacional, «Yo tengo sumarios de 170.000 páginas. No hay lectores de Quijotes suficientes para leer tantos folios», reveló.
En este sentido, aseguró que «cuando una persona tiene que hace más de lo que puede si dice que los hace es porque lo está haciendo mal». Y recordó que «las sentencias no son números, son problemas reales de los ciudadanos».
«La justicia no es cuestión de cantidad, ni de productividad, es cuestión de vidas humanas, de derechos fundamentales y hay derechos fundamentales que merecen más de medio día de dedicación al mismo».
Victoria Ortega: «cada caso nuevo de corrupción echa a perder, deteriora, daña, pervierte y pudre todos y cada uno de los elementos e instituciones»
Por su parte, la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, que fue la encargada de presentar a todos los participantes, habló básicamente de corrupción, un «fenómeno multiforme y preocupante que vivimos con cierto estado de asombro y hastío».
«No hay mes, no hay semana e, incluso, no hay día en que no surja un nuevo escándalo de corrupción», señalaba la presidenta de la Abogacía para quien que «cada caso nuevo de corrupción echa a perder, deteriora, daña, pervierte y pudre todos y cada uno de los elementos e instituciones, ya sean jurídicas, políticas o simplemente ciudadanas».
Ortega dijo que la lucha contra la corrupción no debe empezar en los tribunales y los medios de comunicación, sino en la «escuela y la familia».
«Quiero creer que este tsunami de corrupción va a ser una vacuna para que los ciudadanos rechacen la corrupción en todas sus fórmulas y comience un periodo de regeneración», afirmó con rotundidad.
La presidenta de la Abogacía defendió que «pese a todas críticas, más que justificadas que hacemos al funcionamiento de la justicia en España, la Justicia funciona».
Además, también mantuvo que «la justicia es independiente».
«Los delincuentes son perseguidos, juzgados y encarcelados, saben que sus conductas no quedarán impunes y recibirán la sanción moral que la sociedad exige», apostilló.
Ortega quiso reseñar que ella «cree absolutamente en la independencia judicial».
Juan Gonzalo Ospina, «el juez instructor no instruye, instruye la policía, el Ministerio del Interior».
El presidente de la Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid, Juan Gonzalo Ospina, denunció que la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 1882, es «una ley que va a parches» que limita el acceso a la prueba de los abogados defensores, lo que conduce a que «haya inocentes en prisión y culpables que no son condenados».
En este sentido, puso como ejemplo los casos José Antonio Valdivielso o Ahmed Tommouhi y Abdelrrazak Mounib, que fueron absueltos tras años en prisión.
En este sentido, sostuvo que «en la en Lecrim la investigación criminal está atribuida a un juez instructor; pues bien, todos sabemos que el juez instructor no instruye, instruye la policía, el Ministerio del Interior».
Ante esto, el juez Villegas insistió en que «se debe modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que los jueces nos dediquemos a lo que es importante: la investigación criminal y que se hiciera en condiciones de absoluta objetividad».
«Los jueces debemos investigar ahora simplemente somos burócratas de lujo», concluyó.
Respecto a la independencia del poder judicial Ospina reiteró que «la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial por el poder político vulnera la división de poderes. Y vulnerando la división de poderes se intoxica toda la carrera judicial».
El acto del Club Siglo XXI presentó un lleno «hasta la bandera». Confilegal.
También criticó que sean las Fuerzas de Seguridad del Estado, dependientes del Ministerio del Interior, las que llevan el peso de las investigaciones, y calificó como «un éxito» la institución de la acusación popular.
El coloquio fue moderado por Paloma Segrelles hija, quien inició su intervención citando a Montesquieu y recordando que «la independencia entre los tres poderes (el judicial, el ejecutivo y el legislativo) es fundamental para el funcionamiento de la sociedad».
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