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Insultar te puede llevar a prisión

Verónica Guerrero es abogada especializada en derecho penal, penitenciario, familia y sucesiones.
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A veces surgen dudas sobre qué comentarios u opiniones pueden llegar a constituir delito. Vivimos en la era de la tecnología, donde las redes sociales aparecen como una gran plataforma para poder verter opiniones “libremente”.

Pero en ocasiones se traspasa esa barrera generando con ello una clara vulneración del derecho al honor, que hace necesario que, mediante los mecanismos jurídicos de protección, se apliquen las normas y sus respectivas consecuencias.

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El problema es que, en ocasiones, pueden existir dificultades para determinar dónde se encuentra el límite.

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No debemos olvidar que “nuestro derecho termina donde comienza el del otro”. Límite genérico de difícil concreción. Y así nuestra libertad de expresión se convierte en libertinaje cuando lesionamos con ello la dignidad del de al lado.

Este derecho al honor aparece en nuestra sociedad, como un derecho fundamental proclamado y protegido por nuestra Constitución Española (junto a la libertad personal, familiar y la propia imagen).

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Y de tal derecho goza toda persona física, así como también jurídica (organizaciones creadas por personas físicas para una finalidad determinada, cuyo derecho al honor se proclama en relación con su fama o prestigio). Todos tenemos derecho a ser respetados por el mero hecho de ser persona. Si bien es difícil precisar con total exactitud cuál es la definición del concepto “honor”.

¿QUÉ ES EL HONOR?

Se suele vincular a la reputación o fama de una persona, y se encuentra directamente relacionado con la dignidad humana.

Así, desde una perspectiva amplia, podríamos decir que es el derecho que tiene toda persona, por el mero hecho de serlo, a su reconocimiento y respeto personal, social y familiar.

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Si bien su dificultad se hace más latente si aludimos a la propia consideración que todos tenemos de nosotros mismos la cual, en ocasiones, sentimos que han lesionado.

¿Y CÓMO ACTÚA EN EL DERECHO PENAL?

Fundamentalmente lo hace a través de dos mecanismos.

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Y bajo la rúbrica “Delitos contra el honor” regula las llamadas injurias y calumnias.

Delitos privados únicamente perseguibles a instancia de parte.

Lo que quiere decir que sólo se iniciará un procedimiento cuando es el propio perjudicado (víctima de, por ejemplo, insultos), o su representante legal, el que lo promueve presentando la correspondiente querella (si bien se procederá de oficio cuando esta ofensa se dirija contra funcionario público, autoridad o agente, siempre que se trate de hechos que afecten al ejercicio de sus cargos).

Aquí es importante saber que, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, será necesario en ambos casos que exista previamente un acto de conciliación entre querellante y querellado.

No obstante, hay que tener en cuenta que la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de Mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, pone de relieve que tal derecho: “será protegido civilmente frente a todo género de intromisiones ilegítimas”, sin perjuicio de la protección penal que pudiese surgir de los mismos.

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Por tanto, todo aquél que sienta que su derecho al honor ha sido lesionado, puede acudir a la vía penal o a la vía civil para hacer valer sus derechos, si bien existe preferencia respecto a la vía penal por tener una efectividad mayor.

¿Y CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE AMBAS FIGURAS?

Mientras que la calumnia supone atribuir a otro o acusarle de la comisión de un delito sabiendo que no lo ha hecho (o, como dice la ley, “con temerario respeto hacia la verdad”), la injuria se refiere a las acciones o expresiones que lesionan la dignidad de otra persona atentando con ello a “su fama o su propia estimación”. No obstante, es bastante frecuente que se denuncien los dos hechos de manera simultánea.

Así, por ejemplo, calumnia sería afirmar que tal persona ha robado algo sabiendo que no lo ha hecho, e injuria sería afirmar que una persona con buena fama y reputación tiene un vicio que perjudica a su honor.

Si bien hay que tener presente que sólo serán castigadas, según afirma el propio Código Penal, “las injurias que por su naturaleza, efectos y circunstancias, sean tenidas en el concepto público por graves” (por ejemplo, verter todo tipo de insultos y afirmaciones falsas en un blog respecto de otro).

EN CUANTO A LAS PENAS

Las calumnias se castigarán con pena de prisión de 6 meses a 2 años o multa de 12 a 24 meses, si se han hecho con publicidad. En caso contrario, multa de 6 a 12 meses.

Las injurias graves hechas con publicidad se castigarán con pena de multa de 6 a 14 meses y, en otro caso, de 3 a 7 meses.

¿A QUÉ SE REFIERE LA LEY CUANDO HABLA DE PUBLICIDAD?

Se refiere a cuando tales delitos se cometen “por medio de la imprenta, la radiodifusión o por cualquier otro medio de eficacia semejante” (prensa, televisión, radio, entre otros, y aquí se incluirían los delitos de este tipo cometidos en blogs o páginas de internet a las que, obviamente, tienen acceso un número muy elevado de personas, pudiendo incluso llegar a tener repercusión más allá).

Y además, en estos casos, podría llegar a ser responsable civil solidario “la persona física o jurídica propietaria del medio informativo a través del cual se haya propagado la calumnia o la injuria” (es decir, que en caso de condena, el perjudicado podrá exigir la responsabilidad civil derivada del delito a cualquiera de las dos partes indistintamente).

Las penas para estos delitos se atenuarán (bajarán de la señalada en el tipo) si el acusado se retracta de sus afirmaciones ante la autoridad judicial.

Si bien el Juez podrá considerar que la reparación del daño también consista en que el acusado que se ha retractado publique, en el mismo medio o similar en el que vertió la injuria o calumnia, la sentencia en la que consta el reconocimiento de su “mentira”, dentro del plazo que se estime para ello.

Y lo mismo ocurrirá si no se ha retractado, pero el acusado ha sido condenado.

Asimismo, si la víctima o su representante legal perdonase al que le ha ofendido, se extinguirá la acción penal.

Y es que todos formamos parte de una Comunidad donde, dentro de los valores imperantes en la misma, el respeto al prójimo, a su forma de vida y a sus creencias, debería estar por encima de nuestras propias ideas.

Demandar conductas y promover a través de acciones causas de buena fe es algo positivo que caracteriza al ser humano. Pero hacerlo mediante insultos, acciones degradantes o palabras malsonantes, puede salir muy caro…