Sobre estas líneas, el desaparecido magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y fiscal general del Estado, José Manuel Maza, quien gustaba mucho de estos conocimientos históricos. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
Los jueces no siempre se llamaron jueces en la historia
La figura del juez existe desde el antiguo Egipto. Sin embargo, no todas las culturas han empleado ese término para definirlos. Así, en la antigua Roma, se denominaba pretor urbano al que administraba justicia entre los ciudadanos y pretor peregrino, al que dirimía los litigios que enfrentaban a los ciudadanos romanos y a los extranjeros.
La primera vez que apareció en término juez en España fue con los visigodos, cuando en el siglo VII, el rey Recesvinto establece, a través su famoso Código, que toda autoridad que, por los motivos que fuese, administrase justicia recibiese el nombre de iudex, juez en latín.
Durante la Reconquista, se extendió el término alcalde para designar esta profesión, adaptando la palabra árabe “al qadi” (que significa el juez).
Estos alcaldes tenían funciones muy parecidas a los alcaldes de ahora, pero además administraban Justicia.
Uno de los al qadis más famosos fue el filósofo Averroes, quien ejerció su jurisdicción en Sevilla.
También existieron los alcaldes del crimen, que tenían destino en las Chancillerías de Granada y Valladolid, que se dedicaban expresamente a investigar delitos.
El escritor ilustrado Melchor Gaspar de Jovellanos compaginó su actividad literaria con su puesto de alcalde del Crimen de la Audiencia de Sevilla.
Francisco Balbuena, precisamente, convirtió a Jovellanos en el protagonista de su novela «El alcalde del crimen», ambientada en la Sevilla del siglo XVIII, en la que investiga una serie de extraños asesinatos de sacerdotes.
Otro término con el que se designaba a los jueces, en esa época, era el de oidores, porque esa era su principal función: oír a las partes para tomar una decisión.
De este procedimiento de escuchar nace la definición de Audiencia que aún hoy impera en las 52 Audiencias Provinciales españolas, y, por supuesto, la Audiencia Nacional.
En aquellos tiempos, y hasta el siglo XIX, el poder supremo de juzgar le correspondía al Rey …, y la Administración de Justicia se hacía en su nombre.
El Rey podía hacer y deshacer a su voluntad.
Era la última instancia.
Será en 1812, con la promulgación de la primera Constitución española, en la que se adopta la definición que se utiliza en nuestros días de jueces y magistrados.
Aunque desde los medios utilicemos los términos como sinónimos, porque básicamente tienen funciones muy similares, no lo son.
Internamente, en la Administración de Justicia, los primeros pertenecen a la categoría base y los segundos a la siguiente categoría.
Hay otra categoría superior, la de magistrados del Tribunal Supremo, pero esa es otra historia.
Noticias Relacionadas:
