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Los tanques de nuestro tiempo son la economía y la justicia

Los tanques de nuestro tiempo son la economía y la justicia
El Rey Felipe VI durante su discurso el 3 de octubre de 2017. Foto: EP.
11/10/2017 06:14
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Actualizado: 11/10/2017 01:19
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Recuerdo con toda nitidez la noche del 23-F y el alivio que sentí cuando vi aparecer al Rey Juan Carlos I en TVE, vestido de capitán general, declarando que estaba con la Constitución y con el Estado de Derecho. No soy monárquico, lo reconozco, pero aquel día sentí un profundo agradecimiento por habernos librado de un regreso al pasado que ningún español deseaba.

Aquello fue el revulsivo que nuestro país necesitaba para apostar finalmente por el sistema democrático que ahora disfrutamos.

El discurso televisado del Rey Felipe, el pasado jueves 5 de octubre, no me produjo aquel mismo alivio, en ese momento. Fue después, cuando comprobé los efectos de sus duras palabras contra los golpistas separatistas.

El monarca llamó desleales -sin nombrarlos- al presidente del gobierno autonómico de Cataluña, Carles Puigdemont, a su Ejecutivo, a la presidenta del parlamento de Cataluña y a parte de la mesa de la cámara autonómica.

Y volvió a repetir las mismas palabras de su padre: él estaba con la Constitución.

Fue un discurso que duró apenas 6 minutos. Pero fue preciso y contundente. Como un mazazo. Movilizó a la fuerza más poderosa de nuestro tiempo: la Economía. Las grandes empresas, los bancos, son los tanques de nuestro tiempo.

Fue a partir de ese momento cuando comenzaron a sucederse las «deserciones» de grandes empresas de Cataluña, que anunciaron que cambiaban sus sedes centrales a otras ciudades de España ante la probabilidad que Puigdemont proclamara la República catalana.

El «mantra» de Artur Mas

La verdad es que muchos independentistas se habían venido arriba y se habían tragado el «mantra» de Artur Mas cuando ocupaba el puesto que ahora ostenta Puigdemont.

«Ofende a la inteligencia pensar que Cataluña va a ser el único país del mundo en el que los bancos no van a estar presentes. ¿Y resulta que en esa economía los bancos no van a estar? Y somos mayorcitos. Que no nos traten de tontainas, porque no lo somos. Ya sabemos que los bancos se van a pelear por estar en Cataluña», declaró en una de sus intervenciones.

Se equivocó.

Tras el discurso del Rey la fuga de empresas de Cataluña se convirtió en un torrente.

Seis de las siete grandes empresas catalanas del Ibex levantaron sus respectivas sedes permanentes y en cuestión de horas hicieron público que se iban de Cataluña.

La primera entidad que anunció que trasladaba su sede central fuera de Cataluña fue el Banco Sabadell -9.502 millones de euros de capitalización bursatil en 2016; ingresos de 5.170 millones de euros y 17.000 empleados-, que se fue a Alicante; le siguió Caixabank -24.800 millones de capitalización en bolsa; 6.753 millones de euros de ingresos y 32.403 empleados-, que trasladó su sede central a Valencia; luego le sucedió Abertis, a Madrid -17.074 millones de euros de valor en bolsa; 4.758 millones de euros de ingresos y 17.000 empleados-; Gas Natural, a Madrid también -18.497 millones de euros de capitalización bursatil; 23.138 millones de euros de ingresos y 20.000 empleados-; Cellnex, nuevamente a Madrid -4.422 millones de euros de valor en bolsa; 670,4 millones de euros de ingresos y 11 empleados; e Inmobiliaria Colonial -3.064 millones de euros de capitalización bursatil; 835 millones de euros de ingresos y 70 empleados-.

A  estas les siguieron Lleida.Net, que marchó a Madrid, Eurona, a Riva-Vaciamadrid,  y  Edream Odigeo, ambas a capital de España, lo mismo que Aguas de Barcelona, Torraspapel, el Grupo Inukern, Oryzon, Naturhouse, DVD Dental, Klockner, Sanatur, Service Point, Ballenoil, MRW, esta a Valencia, y otras muchas.

La última en anunciarlo, ayer, fue el Grupo Planeta, dueña de Antena 3 Televisión, Onda Cero y La Razón, entre otras empresas.

Freixenet, Codorniu, Catalana de Occidente e Idilia Foods esperaban a conocer las palabras de Puigdemont sobre la declaración unilateral de independencia.

Es un éxodo de empresas fuera de Cataluña sin precedentes en la historia. Y no sólo grandes empresas, también medianas y pequeñas, con la amenaza sobre los puestos de trabajo que eso conlleva.

Seguirán operando en la Comunidad Autónoma pero los impuestos serán abonados en las sedes centrales respectivas, con la pérdida de ingresos que va a suponer para las arcas de la Generalitat.

El mensaje que la «Brunete Económica» ha enviado a los independentistas es claro, diáfano como el agua más transparente: podéis conseguir la secesión, pero ¿con qué vais a alimentar a los ciudadanos? ¿Qué empleos les vais a dar? ¿Cómo vais a pagar las pensiones?

A cualquiera, en su piel, en esas circunstancias, le hubiera dado un mareo, claro que sí.

De ahí que la declaración de independencia de ayer fuera todo menos eso. Llibertats, el grupo de juristas catalanes fieles a la Constitución, lo explica muy bien en el comunicado que hizo ayer noche. 

Pero es que sus actos también tienen consecuencias judiciales.

La visión de los separatistas sobre la justicia

Luego está la visión simplista de los políticos separatistas, empezando por Puigdemont, de que la justicia está supeditada a lo que diga el PP.

No se puede ser más miope. La justicia es un poder independiente del estado que va de por libre.

No caben negociaciones políticas con los jueces para que archiven las diferentes causas abiertas contra Puigdemont y su ejecutivo, querella que instruye la magistrada Mercedes Armas en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat), y la que dirige la también magistada María Eugenia Alegret, también desde ese órgano judicial, contra Carme Forcadell y cuatro miembros de la Mesa.

Como tampoco se va a parar las investigaciones que lleva a cabo el titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, o las de la titular del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, contra el jefe de los Mossos, Josep Lluis Trapero, y los líderes de Asamblea Nacional Catalana y Ómnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, por sedición. 

O la denuncia del abogado madrileño, Fernando Pérez-Pardo Belascoaín, contra Puigdemont, Forcadell, Oriol Junqueras i Vies, presidente de Esquerra Republicana y vicepresidente de la Generalitat, Ada Colau Ballano, alcaldesa de Barcelona, y  Trapero por los supuestos delitos de sedición, rebelión y desobediencia, por los que pide detención e  inmediata puesta a disposición judicial.

Y la querella presentada por Santiago Abascal, líder de Vox, ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJCat, contra Puigdemont y su Ejecutivo por los supuestos delitos de sedición y rebelión, quien ha solicitado la medida cautelarísima de detener al presidente de la Generalitat y a su gobierno por «su amenaza de golpe de Estado mediante la declaración unilateral de independencia». Algo sobre lo que hoy tienen que pronunciarse los magistrados.

Pasados unos días, tengo que reconocer, que, al ver los efectos del discurso del Rey, volví a sentir el mismo alivio que en 1981. No, corrijo. Más intenso. Porque Cataluña no es sólo parte de mi país, España. Allí tambíen vive parte de mi familia y tengo buenos amigos.

Y también sentí el mismo agradecimiento que entonces.

Y la certeza de que el verdadero poder hoy en día no está en la política sino en la economía y tambien en la justicia. Si no que se lo pregunten a Mas y a sus dos consejeras, a quienes la fianza de 5,4 millones de euros impuesta por el Tribunal de Cuentas seguro que les quita el sueño.

Puigdemont y su gente, quienes durante semanas han caminado por el mundo con la sensación de poseer un chaleco a prueba de balas, no van a olvidarlo jamás.

Seguro.

Sigo sin ser monárquico, pero no cambiaría esta monarquía por una república por una razón muy simple: funciona.

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