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Las asociaciones judiciales defienden la independencia judicial tras la detención de «los Jordis»

Jordi Cuixart y Jordi Sánchez presidentes de Omnium Cultural y ANC a su llegada a la Audiencia Nacional el día 16 de octubre, día en que fueron enviados a prisión preventiva por un delito de sedición. EP.
| | Actualizado: 19/10/2017 20:33

Las cuatro asociaciones judiciales defienden la independencia e imparcialidad de los jueces ante las críticas realizadas por las adopción de medidas cautelares acordadas por la Jueza del Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, con respecto a los presidentes de Omniun Cultural y de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, respectivamente.

Así lo han expresado a través de un comunicado conjunto las 4 asociaciones de jueces (la Asociación Profesional de la Magistratura -APM-, la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria -AJFV-, Juezas y Jueces para la Democracia -JJpD- y Foro Judicial Independiente -FJI-).

En su escrito, los jueces recuerdan que «España cuenta con un sistema de justicia penal plenamente garantista y acorde con los estándares europeos propios de un estado de derecho. Sus jueces y juezas son independientes e imparciales».

Las asociaciones subrayan que «El Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos, del que nuestro país es parte, reconoce el derecho a un juez independiente y alejado de los intereses de las partes en litigio».

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En este sentido, indican que en nuestro ordenamiento existen mecanismos legales en «para apartar del conocimiento de un caso concreto al juez en quien concurra alguna causa que le impida el ejercicio imparcial de la función jurisdiccional. Y todas las resoluciones judiciales han de estar fundadas en derecho y son revisables por un tribunal superior».

Frente a las críticas, los jueces quieren dejar muy claro que «en nuestro sistema judicial cualquier persona privada de libertad ha de estarlo con arreglo a derecho, estando excluidos los presos por razón de sus creencias o ideas políticas». Por ello, «bajo ningún concepto se puede hablar, pues, de «presos políticos»».

Las asociaciones concluyen su comunicado destacando que «en una sociedad democrática como la española, la fiscalización pública de la actuación de los órganos judiciales le preserva frente a eventuales actuaciones arbitrarias, injustas o irrazonables».

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