Una abogada gana una demanda a Vodafone tras cortarle la línea de su despacho en una portabilidad
Leticia Hernández, abogada que presentó su demanda y la ganó a la operadora Vodafone.

Una abogada gana una demanda a Vodafone tras cortarle la línea de su despacho en una portabilidad

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24/11/2017 06:02
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Actualizado: 23/11/2017 22:08
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Una abogada gallega afincada en Madrid, Leticia Hernández y socia directora de LMH Legal, despacho especializado en derecho público y regulatorio, acaba de ganarle a Vodafone una demanda que esta letrada interpuso el pasado mes de octubre de 2016 por daños y perjuicios al serle cortada la línea telefónica del despacho.

Según el fallo al que ha tenido acceso CONFILEGAL, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 33 de Madrid da la razón a la letrada y reconoce el perjuicio y daño sufrido al dejar al despacho incomunicado de sus clientes.

El juzgado condena a Vodafone a indemnizar a Leticia por un importe de 2.058, 27  euros más las costas judiciales “No tenemos constancia de ningún recurso de apelación por lo que pediremos la ejecución de sentencia” apunta.

La historia se remonta al mes de abril del pasado año cuando Vodafone dejó sin línea a este despacho, cuando la titular del mismo solicitó un cambio de portabilidad a otra compañía.  “Justo cuando la portabilidad tenía que hacerse efectiva, me cortan el teléfono. Piensas que es un error y llamas a atención al cliente, pero ni la compañía nueva ni la anterior me dan información al respecto”.

Al ser un teléfono profesional, Leticia Hernández no tiene la categoría de consumidor que marca la ley actual, con lo cual se veía en medio de dos departamentos de atención al cliente “Con la actual Ley de Telecomunicaciones la portabilidad de una compañía a otra tendría que ser casi inmediata, pero no sucede. Además el teléfono estaba cortado, cuando la compañía “donante” tiene la obligación de mantener el servicio activo en tanto que la compañía “receptora” no recibe la línea”.

Ya en un momento, en el nuevo operador Simyo, le dicen que la línea no la pueden portar porque está “inactiva y dada de baja”. En ese momento nuestra interlocutora manda un burofax a Vodafone señalando que iba a demandar a la compañía “ese día ya tenía teléfono pero no me habían resarcido del  perjuicio económico y moral sufrido. Estuve quince días sin línea telefónica”.

Esta abogada consulta a través del Nodo Central, un servicio a modo de registro público, que gestiona la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) donde las operadoras de telefonía tienen la obligación de comunicar todo cambio en la portabilidad y titularidad de los números móviles, “En este servicio se ven todas las incidencias y si se ha portado o no el número de teléfono”.

Cuando nuestra jurista hace la consulta al Nodo advierte que Simyo no había hecho la portabilidad porque Vodafone había dado de baja la línea sin el consentimiento del titular, “con eso se impedía que la línea pasara a otra compañía. Una estrategia que hacen muchos de estos operadores cuando no quieren perder un cliente”, aclara.

En esta situación Hernández interpone una demanda judicial contra este operador de telecomunicaciones que a mediados de septiembre ya tenía su fallo judicial de 18/9/2017 notificada el 26/9.  Se condenaba a Vodafone al pago de 2.058, 27  euros más los intereses legales y las costas judiciales “Con lo cual podremos estar hablando de más de 4.000 euros en total”.

Nuestra entrevistada revela que Vodafone ni contesto a la demanda ni se presentó a la audiencia previa a la vista oral. “Se personaron por procurador en el procedimiento pero no alegaron nada en su defensa porque no tenían nada que alegar. Las pruebas estaban en su contra de lo que había pasado”.  Si la compañía no acata el fallo voluntariamente, pedirán una  ejecución de sentencia, lo que podría incrementar las costas a asumir por Vodafone.

En el argumentario, Hernández se apoyó en la Ley General de Telecomunicaciones  “parte de la indemnización que se recibe es por el daño objetivo que prevé esta ley, al cortarse la línea hay un dinero que tienen que indemnizar más luego por nos hemos apoyado también en lo que dice el Código Civil por la parte extracontractual culposa propiamente dicha”.

Otra vertiente del caso es que desde Vodafone quiso reclamar la factura de ese tiempo que la línea estuvo cortada “la línea no tenía consumo porque estaba cortada. A través de un servicio de recobro y de muy malas maneras se pusieron en contacto conmigo hasta incluso con amenazas para incluirme en un fichero de morosos. Demencial todo”.

¿Qué derechos tiene un consumidor ante los operadores de telecomunicaciones?

Para esta abogada, es evidente las lagunas que hay en materia de consumo en nuestro país. “Y la falta de información que aún hay para muchos consumidores que no conocen bien sus derechos como usuarios de los servicios de telecomunicaciones”.

Entre ellos se pueden citar: a) Elegir libremente su compañía de teléfono. B) También se puede cambiar de compañía de teléfono cuando uno estime oportuno.  C) Sobre ese cambio de compañía con conservación del número o portabilidad, hay el derecho de que se haga efectivo en el plazo máximo de 24 horas.

También el usuario d) tiene derecho a que mientras dure el proceso de portabilidad, no nos priven del servicio cortando la línea de teléfono y e) al mismo tiempo tenemos derecho al mismo servicio que teníamos hasta el momento con la compañía que queremos abandonar.

Para esta abogada “la eficiencia de los mismos se va a medir, no sólo por la perfección o equidad de sus normas, sino también por la existencia de cauces sencillos, rápidos y gratuitos o de escaso coste a través de los cuales se puedan hacer exigibles cuando estos no hayan sido respetados adecuadamente”.

Por último, sobre la protección al consumidor, es importante citar la reciente Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo. “Esperamos sea un buen cauce de protección al consumidor en el futuro, aunque es pronto para hacer una valoración”, apunta Leticia Hernández.

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