La CNMC recuerda al Gobierno que está pendiente la reforma de la Ley de Servicios y Colegios Profesionales

José María Marín Quemada, presidente de la CNMC cree que los Colegios coartan la libre competencia con demasiados requisitos para ejercer algunas profesiones.
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El análisis hecho por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC) sobre la normativa del Colegio de Ingenieros Técnicos y Colegio de Agentes de Propiedad Industrial ha vuelto a poner sobre la mesa la demanda que hace este regulador al Gobierno de la necesidad de modificar la normativa de Colegios Profesionales.

Hace ya tres años que el Ejecutivo de Mariano Rajoy retiró el proyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales.

Desde la CNMC se insiste en que entidades como la Unión Europea (UE), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos​ (OCDE) han señalado la necesidad de que nuestro país acometa reformas en esa dirección que fomente el libre mercado y la competencia.

Para este organismo, en ambas normativas estudiadas hay aspectos que pueden restringir la competencia, como la exigencia de colegiación obligatoria, inscripción en un registro o seguro de responsabilidad civil, etc.

Las profesiones colegiadas en España generan el 8,8 por ciento del PIB y el 6,1 por ciento del empleo total

En la actualidad, las profesiones colegiadas representan un subsector muy importante dentro del sector servicios, que genera un 8,8% del Producto Interior Bruto, y supone el 6,1% del empleo total, que, según datos del Gobierno Central, podría alcanzar el millón de colegiados y supondría un 30% del empleo universitario.

La organización Unión Profesional agrupa a todos estos Colegios y Consejos Generales repartidos por todo el territorio nacional.

Los colegios profesionales estuvieron regulados durante décadas por la ley sobre Colegios Profesionales de 1974, que fue modificada en 2009 por la denominada Ley Ómnibus por la que se modificaban diversas leyes para su adaptación sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio para transponer la directiva de servicios y acometer una reforma estructural.

Desde esa fecha, mucho ruido y pocas nueces por parte del Gobierno incapaz de sacar una Ley de Servicios y Colegios Profesionales.

La CNMC vuelve a la carga con la reforma de las profesiones

Este pasado viernes, la CNMC publicaba los informes en los que analiza los proyectos normativos que afectan al Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales (IPN/CNMC/043/17) y al Colegio de Agentes de la Propiedad Industrial (IPN/CNMC/019/17).

De hecho a lo largo de estos años la propia entidad, que preside José María Marín, ha manifestado en diversas ocasiones la necesidad de que los servicios y colegios profesionales funcionen de forma eficiente y eliminen restricciones innecesarias a la actividad, debido a los efectos económicos nocivos que provocan en diversos mercados.

La CNMC ha impuesto varias sanciones a algunos colegios profesionales de ellos por sus prácticas contrarias a la Ley de Defensa de la Competencia

La última fue en mayo del 2017. La CNMC multó al Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) con 108.000 euros por exigir tener despacho en su territorio para prestar servicios de asistencia jurídica gratuita y ser abogado del turno de oficio en dicho Colegio.

Esta infracción se califica de grave porque infringe la Ley de Derecho de la Competencia.

La asistencia jurídica gratuita es un derecho reconocido en la Constitución que garantiza el acceso a la justicia a quienes carecen de recursos económicos para litigar.

La gestión de este servicio, regulado en la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita está encomendada a los Colegios de Abogados.

El problema está en que los Colegios defienden la necesidad de ese arraigo por parte del abogado, Competencia lo ve como restricción al mercado.

La CNMC ha impuesto múltiples sanciones a Colegios de Abogados por pensar que su actividad violaba la libre competencia. En muchos casos los tribunales dieron luego la razón a los propios colegios.

¿Escenario antes de la reforma?

Hasta que no se apruebe la reforma de los Colegios profesionales, la CNMC recomienda cautela regulatoria, es decir, partir de un régimen general de libre acceso y que todo obstáculo al acceso o ejercicio de los servicios profesionales sea excepcional.

Además, únicamente debe estar recogido en una norma con rango de ley en la que se justifique que la restricción es necesaria, proporcionada y no discriminatoria, como principios de regulación económica eficiente de obligado cumplimiento para todas las Administraciones Públicas.

En cuanto al borrador de estatutos de Ingenieros Técnicos Forestales, la Comisión advierte que identificar el nombre del Colegio con una determinada titulación académica puede traducirse en que se excluya a otros titulados válidamente capacitados.

El proyecto puede así dar cobertura a reservas de actividad injustificadas.

Ninguna de las dos justificaciones que se aportan para el proyecto de norma se consideran válidas: la titulación de Ingeniero Forestal y del Medio Natural no es la única habilitante para el acceso profesión y la mencionada adaptación a la Directiva de Servicios no se comprende pues perviven en el Estatuto restricciones a la competencia señaladas en informes previos (ver IPN/79/12): la exigencia de colegiación obligatoria, la regulación del acceso a la actividad pericial, la función del colegio de redactar pliegos “orientativos” de condiciones técnicas y económicas o la del control de calidad.

Los asistentes al I Congreso Nacional de Profesiones celebrado hace unos días en Madrid.

Prácticas restrictivas de los agentes de propiedad industrial

En cuanto al borrador de estatutos de agentes de propiedad industrial modifica sustancialmente el existente. Se recomienda revisar una serie de aspectos:

En primer lugar, señala la necesidad de reconsiderar la exigencia de colegiación obligatoria.

Desde la CNMC se plantea eliminar el requisito de acreditar la inscripción en el registro y sustituirlo, en su caso, por la presentación de la declaración responsable que únicamente exige la normativa como requisito habilitante.

Otra cuestión que se impulsaría sería la de facilitar el acceso de nacionales de otros Estados miembros de la UE, reevaluando el procedimiento vigente de homologación de títulos y la configuración del examen de aptitud previsto.

Tambien se pide que se suprima la exigencia de suscripción de un seguro de responsabilidad civil, especialmente tras haberla suprimido expresamente la Ley de Patentes y que se incluya una referencia al sometimiento expreso a la normativa de servicios y a la Ley de garantía de la unidad de mercado.

La CNMC también recomienda que se revise el régimen disciplinario y, especialmente, los incumplimientos del Código de Conducta, de forma que se minimicen los riesgos de aplicación anticompetitiva en perjuicio de los operadores.

Y, por otro lado que se garantice en mejor medida el principio de gratuidad de la ventanilla única, el acceso no discriminatorio a las listas de peritos y que el pago de cuotas se corresponda únicamente a los servicios efectivamente prestados por el COAPI y a libre solicitud del colegiado.

Las profesiones cierran filas en su I Congreso Nacional

Frente a este escenario hace uno días tuvo lugar en la Facultad de Medicina de Madrid el I Congreso Nacional de Profesionales organizado por Unión Profesional, entidad que agrupa a las profesiones colegiadas en nuestro país. Interesante revisar el Manifiesto que se aprobó al final de estas jornadas.

En él se habla del compromiso de las profesiones con la sociedad y se afirma que los Colegios Profesionales son una garantía pública insustituible como garantía pública del comportamiento Deontológico de sus profesionales y de su Desarrollo Profesional Continuo.

Tambien se reivindica un Estatuto para el Profesional Europeo en el nuevo entorno global que vivimos.

Jordi Ludevid, presidente de Unión Profesional, en el centro: “Los Colegios profesionales no somos el problema sino la solución a este conflicto”

En el acto propio de clausura, Jordi Ludevid, presidente de Unión Profesional (UP), que ya comentó en CONFILEGAL la problemática existente, recordaba el lema de este Congreso: “Un país de profesiones”, “profesiones consolidadas, orgullosas de su identidad, conscientes de la necesidad de autoexigencia y regeneración, pero convencidas de su aportación y su utilidad social”.

El reto del futuro está en que Gobierno y Colegios Profesionales consensuen una norma que ayude a adaptar a estas entidades al nuevo marco legal sin que la libre competencia se vea dañada

El presidente de UP también ha señalado que las profesiones colegiadas «resultan clave para la cohesión y la innovación social y que son imprescindibles para garantizar los derechos ciudadanos básicos, y la competitividad y productividad económica». Y es que, “las profesiones no son el problema, sino la solución a los problemas”.

Frente a ello, la intervención del Ministro de Justicia, Rafael Catalá, señalaba la necesaria existencia de las profesiones en la sociedad actual y el papel de los colegios profesionales como «termómetro» de todo lo que pasa en nuestro país. “Los colegios profesionales estáis llamados a ser palanca transformadora”. Y así, consideraba que todos “tenemos el desafío de relanzar las profesiones”.

Sin embargo, a la hora de consensuar una nueva normativa parece que no es tan sencillo que Gobierno y profesiones se sienten en una mesa. De hecho, la propia vicepresidenta de Unión Profesional y presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, señalaba recientemente en una entrevista a CONFILEGAL la necesidad de que las profesiones den un paso adelante y presentasen un borrador de norma al Gobierno.