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Nubes y pocos claros en el mapa de previsiones de la Administración de Justicia

Próximas semanas salpicadas de paros y huelgas
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Las previsiones para la próxima semana anuncian un frente nuboso que pocos vientos van a poder romper salvo sorpresa de última hora. Jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y sindicatos del sector han anunciado paros, movilizaciones e, incluso, ir a la huelga si el Ministerio de Justicia que dirige Dolores Delgado no atiende sus diferentes reivindicaciones.

A este panorama, se suma el malestar de los abogados del Turno de Oficio por el desencuentro, digamos ‘administrativo’, entre Consejo General de la Abogacía Española y Ministerio a cuenta de 591.297 euros pagados de más y que han bloqueado por ley el pago de julio, agosto y septiembre de las certificaciones en el ‘territorio Ministerio’.

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Y aunque cada operador jurídico pide lo suyo, lo cierto es que de base se mantienen las carencias sistémicas de siempre: falta de recursos materiales y humanos, planta judicial, retribuciones… En suma, la modernización de la Administración de Justicia que se viene reclamando desde hace 30 años como un mantra y que de tanto esperar ya se ha quedado obsoleta.

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Los ‘directores’ de la oficina judicial 

Todas las organizaciones de Letrados de la Administración de Justicia -Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia, Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia y Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia- han refrendado en un comunicado la convocatoria de un «paro parcial» para el próximo martes 13 de noviembre.

La duración del paro, señalan, se fija como medida de «presión inicial» y advierten de que podrá repetirse y de «un eventual incremento en posteriores medidas».

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Entre sus peticiones, una nueva oficina judicial «moderna» y un reconocimiento retributivo que reduzca «la discriminación salarial» que dicen padecer respecto de otros funcionarios de la Administración de Justicia del mismo grupo de titulación A1.

Reivindican, además, un Registro Civil «público, moderno y gratuito a nuestro cargo», sistemas de gestión procesal compatibles en todo el territorio nacional e insisten en la implantación y desarrollo del expediente digital electrónico.

Sindicatos por la unificación de los centros de destino

En este calendario de conflictividad laboral, los sindicatos ya están en marcha.

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Todos los días laborables, de 10 a 10:30 horas, desde el pasado 6 de noviembre, los funcionarios se concentran a las puertas de los centros de trabajo.

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Hasta el viernes 16 de noviembre que culminarán con una huelga general en la Administración de Justicia incluida manifestación en Madrid cuyo recorrido está previsto entre en el Ministerio de Justicia y el Senado.

Se movilizan por la tramitación en el Senado de la proposición de ley de reforma de la LOPJ aprobada ya en el Congreso de los Diputados.

En concreto, por 4 preceptos de su articulado que unifican en uno solo los centros de destino de cada municipio, y se aprueba la movilidad forzosa a cualquier puesto de trabajo de la misma localidad, a criterio del gestor correspondiente.

Asimismo, se prohíbe el incremento de plantilla y la asignación de más medios materiales, cuando se designen jueces de refuerzo.

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En caso de ausencia que no suponga vacante, su sustitución transitoria sólo se producirá si se trata de ausencia de personal titular, pero no si la ausencia es de personal interino.

Y el personal interino de refuerzo será cesado en el plazo máximo de 6 meses.

Jueces y fiscales piden recuperar el nivel salarial perdido en 2010

A través de las 7 asociaciones judiciales y de fiscales vienen avisando desde el pasado 25 de octubre de que irán a la huelga. Y aunque ofrecieron como fecha límite el 31 para que el Ministerio contestara a alguno de sus requerimientos, no ha podido ser.

A pesar de los intentos de Dolores Delgado que convocó a los representantes de las asociaciones a una reunión el 7 de noviembre que duró casi tres horas y media.

Las razones de la convocatoria de huelga para el 19 de noviembre se concretan en cuatro grandes apartados: para reforzar la independencia judicial, para modernizar la Administración de Justicia, para mejorar las condiciones profesionales y, por lo que se refiere al Ministerio Fiscal, para derogar los plazos máximos de instrucción, paralizar la implantación de la Justicia Digital, atribuir la formación a los fiscales, reforzar su independencia y darle autonomía presupuestaria.

En su comunicado aluden a que se convoque de forma «inmediata y formal» la Mesa de Retribuciones con el objetivo de recuperar el nivel salarial perdido en 2010 y adecuar la retribución a la responsabilidad inherente a la función, sin que la convocatoria ‘formal’ carente de contenido efectivo del pasado 27 de septiembre pueda ser considerada satisfactoria a los efectos de mejorar nuestras condiciones retributivas”.

Y se muestran contrariados porque desde el Ministerio “al contrario, se han remitido a la elaboración de un Reglamento de funcionamiento para ganar tiempo y desatender nuestras peticiones”.

Es en este punto donde Delgado en esa reunión reconoció que habían existido “problemas de comunicación” y que entendía que la organización de la Mesa de Retribución, basado en un “reglamento de actuación”, no había sido una buena idea, por lo que procedió a descartarlo.

Servicios mínimos

Jueces y fiscales también hablaron con la ministra de fijar unos servicios mínimos, si finalmente se materializa la huelga. Esto lo discutirán en otra reunión que tendrá lugar el lunes 12, a las 4 de la tarde en el Ministerio.

En caso de que hubiera servicios mínimos supondría un reconocimiento de facto del “derecho a la huelga de jueces y fiscales”.

El presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, se refirió este jueves al tema afirmando que  “a nadie le gusta” una convocatoria así, “ni a los jueces”, pero se mostró seguro de que el Ministerio de Justicia y las asociaciones encontrarán puntos de encuentro.

“En todo caso, he de decir que la Justicia no se paraliza porque habrá servicios mínimos”, señaló.