Las relaciones familiares continúan judicializándose, según los últimos datos del CGPJ

Las relaciones familiares continúan judicializándose, según los últimos datos del CGPJ

En el tercer trimestre del año se han reducido los divorcios y separaciones pero han aumentado las demandas de modificación de medidas
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13/12/2018 06:15
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Actualizado: 13/12/2018 11:30
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Entre junio y septiembre de 2018, las separaciones y divorcios, tanto de mutuo acuerdo como contenciosos se redujeron de media un 2,4 por ciento en toda España con respecto al mismo trimestre de 2017, según los datos publicados este miércoles por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En concreto, se produjeron 12.249 demandas de divorcio consensuado, un 2,4 por ciento menos, y 8.566 demandas de divorcio no consensuado, lo que representa un 1,8 por ciento menos.

Del mismo modo, las 644 separaciones consensuadas representan un 5,7 por ciento menos y las 303 sin mutuo acuerdo, un  13,7 por ciento menos que las del tercer trimestre de 2017.

Fuente: CGPJ.

Menos divorcios porque hay menos matrimonios

Como constata la abogada de familia Isabel Winkels, se evidencia que de un año a otro hay una disminución en la interposición de demandas de divorcio pero advierte de que estos datos conviene interpretarlos de manera global, «observando el comportamiento de la sociedad«.

Así, repasando los datos publicados por el INE, Winkels recupera la media de matrimonios anuales entre los años 2000 y 2008 que fue de 200.000 mientras que los divorcios en estos mismos años aumentaron de 37.743 en el año 2000 a 125.777 en el 2007.

«Desde ese año las cifras tienden a decrecer, también en los matrimonios». En el año 2017 se celebraron 173.625 matrimonios, «cifra considerablemente inferior que lógicamente se traslada en un decrecimiento de los procedimientos de divorcio o separación».

Mayor litigiosidad en la modificación de medidas

Los juzgados españoles también han visto como en este tercer trimestre las demandas de modificación de medidas, tanto matrimoniales como no matrimoniales, especialmente las consensuadas, han mostrado incrementos interanuales respecto al mismo período del año 2017.

Concretamente, un 9,1 por ciento, un porcentaje que resulta «llamativo» para Isabel Winkels.

Por lo que respecta a las contenciosas, la subida es de un 2,1 por ciento.

Fuente: CGPJ.

Las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, tanto consensuadas como no consensuadas, también han registrado incrementos interanuales. En este caso del 11 y 2,4 por ciento, respectivamente.

Fuente: CGPJ.

En opinión de Winkels, a esta subida de la litigiosidad de las modificaciones ha podido contribuir la Ley de Jurisdicción Voluntaria (LJV) porque «pese a su vocación de abrir una vía de solución de conflictos, ha producido el efecto contrario, es decir, un incremento de estos conflictos, pues antes existían controversias de este tipo, pero en menor proporción porque la ley no otorgaba una vía directa de decisión judicial».

«La Ley ha sentado un procedimiento claro, que puede ser activado además directamente por las partes, sin abogado ni procurador», explica.

Así, lamenta que juzgados y abogados de familia «estamos padeciendo un auténtico «colapso» en los juzgados especializados y de instancia desde junio de 2015, mes de la entrada en vigor en 2015 de la LJV».

En la práctica diaria, Winkels se refiere a que «sobre todo los letrados de la Administración de Justicia se quejan de manera recurrente del tiempo que deben invertir en subsanar los defectos en demandas presentadas directamente por los ciudadanos, lo que ralentiza el normal funcionamiento de estos juzgados».

En este mismo medio, María Dolores Lozano, presidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) ya ponía de manifiesto que «cada vez es más habitual que se produzcan desavenencias por la elección del centro educativo, en la toma de decisiones que implican un gasto como actividades extraescolares de los hijos o por asuntos donde subyace el componente ideológico o religioso con las comuniones como principal problema, así como decisiones que impliquen un cambio de residencia de los hijos para trasladarles de localidad e incluso de país».

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