Justicia sube un 42% el complemento de destino a los 1.649 jueces y fiscales que menos cobran
Este incremento fue pactado entre la ministra Dolores Delgado y los representantes de las siete asociaciones de jueces y fiscales. Foto: Justicia

Justicia sube un 42% el complemento de destino a los 1.649 jueces y fiscales que menos cobran

Pasarán a percibir por este concepto 193,74 euros mensuales, frente a los 136,56 que se establecían anteriormente
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26/4/2019 15:16
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Actualizado: 26/4/2019 15:21
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El Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha aprobado hoy un Real Decreto con el que se modifica la ley reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal, con el fin de incrementar un 42% el complemento de destino a los 1.649 jueces y fiscales que menos cobran, el llamado grupo de población 5.

Según ha informado el Ministerio de Justicia en un comunicado, estos profesionales venían cobrando en concepto de complemento de destino 136,56 euros al mes.

Ahora pasan a ser 193,74 euros, con efectos desde el 1 de enero de 2018.

El incremento aprobado para esas categorías fue pactado entre la ministra Delgado y los representantes de las siete asociaciones de jueces y fiscales, ya que, por ley, los miembros de ambas carreras no pueden estar vinculados a organizaciones sindicales, quedando al margen de la negociación colectiva desarrollada por éstas.

Justicia ha detallado que este incremento salarial tiene efectos desde el 1 de enero de 2018, repartiéndose para su regularización los 1.320.000 euros correspondientes a los fondos adicionales de la masa salarial de jueces y fiscales que se había fijado para dicho ejercicio.

Los beneficiados por esta medida recibirán una paga de atrasos de hasta 921,40 euros por las cantidades devengadas desde esa fecha hasta la entrada en vigor de este Real Decreto.

Las retribuciones de las carreras judicial y fiscal están sujetas para los ejercicios de 2018, 2019 y 2020 al II Acuerdo para la Mejora del Empleo Público y las Condiciones de Trabajo, que afecta a toda la Administración General del Estado y fue firmado el 9 de marzo de 2018 entre el Gobierno y los sindicatos CC OO, UGT y CSIF.

Asimismo, el Gobierno autoriza la adhesión de España al sistema electrónico de transmisión de solicitudes de cooperación jurídica entre países iberoamericanos

Por otra parte, el Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo estatuto para el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), también a propuesta de Delgado, por el que se aprueba el nuevo estatuto del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), que incluye la creación de dos nuevos órganos, la Dirección de Formación de la Carrera Fiscal y la Comisión Pedagógica, con el fin de “responder con mayor eficiencia a las necesidades de este centro, responsable de la formación de cuerpos de Justicia con una alta especialización”.

El CEJ es un organismo autónomo, adscrito al Ministerio de Justicia, que tiene como principal función la organización de los cursos selectivos y la formación inicial y continuada de los miembros de la carrera fiscal, los letrados de la Administración de Justicia, los cuerpos generales de funcionarios de Justicia (gestores procesales, tramitadores y auxilio judicial), médicos forenses, facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y abogados del Estado.

AUTORIZA LA ADHESIÓN DE ESPAÑA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DE TRANSMISIÓN DE SOLICITUDES DE COOPERACIÓN JURÍDICA ENTRE PAÍSES IBEROAMERICANOS

Asimismo, el Consejo de Ministros, a propuesta de los ministerios de Justicia y Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ha autorizado la firma del Tratado Relativo a la Transmisión Electrónica de Solicitudes de Cooperación Jurídica Internacional entre los países del Espacio Iberoamericano.

Según ha informado el Ministerio de Justicia, el futuro acuerdo agilizará la tramitación de las solicitudes de cooperación jurídica internacional entre las autoridades judiciales de España y del resto de países de la Comunidad Iberoamericana mediante la creación de una plataforma segura de transmisión telemática.

Recuerda que hasta ahora, esas solicitudes se enviaban a través de empresas de correo internacional con los consiguientes costes, retrasos y riesgos de extravío.

Informa que el proyecto de tratado ha sido elaborado en el seno de la Conferencia de Ministros de Justicia de los países Iberoamericanos (COMJIB).

Indica que esta organización internacional, que agrupa a los ministerios de Justicia e instituciones análogas de 22 países de Iberoamérica, convocó el pasado diciembre en Buenos Aires (Argentina) la firma para su próxima Asamblea Plenaria de ministros, que se celebrará en Colombia entre los próximos 24 y 26 de julio.

«España ha participado activamente en su redacción, en la que también ha intervenido la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional (IberRed), creada en 2004», explica.

Justicia detalla que el tratado que el Gobierno ha autorizado firmar regula el uso de una nueva plataforma electrónica denominada «Iber@» como medio preferente de transmisión de solicitudes de cooperación entre los países firmantes.

En España, el organismo que tramitará esas peticiones será, como hasta ahora, la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional, Relaciones con las Confesiones y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, como autoridad central de los tratados internacionales de cooperación jurídica.

El Ministerio informa que la ventaja fundamental del nuevo sistema informático a crear será doble: «la reducción de los tiempos necesarios para la transmisión de estos instrumentos de cooperación internacional entre juzgados y tribunales y la seguridad de dichos contenidos».

«La mayor rapidez afectará además a procedimientos complejos y que exigen una especial urgencia en su instrucción y enjuiciamiento, como los de terrorismo, delincuencia organizada transnacional, tráfico y trata de seres humanos, tráfico de drogas y de armas, blanqueo de capitales, corrupción o ciberdelincuencia, entre otros», explica.

 

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