De izquierda a derecha, José Antonio García, director de Centro Penitenciario Madrid IV Navalcarnero; Luis Cayo Pérez, presidente de CERMI, la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Ana Lima, y Patricia Cuenca, autora del trabajo sobre normativa reclusa y discapacidad.
La normativa penitenciara debe reformarse para tener en cuenta a las 5.000 personas discapacitadas presas
Este 3 de mayo se celebró por vez primera en nuestro país, el Día Nacional en España de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006.
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04/5/2019 06:15
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Actualizado: 04/5/2019 10:37
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La normativa penitenciaria debe adaptarse a los parámetros de la Convención de Discapacidad de la ONU.
Y es que según Patricia Cuenca, doctora en Derecho e investigadora del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid, durante su participación en la presentación de este estudio, titulado ‘La adaptación de la normativa española a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad’.
Para esta jurista la legislación debe hacer alusión de manera expresa a la Convención, porque “las personas con discapacidad deben ser tratadas como sujetos de derecho”.
Asimismo, planteó que pueda existir un “tratamiento diferenciado cuando la discapacidad sea relevante y se tengan que paliar dificultades que los reclusos con discapacidad encuentren en los centros penitenciarios, para lo que se deben tener en cuenta ajustes razonables, medidas de accesibilidad y acompañamiento cuando sea preciso”.
Igualmente, incidió en la importancia de reforzar las medidas para evitar situaciones de violencia y abuso; garantizar que las personas con discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones en todas las actividades que se lleven a cabo en los centros penitenciarios.
Esta experta es partidaria de que se implementen más medidas alternativas a la condena en prisión cuando sea posible.
Mejorar la formación del personal de prisiones y del ámbito judicial para trabajar con las personas con discapacidad, y reforzar las vías de colaboración con las organizaciones de la discapacidad.
“Esta reforma de la normativa mejorará la situación de todas las personas con discapacidad en prisión, pero también de toda la población reclusa, aunque no se tenga una discapacidad”, subrayaba Cuenca.
A juicio de esta experta y del colectivo que agrupa al CERMI, es fundamental que se modifique la normativa penitenciaria española para adaptarla a las exigencias de la Convención Internacional de la Discapacidad, con el fin de mejorar la situación de las casi 5.000 personas reclusas con discapacidad que hay en todo el país.
Esta presentación se celebró coincidiendo con el primer Día Nacional de la Convención de la Discapacidad, un tratado que entró en vigor en España el 3 de mayo de 2008.
Además de Patricia Cuenca, el evento ha contado con la intervención de la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Ana Lima, y del presidente del CERMI Estatal, Luis Cayo Pérez Bueno.
La inauguración ha corrido a cargo del director del Centro Penitenciario Madrid IV Navalcarnero, lugar donde se ha desarrollado la presentación.
Patricia Cuenca detalló, en otro momento de su intervención, que el estudio analiza, en primer lugar, el marco normativo de la Convención de la ONU sobre personas reclusas con discapacidad.
En segundo término, ahonda en el marco normativo español, y por último, concluye con una serie de recomendaciones para adaptar la legislación nacional a los mandatos de la ONU.
Necesidad de revisión normativa
Por su parte, la secretaria de Estado de Servicios Sociales ha destacado que “asumir en España la Convención de la Discapacidad de la ONU supuso un cambio muy importante, porque introdujo el paradigma de la transversalidad, para que desde todas las áreas se trabajara en favor de la discapacidad, y no solo desde las que tienen competencias en servicios sociales”.
En su opinión, se han adaptado a este tratado ya muchas leyes, “pero todavía queda mucho por hacer, y a las casi 5.000 personas presas con discapacidad que hay en España con alguna discapacidad, les debemos la revisión de la normativa penitenciaria”.
Ana Lima concluyó su intervención poniendo en valor el trabajo realizado por la experta Patricia Cuenca, al tiempo que ha ensalzado la labor del tejido asociativo de la discapacidad para la mejora de la calidad de vida de todas las personas con discapacidad y sus familias.
Por último, el presidente del CERMI ha afirmado que “ni la Ley Orgánica Penitenciaria ni el reglamento que la desarrolla, tanto por la época en que surgieron, como por la visión y el marco conceptual que los inspira, tienen en cuenta la dimensión inclusiva de las personas con discapacidad”.
Para Cayo Bueno es “necesario realizarlo con urgencia, según se acredita en esta investigación jurídica, una actualización para acompasarlos al tratado internacional de derechos humanos de las personas con discapacidad”.
Por ello, ha pedido que el próximo Gobierno aborde esta cuestión, a fin de que “la discapacidad no sea una condena añadida”.
Día Nacional de la Discapacidad
El pasado 22 de febrero, el Consejo de Ministros del Gobierno de España, acogiendo una propuesta del CERMI Estatal, declaraba oficialmente la jornada del 3 de mayo de cada año, como Día Nacional en España de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006.
El potencial transformador de la Convención, marco referencial y prescriptor ineludible de todas las políticas públicas y legislaciones que se lleven a cabo en España en el dominio de las personas con discapacidad.
Se intensifica si este tratado internacional se pone en conexión con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
Interpretar, desplegar y aplicar la Convención en clave de ODS y estos en clave de la Convención de 2006, redoblarán los efectos de cambio social que necesitan las personas con discapacidad para lograr entornos, relaciones y comunidades plenamente inclusivas, sostenibles humana y socialmente, respetuosas y valedoras de la diversidad como bien de primera magnitud, digno de promoción y protección.
La Convención de 2006 y los ODS, mutuamente combinados, marcan, por tanto, la agenda política de la discapacidad de los próximos años.
Pasa sin duda de modo prioritario por atender y materializar las recomendaciones que el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas ha formulado a España, tras la segunda revisión del grado de cumplimiento de este tratado realizada los días 18 y 19 de marzo de 2019, y hechas públicas el pasado 9 de abril .
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