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El exfiscal general de Colombia montó un sistema ilegal de escuchas sobre jueces, políticos y periodistas, según La Nueva Prensa

De acuerdo con agentes del Cuerpo Técnico de Investigación, la policía judicial colombiana
El exfiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez Neira, habría montado un sistema ilegal de escuchas, según agentes de la policía judicial de ese país.
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Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la policía judicial al servicio de la Fiscalía General de Colombia , afirman que el exfiscal general de Colombia, Nestor Humberto Martínez Neira –quien recientemente renunció a su cargo–, articuló un sistema de intervenciones telefónicas ilegales para grabar conversaciones de magistrados de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justifica, de jueces, políticos y también de periodistas.

«Fue así como, virtualmente, Martínez Neira supo que la Suprema estudiaba pedirle la renuncia y renunció antes de que esto ocurriera», afirma en su información, en «La Nueva Prensa», el periodista Gonzalo Guillén. 

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Los «pinchazos» telefónicos o «chuzadas», como se denominan en Colombia, “se ordenan arbitrariamente, sin control de jueces y sin que hagan parte de ninguna investigación”, revelaron los agentes que cita Guillén, uno de los más afamados periodistas colombianos. 

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Los policías también afirman que el actual «vice fiscal general, Jaime Camacho Flórez, habría tomado parte activa en estas interceptaciones ilícitas, principalmente a las que se están haciendo a los magistrados de la Corte Suprema y la Constitucional».

Camacho Flórez fue encargado por Martínez Neira de “investigar” las grabaciones a ambas Cortes cuando varios magistrados les informaron de que tenían sospechas de su posible existencia.

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«El resultado que entregó con prontitud fue el de que no hubo tales intervenciones de ningún tipo las comunicaciones».

Las grabaciones se cometieron –de acuerdo con «La Nueva Prensa»– «desde el Edificio T» de la sede central de la Fiscalía General, en Bogotá. «Y también desde las salas Esperanza, Oro, Rubí y otras».

«Por orden del despacho del Fiscal General y subalternos de su entorno y su confianza, esas salas recibían números telefónicos y direcciones de correos electrónicos que eran intervenidos ilícitamente durante períodos renovables de 10 y quince días», relata Guillén. 

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“La idea es recoger toda la información de manera ilícita que sirva para montar acusaciones temerarias o armar escándalos contra determinadas personas a través de la Oficina de Prensa de la Fiscalía”, explicó uno de los agentes consultados.

Los denunciantes dicen estar seguros de que ha habido interceptaciones ordenadas solamente para entregar la información recaudada a amigos del Fiscal Martínez.

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Uno de los que más ha estado «pinchado» es Leonardo Espinosa, el fiscal «ad hoc» que la Corte Suprema nombró para investigar aspectos de la corrupción mancomunada de Odebrecht y el Grupo Aval, en la que está comprometido Martínez Neira, aseguraron

El vicefiscal Camacho Flórez fue llevado a la Fiscalía por el dimitido Martínez Neira, quien lo colocó como fiscal sexto delegado ante la Corte Suprema.

Llegó a ese cargo tras haber sido abogado defensor de la convicta ex directora de la extinta policía secreta DAS, María del Pilar Hurtado. Ella fue acusada y condenada precisamente por haber dirigido una compleja red ilícita de espionaje a periodistas, magistrados y otros, por órdenes expresas del entonces presidente Álvaro Uribe.

El sucesor de Martínez Neira, Fabio Espitia, confirmó en su cargo, de inmediato, a Camacho Flórez. Éste tendrá bajo su control -entre otros procesos- las investigaciones por el caso de corrupción de Odebrecht, en el que ya ha tenido oscuras y cuestionadas actuaciones.

OBJETIVO: PROTEGER A MARTÍNEZ NEIRA 

Proteger. No hay otro verbo más preciso para describir la orden de Espitia, fiscal general en funciones de Colombia, de ordenar la incautación inmediata de los documentos y el material acumulado por Leonardo Espinosa, fiscal «ad hoc» contra Martínez Neira.

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Y lo hizo el viernes 17 de mayo, apenas 24 horas de que Martínez Neira renunciara a su responsabilidad.

Minutos después de recibir la confirmación de la Sala Plenaria de la Corte Suprema de que aceptaba la dimisión en una reunión en la que los magistrados decidieron dar por terminado el mandato de Espinosa, al que habían nombrado, el pasado 13 de diciembre, para ese cometido con una figura inédita, hasta ese momento, en la justicia colombiana.

Espinosa, decano de derecho de la Universidad Sergio Arboleda, jurista con más de 30 años de experiencia, experto en derecho societario y hombre muy respetado recibió entonces el cometido de investigar los múltiples conflictos de intereses de Martínez Neira en los escándalos de corrupción del Grupo Aval –del que había sido abogado– y su socio, la multinacional brasileña Odebrecht, en el pago de comisiones para conseguir contratos millonarios con el Estado colombiano. 

En Colombia el órgano que nombra al fiscal general del Estado es la Corte Suprema, a diferencia de España, que lo hace el Gobierno.

El nuevo fiscal general en funciones Espitia envió nada menos que un contingente de agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la policía judicial al servicio de la Fiscalía, que arrambló con todo lo que Espinosa y su equipo tenían en las oficinas desde las que trabajaban, en el centro de Bogotá.

Fuera de la Fiscalía General.

“Sabemos que mucha documentación de máxima importancia se va a perder o ya se perdió”, indicó a La Nueva Prensa un funcionario de la oficina que fue desocupada y sellada cuando terminó el «allanamiento».

“Se llevaron todo y no se hizo ni un acta formal de entrega de nada”, aseguró la misma fuente. 

El fiscal general en funciones «se retrató» públicamente.

Sin embargo, si Espitia pensó que con eso enterraba cualquier prueba que Espinosa y su equipo pudiera haber acumulado contra su benefactor –Martínez Neira lo nombró a él de forma expresa– no pudo estar más equivocado.

El exfiscal «ad hoc», Leonardo Espinosa, que investigó el «lado oscuro» del dimitido fiscal general, Néstor Humberto Martínez Neira». La FM.

INFORMES A LA CORTE SUPREMA SOBRE MARTÍNEZ NEIRA 

Porque Espinosa ha entregado varios informes a la Corte Suprema sobre lo que él bautizó como «caso iceberg», en tres direcciones diferentes en las que advertido las existencia de graves y serias irregularidades.

La primera sobre la investigación a las exministras Gina Parodi y Cecilia Álvarez, que fue cerrada durante el mandato de Martínez Neira y que el fiscal «ad hoc» reabrió.

«Nosotros teníamos dentro de nuestro curso, la opción, muy seria, de llegar a la audiencia de formulación de imputación», explicó después a la prensa.

La segunda está relacionada sobre las órdenes de detención internacional de los ejecutivos de Odebrecht Paolo Ferracuti, Marcio Marangoni y Amilton Sendai. Martínez Neira fue informado el 22 de abril.

«Revisados los documentos, comenzamos a evidenciar que había ciertas demoras en el trámite de órdenes de captura, en el registro de las mismas, en acudir a las instancias pertinentes para Interpol. Esas circunstancias se las informamos al señor fiscal para que requiriera a los fiscales a cargo las explicaciones necesarias», añadió Espinosa.

El fiscal «ad hoc» también pidió investigar a dos fiscales cercanos a Martínez Neira: Daniel Ricardo Martínez Fernández y Álvaro Betancourt Martínez por posibles irregularidades en investigaciones a su cargo.

«Lo que hicimos fue describir los hechos que, bajo nuestra consideración, pueden tener algún viso de irregularidad o de no haber actuado como se esperaría de un fiscal», añadió.

Esas actuaciones comprenderían la no imputación del delito de lavado de dinero negro a personas como el exsenador Otto Nicolás Bula Bula.  

De acuerdo con Espinosa, sólo han rascado la punta del iceberg.

El fiscal «ad hoc» exploró 3 de las 7 líneas de investigación. Las otras cuatro estaban en manos de fiscales de confianza de Martínez Neira.