Durán argumenta que el expresidente “es un personaje al que se está viendo en este momento ni más ni menos que tratando de defender la continuidad o la legitimidad política de un verdadero sátrapa y de un hombre que está muy próximo a los delitos de lesa humanidad, como fue en su día Hugo Chávez y como es ahora Nicolás Maduro”.
Miguel Durán, sobre Zapatero y las actas de ETA: ‘No me extraña en absoluto conociendo al personaje’
Varias víctimas, un abogado, un magistrado del Supremo, una fiscal, un político, un escritor, un policía y un guardia civil analizan lo conocido hasta el momento
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03/6/2019 07:00
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Actualizado: 03/6/2019 20:45
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“Me preocupa la genuflexión del PSOE a ETA”; “no me extraña en absoluto lo que recogen estas actas conociendo al personaje”; “es un escándalo y una vergüenza; de lo peor que hemos visto desde la Transición: reflejan un Gobierno traicionando a su país”… Personalidades de diferentes ámbitos analizan en ‘Confilegal’ lo conocido hasta el momento de las actas de ETA tras levantarse el secreto del sumario sobre la investigación de la negociación entre el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y la banda terrorista.
Según esa documentación, incautada al etarra Francisco Javier López Peña, ‘Thierry’, Zapatero ofreció a ETA un órgano para Euskadi y Navarra, legalizar Batasuna, acabar con la ‘doctrina Parot’ («es cosa del Constitucional y pueden derogarla», dice el acta), no detener etarras, liberar a Iñaki de Juana Chaos y otros presos enfermos, y solucionar el problema financiero de la banda terrorista a través de una organización internacional para que dejaran de enviar cartas de extorsión.
Estas revelaciones también apuntan que el Gobierno de Zapatero informó al mediador con la banda terrorista que Francia tenía previsto dar un golpe importante a ETA tras la detención de Ramón Sagarzazu a finales de mayo de 2005.
“En el momento en que se negocia con una banda terrorista pasa todo eso, porque negociar significa hablar, y hacer concesiones y todo esto que estamos conociendo ahora, que lo intuíamos y lo sabíamos porque, además, se ha ido cumpliendo todo”, manifiesta la periodista Ana Velasco Vidal-Abarca, miembro del Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (Covite) y del patronato de la Fundación Villacisneros.
Ana Velasco es hija del comandante de caballería y jefe del Cuerpo de Miñones –policía foral- de Álava Jesús Velasco Zuazola, asesinado por ETA, y de Ana María Vidal-Abarca, fundadora de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y expresidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo (FVT).
Perdió a su padre el 10 de enero de 1980, en Vitoria. ETA asesinó a Jesús Velasco cuando dejaba en el colegio a dos de sus cuatro hijas”, Inés y Begoña, de 12 y 17 años. Jesús Velasco tenía 47.
Tras el atentado, Ana María Velasco y sus hijas (Ana, Begoña, Inés y Paloma, de entre 2 y 16 años) abandonaron el País Vasco y se trasladaron a vivir a Madrid, y Ana María Vidal-Abarca fundó en 1981 la Asociación de Víctimas del Terrorismo junto a Sonsoles Álvarez de Toledo e Isabel O´Shea.
Los etarras Moisés Izar de la Fuente Martínez de Arenaza y Pedro Manuel González Alonso fueron condenados a 6 años de prisión menor en concepto de cómplices, Ignacio Arakama Mendia, en calidad de cooperador necesario, a 28 años de reclusión mayor; José Ramón López de Abechuco Liquiniano, a 18 años de reclusión mayor; mientras que Lorenzo Ayestarán, otro de los acusados, huyó a Venezuela y fue detenido en 2010 en Francia tras 27 años.
Ana Velasco afirma que “no se puede negociar con una banda terrorista”.
Explica que le “escandaliza que esta negociación estaba consensuada con el PP”.
“Es decir, que el Gobierno de Zapatero informaba puntualmente al PP de todo lo que hacía. Había como una especie de pacto de Estado para negociar con ETA, y eso me resulta repugnante y una traición no solamente a los asesinados, sino al Estado de Derecho y a la dignidad de la nación”, explica.
“Y me parece una vergüenza, porque, además, primero, que nunca se debe negociar con una banda terrorista, y segundo, que lo que se ha conseguido ha sido, en vez de derrotarla, darle una salida para poder estar presente en las instituciones, que es lo que ha ocurrido, y para que puedan legitimar su mensaje y su trayectoria, su historia, que es en lo que están ahora, en legitimarse”, añade.
Es la constatación de lo que ya sabíamos. https://t.co/uy8aby4p3Q
— Ana Velasco (@AnaVelascoV) 29 de mayo de 2019
Ana Velasco señala que “por eso, ahora parece que las víctimas son unas vengativas, que no quieren mirar hacia el futuro y son rencorosas”.
“Se está llegando al extremo de que parece que las malas son las víctimas y los buenos, los terroristas porque ya no matan”, apostilla.
Lamenta que este asunto sea “considerado pasado, a lo que se ha dado carpetazo y que se considere que cuanto menos se hable de ello, mejor. Y ya no interese a nadie”.
“Los partidos políticos han asumido y aceptado que los terroristas tengan una representación política legal y ya hay un estatus quo aceptado por toda la clase política y a nadie le parece mal”, expresa.
El abogado Miguel Durán señala que “de entrada, efectivamente esto tiene que esperar confirmación si es que se puede llegar a producir la confirmación de una cosa así”.
“Si se hubiera producido de la forma en la que narran esas actas hechas por etarras, si eso fuera así, a mí no me extraña en absoluto. Y no me extraña conociendo al personaje”, afirma.
Argumenta que “es un personaje al que se está viendo en este momento ni más ni menos que tratando de defender la continuidad o la legitimidad política de un verdadero sátrapa y de un hombre que está muy próximo a los delitos de lesa humanidad, como fue en su día Hugo Chávez y como es ahora Nicolás Maduro”.
Apunta que esto le ayuda, desde luego, a explicarse mucho mejor “cuál es el papel de Zapatero en Venezuela”.
En tercer lugar, dice que “por desgracia” piensa que este asunto no representa para Rodríguez Zapatero “ningún tipo de condición de incriminación porque a lo sumo, incluso en el supuesto de que se demostrase de que todo esto es cierto, lo que puede merecer es el reproche político de quienes no estamos de acuerdo con ese tipo de cosas, pero tampoco faltarán los que le alaben este tipo de estrategias”.
Preguntado por quién puede dar el visto bueno a estas actuaciones contesta: “Pregúntale a Pablo Iglesias”.
“Quiero decir con esto que desde el punto de vista penal tipo ahí no vamos a encontrar absolutamente nada. Zapatero estaría diciendo, se supone, que iba a hacer todo eso previo seguimiento de los trámites legales que fueran necesarios porque de otra manera no podría hacerlo”, resalta.
Respecto a si el supuesto chivatazo a ETA sobre Francia podría tener reproche penal de ser cierto, indica que “eso probablemente sí”.
Cuenta que está “convencido de que lo del Faisán fue clarísimamente un chivatazo que estaba enmarcado en esa situación” y que está “convencido de que eso era algo que tenían muy claro Zapatero y Rubalcaba”.
“Alguien dirá: hombre, qué poco delicado eso de nombrar a un recién fallecido… Pero es así”, indica, a lo que añade que recuerda cuál fue la posición de Rubalcaba cuando ETA asaltó aquel almacén de armas en Francia y se llevó 350 pistolas: Fue decir que eso no estaba probado que fuera ETA”.
“En ese momento estaban en las negociaciones. Esto es el buenismo de Zapatero y todas esas cosas”, agrega.
Recalca que no le sorprendería “en absoluto que todo lo que ha salido sea verdad”. “Me encaja plenamente dentro del perfil del tipo este”, remacha.
Por otra parte, señala que “si es verdad que se le dijo eso a ETA”, le parece que, “además, eso representa una deslealtad gigantesca hacia el país vecino que nos estaba ayudando en la persecución contra ETA; un país vecino que dos décadas atrás lo que hacía era exactamente lo contrario”.
Por último, señala que “en política existen límites, y que hay personas que por resistir y por sobrevivir en política hacen lo que sea, y luego hay idiotas también”.
“Hay gente que por estar en un cargo hace lo que sea, que es el caso, a mi modo de entender, del actual presidente del Gobierno, y hay otros que, no sé si era el caso de Zapatero, pero o era por resistir en el cargo o por pasar a la historia como aquel que había acabado con ETA, que al final no lo ha conseguido ni siquiera así; hay gente que por ponerse una medalla de esas características hace lo que sea o es simplemente por pura idiocia”, manifiesta.
Durán empezó a luchar contra el separatismo en 2010, a partir de que José Montilla convocara una manifestación a raíz de que el Tribunal Constitucional resituara el Estatuto de autonomía donde era constitucionalmente admisible.
El origen de las detenciones en septiembre de 2017 de 14 responsables del proceso separatista está en sendas denuncias de Miguel Durán y VOX.
El magistrado del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar pasó a la historia judicial española como impulsor de la ‘doctrina Parot’, en 2006, con la que se pretendía evitar que los condenados por delitos graves, como el terrorista francés Henri Parot -del que toma el nombre-, pudieran salir de prisión antes de cumplir la pena máxima de 30 años por beneficios penitenciarios.
El Tribunal Constitucional español desestimó el recurso de amparo, y confirmó la constitucionalidad de la sentencia, pero la ‘doctrina Parot’ fue revocada en 2014 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que falló a favor de un recurso presentado por la etarra Inés del Río.
¿Qué opina este magistrado y exfiscal general del Estado sobre el contenido de estas actas que revelan que Zapatero ofreció a ETA acabar con la Parot?
En primer lugar, el ponente de la doctrina Parot expresa su “prudencia” para “el caso de que no reflejaran la realidad de lo sucedido”.
Dicho esto, el magistrado expresa que “en lo referente a la doctrina Parot, que se refiere a una resolución judicial dictada por el Tribunal Supremo, por medio de la cual se interpretaron las normas sobre refundición de condenas, de manera que, sencillamente, la doctrina significa que no se iguala la respuesta penal a un seriado o múltiple criminal que a otro que hubiera cometido un solo delito”.
Y añade que esta “aplicación no es exclusiva del terrorismo, sino de todos los delitos especialmente graves, ya que es de justicia que no puede tener el mismo reproche punitivo matar, violar o atracar a una persona que a decenas o centenares de víctimas, como parece natural”.
Sánchez Melgar manifiesta que a pesar de que en las informaciones difundidas sobre las actas de ETA “se expone lo presuntamente pactado con la banda terrorista, ciertas consideraciones sobre la resolución del Tribunal Constitucional («es cosa del Constitucional»), es necesario destacar que ninguna incidencia tuvieron en la sentencia del Constitucional que avaló la doctrina Parot, declarando que no hubo violación de ningún derecho fundamental”.
“Por consiguiente, desde esta perspectiva, si tal cosa se llegó a pedir, no tuvo éxito alguno”, destaca.
“Lo que ocurriera en Estrasburgo lo desconozco, y aunque no tenemos datos para pensar otra cosa, lo cierto es que el resultado final fue la derogación de la doctrina Parot, con los votos particulares que se dictaron a favor de su permanencia”, prosigue.
Y añade que a pesar de las hipótesis que se han barajado, prefiere mantenerme “en una posición prudente, mientras no haya otros datos, aparte de los expuestos, para pensar otra cosa”.
En cualquier caso, hace hincapié en que “la denominada doctrina Parot fue fruto de un Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y que tal negociación, de haber existido, se dirigiría contra el propio Estado de Derecho español, en la forma resuelta tanto por el Tribunal Supremo como por el Tribunal Constitucional”.
¿Y qué le parece al expresidente del PP catalán Alejo Vidal-Quadras lo revelado en esos documentos de ETA?
Vidal-Quadras lo considera “un escándalo y una vergüenza; de lo peor que hemos visto desde la Transición hasta hoy”, porque “reflejan un gobierno que está traicionando a su país, está negociando con la unidad nacional y con el orden constitucional con una organización criminal, de forma opaca, a espaldas de la opinión pública, a espaldas incluso del Poder Judicial, y de los otros partidos políticos, con los cuales simultáneamente tenía acuerdos antiterroristas”.
“Lo que dibuja es un cuadro de mentiras, de infamia y de absoluta carencia de escrúpulos. Yo creo que es un escándalo monumental, y lo que me sorprende es que la reacción de la sociedad española no haya sido de una indignación masiva”, señala Vidal-Quadras.
“Estar negociando la liberación de asesinos, entregar Navarra al nacionalismo vasco… Y todo eso a cambio de que no dejen de matar es rendirse y rendir al Estado ante esta organización terrorista. Yo lo considero de lesa y alta traición”, expresa.
Apunta que “en cualquier país serio toda la gente que hizo eso, el propio Zapatero, Eguiguren, los que lo sabían y los que lo ejecutaban, deberían no solo ser objeto de la más absoluta repulsa social, sino exigírsele responsabilidades políticas y penales”.
Afirma que “cuando los terroristas pretenden conseguir un objetivo político mediante la violencia criminal, si se negocia con ellos se está reconociendo que la violencia criminal es un instrumento aceptable en la política”, lo cual considera “una aberración que ningún demócrata decente puede aceptar y Zapatero lo hizo, según hemos leído sobre esas actas”.
Alejo Vidal-Quadras fue presidente del PPC de diciembre de 1991 a septiembre de 1996, año en que fue apartado por la dirección nacional del partido tras el ‘pacto del Majestic’ con CiU.
Ha denunciado que el expresidente del Gobierno José María Aznar inició “la inhibición del PP de Cataluña” cuando en 1996 “cambió la estrategia del PP de Cataluña de enfrentamiento ideológico y político con el nacionalismo para entregarle Cataluña a Jordi Pujol”.
Vidal-Quadras se dio de baja del PP en enero de 2014 para unirse a VOX, formación de la que también abandonó la militancia en febrero de 2015 porque “no quería contribuir a la dispersión del voto ante el extremismo izquierdista de Podemos”.
Francisco José Alcaraz, senador de VOX y presidente de Voces contra el Terrorismo (VCT), señala que “prácticamente el 95%” de lo difundido ya de las actas de ETA “lo hemos ido conociendo año tras año, incluso antes de que saliera publicado, por las informaciones que teníamos”.
“El chivatazo es algo novedoso que no conocíamos y hay que pedir responsabilidades tanto políticas como judiciales porque es un hecho delictivo muy grave que se avise a los terroristas para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no puedan actuar contra ellos. Es tan grave como el faisán, por no decir más aún si cabe porque parte del presidente del Gobierno”, señala.
Alcaraz perdió a su hermano y a sus dos sobrinas, Miriam y Esther, de tres años el 11 de diciembre de 1987, en el atentado a la Casa Cuartel de Zaragoza. Los padres de las pequeñas, su cuñado Juan Barrera y su hermana Rosi Alcaraz, milagrosamente fueron rescatados de los escombros que dejó el coche bomba que ordenó poner el que fuera diputado vasco y miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco Josu Ternera, detenido el pasado 16 de mayo en Francia, después de 17 años huido de la Justicia, tras ser imputado por esta masacre.
Alcaraz comenta que «si es un delito que conductor avise de que está la policía más adelante advierto con la luces, y conlleva una sanción importante la que se pone hoy en día; fíjate lo que es el delito de avisar a los terroristas para que puedan huir de una acción policial de Francia”.
Recuerda que le sentaron en el banquillo de la Audiencia Nacional “por decir que Zapatero es un traidor y que actuaba como un embajador de ETA”, y espera «que ahora sienten en la AN a quien él acusó “de toda esa traición”.
“Espero que Zapatero se vea como yo me vi porque el tiempo ha demostrado que yo decía la verdad y que él nos traicionaba y mentía”, afirma.
? Este hombre debería estar en la cárcel. Hoy sabemos que avisó al mediador con ETA de que Francia preparaba un gran golpe contra la banda. Eso se llama alta traición.
✅ Nuestros servicios jurídicos ya están estudiando las vías para procesarle. pic.twitter.com/8Slty3dN1p
— VOX ?? (@vox_es) 31 de mayo de 2019
“La excarcelación de los etarras enfermos, lo de la doctrina Parot, el acercamiento, lo de Bolinaga, la impunidad de Josu Ternera… Quien mire la hemeroteca verá que todo eso llevo años denunciándolo, desde 2004, desde la más absoluta soledad…”, prosigue.
España sumisa a los terrorista con Gobierno del PSOE, y el resto de partidos ignorando lo que llevamos 15 años denunciando unos pocos.
Los enviados de Zapatero se comprometieron a «disminuir» los controles policiales en Sanfermines para contentar a ETA, https://t.co/sHttVWfofy— José Alcaraz Martos (@fjosealcaraz) 2 de junio de 2019
Alcaraz también comenta que “lo que ha salido de las actas es la punta del iceberg”.
Recuerda que “la negociación con ETA comenzó diciembre 1999 en Leiza (Navarra) entre Eguiguren, Otegi y otros más” y desde entonces hay actas de negociación, que “lo que tenía el etarra son actas de consumo interno, como la hoja de ruta de Mikel Antza, pero que “las más importantes son las que están en Suiza, en el Centro Henry Dunant, que son las actas recogidas por un intermediador neutral que iba recogiendo todos los acuerdos, que él lleva años reclamando que se hagan públicas.
Anuncia que “cuando se forme el Gobierno y el Senado va a ser lo primero que pida”.
“Y en la medida que pueda y mi partido lo vea bien pediré también que comparezca Zapatero en el Senado y en el Congreso para dar explicaciones de todo esto”, añade.
Cuando asesinaron a mi familia gobernaba el PSOE, que estaba en negociaciones de Argel con ETA, y nos dijeron que se haría justicia, que confiaramos en la justicia. La justicia es que el PSOE negocia con el asesino de mi familia su impunidad y el resto a mirar a otro lado. pic.twitter.com/Vv4VG0H2o9
— José Alcaraz Martos (@fjosealcaraz) 1 de junio de 2019
Lamenta la “nula reacción política” ante estos hechos.
Y con todo lo que conocemos del proceso con ETA y la casi nula reacción política hay quien piensa que este país tiene arreglo con esta clase política, amoral y traidora. El sacrificio de tantas víctimas por España ha sido en vano, nunca un país mereció tanto sacrificio.
— José Alcaraz Martos (@fjosealcaraz) 1 de junio de 2019
Por su parte, Ramón Cosío, portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), señala que “a estas actas que se están conociendo, y que al parecer están confeccionadas por nada menos que por los responsables de la banda terrorista ETA, se les están dando un valor como si fueran casi palabra de Dios”.
Considera que “habría que tomarlas con reservas”.
“Si bien es cierto que son actas que aparecen entre la documentación que les es intervenida, su difusión fue interna, ya que también son utilizadas a modo de propaganda entre sus afines. Con lo cual, y dicho esto, en lo relativo al expresidente del Gobierno, y manteniendo las oportunas reservas respecto a su veracidad, entendemos que este tipo de negociaciones, bien sean dirigidas desde un Gobierno de derechas o de izquierdas o del signo que sea, parten de un presidente que ha sido electo y con atribuciones para mantener una negociación. Para lo que no las tendría sería para indultar ni poner en libertad o tomar otro tipo de decisiones cuya responsabilidad recae en el Poder Judicial”, dice.
“Han pasado ya por lo menos 12 años desde que teóricamente se confeccionaron estas actas y las tomamos con las necesarias reservas. Hay que recordar que quien las confecciona y a quien le son intervenidas es a Thierry, un verdadero estratega de ETA y uno de los defensores de continuar con la lucha armada, con lo cual, con muchas reservas todo”, añade.
Para Daniel Portero, presidente de la asociación Dignidad y Justicia, hijo del que fuera fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Luis Portero, asesinado por ETA en Granada en octubre de 2000, el contenido de esas actas es real, dado que “uno de los interlocutores del PSOE dijo que lo es”.
Asimismo, añade que “la doctrina Parot se acabó, lo del cambio de fiscales se acabó, lo de que se fuera el exfiscal jefe de la Audiencia Nacional Eduardo Fungairiño se acabó, lo del acercamiento empezó… Es que todo se está cumpliendo”.
Indica que, además de las actas incautadas al etarra Thierry en 2008, que era jefe del aparato político, hay otras del etarra Ramón Sagarzazu Gaztelumendi, ‘Txang’, también del aparato político de la banda asesina.
Portero se pregunta que “cómo es posible que un Gobierno de alguna forma estuviera en postura de genuflexión ante una organización terrorista”.
“Es una genuflexión del PSOE a ETA, que me preocupa, porque estamos en una situación muy parecida entorno a negociación de gobiernos en Navarra o posición de separatistas en el juicio del ‘procés’ en el Tribunal Supremo, que me da la sensación de que ya se ha negociado el indulto. Creo que esto está ya negociado como ya se negoció con ETA”, argumenta.
Daniel Portero dice que “queda mucho por salir y saldrá dentro de bastante”, y añade que no puede decir más “porque está bajo secreto de sumario”.
Dignidad y Justicia ha tenido acceso a estas actas porque está personada en la causa. Se personó en 2006.
«Acuérdate de la palabra genuflexión”, termina diciendo. “Genuflexión del PSOE a ETA, lo cual quiere indicar genuflexión del PSOE al separatismo”, destaca.
El periodista Alfonso Merlos, autor de «¿Rendirse ante ETA? 25 voces contra la negociación”, manifiesta que “las actas confirman”, a su juicio, la tesis que reveló en su obra.
«El presidente del Gobierno inició y avanzó en un proceso de auténtica bancarrota moral: cuantos más detalles se conocen de las cesiones por la vía de las palabras y los hechos ante una organización terrorista como ETA, más sentido cobran las razones legales, políticas y hasta morales que había hace ya una década para rechazar una vía de claudicación que nunca debió abrirse», afirma.
Merlos también señala que «es paradójico cómo en un momento en el que la estructura organizativa de ETA estaba mostrando serios signos de fatiga y un incremento de la presión policial y judicial podría haber contribuido definitivamente a noquearla, se adoptaron medidas que sólo contribuyeron en el corto plazo a oxigenarla, y que por desgracia fueron paralelas a los signos de rechazo hacia la posición que mantenían las víctimas del terrorismo y otra serie de contrafuertes cívicos de la sociedad española frente a la violencia y quienes pretendían absolverla con atajos»
Afirma que «en esas actas, por una serie de razones ya conocidas o sospechadas, se pone en evidencia que la negociación política con terroristas lleva implícita en sí misma una estrategia de desistimiento del Estado de Derecho, y el reconocimiento fatídico de que no se quiere o no se puede alcanzar la derrota definitiva de una banda de malhechores por la vía policial y judicial: un mensaje que no debería tener cabida jamás en una democracia fuerte».
Desde COVITE manifiestan que prefieren «ser cautelosos y no entrar a valorar las informaciones que se han publicado en relación a las negociaciones del Gobierno con ETA” hasta que no tengan acceso al sumario y conozcan “más en detalle” el contenido del mismo.
“En todo caso, dichas informaciones avalan lo que desde el Colectivo llevamos años denunciando: Que tanto el Ejecutivo de Zapatero, como posteriormente el de Rajoy, siguieron la hoja de ruta marcada por ETA para dejar de matar”, subraya, y añade que “esa hoja de ruta se apoyaba en tres pilares: la legalización de sus brazos políticos, la excarcelación de los terroristas presos y un final sin vencedores ni vencidos”.
“En estos años hemos visto cómo se iban cumpliendo poco a poco estas condiciones, por eso, lo que sale a la luz ahora no nos sorprende demasiado”, señala.
Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales (AF) y decana de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Barcelona, de momento lo que ve “es una cuestión más de carácter político que jurídico, sin haber analizado en profundidad y sin conocer todos los extremos y la veracidad de las actas, porque se incautaron a un terrorista, pero pueden estar manipuladas”.
En cuanto al tema de Navarra hace hincapié en que “hay que estar a lo que prevé la Constitución”.
Dexeus es catalana y desempeña su trabajo en esta región española, en la que reconoce que la situación que hay“no es cómoda para trabajar”.
“Esta situación, donde estamos en la picota constantemente o se nos puede llegar a considerar un órgano represor de un Estado fascista, es algo absolutamente indeseable”, ha manifestado recientemente a este diario.
Dexeus ha relatado que “hay compañeros que ya se están marchando, están concursando” y “algunos con suerte han logrado plaza”.
Y ha hecho hincapié en que “el Estado debe evitarlo, propiciando que se queden”.
“Los fiscales, nos sentimos abandonados por el Estado, que está desaparecido en la crisis de Cataluña y nos entra cierto desconsuelo, hasta el punto de que muchas veces pensamos en tirar la toalla e irnos, pero seguimos aquí, haciendo nuestro trabajo lo mejor que sabemos y podemos, y deseando que quienes desempeñan ahora funciones de relevancia política, vuelvan a la senda de la sensatez y la cordura”, manifiesta.
¿Y qué piensa del contenido de las actas de ETA el portavoz de una asociación de la Guardia Civil?
Juan Fernández, de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), señala que “lo que se ha conocido en las actas supone una gravedad”.
“Los dos partidos que han gobernado han intentado pactar con ETA, pero solo el trabajo realizado por Guardia Civil y Policía Nacional ha logrado acabar con la banda terrorista, contra la que hoy seguimos trabajando para que hasta el último etarra sea capturado y condenado”, añade.
Preguntado sobre qué le parece lo más grave de lo que ha salido a la luz de esas actas hasta el momento afirma que “el aviso de futuras acciones policiales contra ETA, por que pone en peligro vidas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.
Subraya que “AUGC siempre se ha mostrado inequívocamente del lado de las víctimas del terrorismo, apoyándolas tanto institucional como jurídicamente”.
“En este sentido, nuestra organización ha sido y es la única que se ha personado como acusación popular en todos los casos con guardias civiles o familiares afectados por esta lacra”, apostilla.
También resalta que “pese a que ETA haya dejado de matar, todavía persiste en muchas zonas del País Vasco y Navarra un clima de enorme hostilidad hacia los guardias civiles, lo cual provoca que su vida en esos territorios esté todavía muy lejos de la normalidad”.
En este sentido, recuerda la “brutal agresión” que sufrieron en 2016 dos guardias civiles y sus parejas en un bar de la localidad navarra de Alsasua, por la que AUGC se personó ante los tribunales como acusación popular.
Desde la AUGC piden que “se continúen investigando todos los atentados todavía sin resolver, hasta que la Justicia alcance plenamente a los causantes de tanto dolor a lo largo de las últimas décadas”.
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