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La Corte Suprema de Chile expulsa de la carrera judicial a dos jueces por tráfico de influencias y falta de integridad

La decisión tomada por la Corte Suprema de Chile es la más grave por la que podía optar. Foto: CSCh.
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El Pleno de la Corte Suprema de Chile ha cesado a dos magistrados de la Corte de Apelaciones de Rancagua, con jurisdicción sobre la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins –una de las 17 existentes, situada al sur de la capital, Santiago– por tráfico de influencias y faltas a la probidad, o a la integridad, como se diría en España. 

La sanción les ha sido impuesta en el plano disciplinario y administrativo, de acuerdo con lo contemplado en el Código Orgánico de Tribunales, equivalente a la Ley Orgánica del Poder Judicial en nuestro país. 

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En el plano penal los hechos son de una gravedad manifiesta porque equivaldrían a delitos no sólo de tráfico de influencias sino también de cohecho y prevaricación. 

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Los dos ministros (como se denomina allí a los magistrados), ahora expulsados de la carrera judicial, son Emilio Elgueta y Marcelo Vásquez.

Los dos habían sido suspendidos de sus sus empleos desde el pasado 9 de abril.

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Un tercer magistrado de la misma Corte de Apelación, Marcelo Albornoz, también fue investigado por los mismos hechos.

El 3 de julio pasado, visto el cariz que tomaban las circunstancias, decidió quitarse la vida pegándose un tiro en la cabeza.

FALTAS MUY GRAVES

Estas son las máximas sanciones que puede tomar el Alto Tribunal pues se estima que las faltas cometidas por ambos magistrados son muy graves, afectan a la integridad del poder judicial e infringen las normas del Código Orgánico de Tribunales.

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La Corte Suprema tomó estas decisiones sobre la base de informe realizado por la magistrada instructora –miembro de ese misma Corte– Rosa María Maggi quien realizó una investigación en profundidad que duró seis meses y que comenzó el pasado mes de diciembre.  

Maggi propuso una sanción de cuatro meses de suspensión de empleo y sueldo y la apertura de un expediente de expulsión para ambos magistrados.

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La magistrada instructora consideró que Elgueta intervino en la tramitación y fallo de un recurso de protección; contactó con abogados ligados a causas en tramitación; solicitó al fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, la incorporación de personas al organismo; exigió que una de sus alumnas formara parte de un tribunal, entrando en la carrera judicial, y solicitó y aceptó dinero. 

En el caso de Vásquez, de acuerdo con Maggi, esté dictó la resolución que posibilitó el nombramiento de su hija como consejera técnica suplente de un tribunal de la jurisdicción; aconsejó a un imputado y conformó una sala de forma diferente a lo acordado en el sorteo que dirimió el sobreseimiento de la causa contra un acusado. 

A diferencia de España, en Chile no existe un Consejo General del Poder Judicial o Consejo de la Magistratura o Judicatura.

Dichas funciones las tiene asumidas el Pleno de la Corte Suprema.

Los dos magistrados expulsados. A la izquierda, Marcelo Vásquez, y a la derecha, Emilio Elgueta. Foto: emol.com

UNO POR UNANIMIDAD Y EL OTRO POR MAYORÍA ABSOLUTA

El Pleno, en su decisión, ha sido mucho más duro que la magistrada instructora. En un claro «aviso para navegantes».

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Por lo que respecta al ya exmagistrado Elgueta, el Pleno tomó su decisión por unanimidad.

En el caso de Vásquez, el resultado fue de 11 votos a favor de la destitución y 7 en contra.

Los abogados de ambos magistrados tuvieron oportunidad de contestar previamente a las alegaciones contenidas en el informe de la instructora del caso.

Es una medida que se toma con dolor porque se trata de la desvinculación de dos personas que prestaron servicios al Poder Judicial, pero necesariamente esto tiene que enfocarse en el contexto que corresponde y de acuerdo con lo que dice la Constitución, que es una especie de evaluación global frente a la persona y las circunstancias que lo rodean”, declaró el portavoz del Pleno de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, el pasado lunes por la tarde, al explicar a los medios de comunicación la decisión tomada.

La Fiscalía Regional Metropolitana Sur solicitó, por su parte, hace 5 días la celebración de la audiencia preceptiva con el fin de acusar a Vásquez de los delitos de tráfico de influencias, incremento patrimonial injustificado y negociación incompatible, la cual ha sido fijada para el próximo 4 de octubre.

Ahora le corresponde a la Corte Suprema informar al Ministerio de Justicia para que se encargue de sacar a concurso ambas vacantes.

La decisión del Pleno no es firme.

Ambos magistrados tienen la posibilidad de presentar un último recurso de reposición para que la causa sea revisada otra vez.

Sin embargo, las esperanzas, visto el órgano decisorio, son escasas.