Delgado llama al compromiso de toda la sociedad en la lucha contra los delitos de odio

La ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, ha subrayado hoy la necesidad de reforzar la lucha contra los delitos de odio, desde el «compromiso y responsabilidad de la sociedad en su conjunto» en la denuncia de este tipo de conductas.

Ha señalado que es necesaria una mayor concienciación ciudadana ante la gravedad de unos delitos que atentan contra los cimientos de nuestro Estado de Derecho.

Delgado se ha pronunciado así en la inauguración de un curso sobre asistencia a víctimas que está celebrando el Ministerio en la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio.

La ministra ha expresado su preocupación por el hecho de que «estemos asistiendo en todo el mundo a una oleada de xenofobia, racismo, misoginia violenta, antisemitismo y odio antimusulmán, y particularmente en nuestro país, a un aumento de los delitos relacionados con estos comportamientos».

Delgado ha informado que según datos del Ministerio del Interior, en 2018 se registraron hasta 1.598 incidentes asociados a delitos de odio, lo que supone un incremento del 12,6% respecto a 2017.

Y ha apuntado que «por eso es crucial la formación».

La ministra ha señalado como «un gran reto de nuestra sociedad la eliminación de las conductas motivadas por el odio y la intolerancia, que limitan la dignidad y ponen en riesgo la libertad y el desarrollo de las personas en igualdad de condiciones y oportunidades».

También ha censurado la actitud de algunos líderes políticos que «banalizan el delito y contribuyen así a su normalización, endureciendo el discurso público y debilitando el tejido social».

Delgado considera «intolerable» que «determinadas manifestaciones se incorporen al lenguaje habitual de algunos líderes políticos, banalizando el delito».

Además, ha señalado que en los últimos 75 años la incitación al odio ha sido precursora de atroces crímenes, delitos de genocidio, y ha recalcado que los políticos no deben «frivolizar» con determinadas declaraciones.

El curso ‘Asistencia a las víctimas especialmente vulnerables. Particular referencia a las víctimas de delitos de odio” está orientado a los gestores procesales y psicólogos de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito del territorio del Ministerio de Justicia.

Es la primera vez que se organiza un curso de este tipo dirigido a psicólogos y gestores de oficinas de asistencia a las víctimas.

Entre sus objetivos está mejorar el conocimiento y comprensión de estos profesionales acerca de las singularidades de las víctimas, ofrecer claves para sensibilizar en su atención y orientación y ofrecer una Justicia de mayor calidad, “evitando revictimizaciones”, según ha destacado la ministra.

Este programa se enmarca dentro del acuerdo de cooperación institucional del Gobierno para luchar contra el racismo, la xenofobia, la LGBTIfobia y otras formas de intolerancia.

En él participan los ministerios de Justicia; Interior; Educación y Formación Profesional; Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad; Cultura y Deporte; y Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, así como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Fiscalía General del Estado (FGE) y otras organizaciones de la sociedad civil.

«Desde el Gobierno seguimos reforzando la cooperación entre instituciones y sociedad civil e impulsando acciones, como este curso, para proteger la dignidad de todas las personas y avanzar en el camino de una sociedad plural y diversa que respete los valores fundacionales de la UE«, ha expresado Delgado en Twitter, y ha dicho que le honra haber inaugurado este curso.

MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA RECLAMA UN PACTO DE ESTADO Y UNA LEY ESPECÍFICA CONTRA LA XENOFOBIA

Movimiento contra la Intolerancia ha pedido esta semana a los partidos que suscriban un Pacto de Estado contra la xenofobia y la intolerancia «asociaciada», así como una ley específica en esta materia, y una estrategia de intervención.

El pasado lunes esta asociación de derechos humanos, que preside Esteban Ibarra, lanzó un manifesto en «un contexto económico significado por una grave crisis internacional y una presumible recesión económica en España», y ante la «emergencia» en nuestro país de hechos «racistas, antigitanos, antisemitas, islamófobos, supremacistas y conductas de negrofobia, aporofobia (personas sin hogar) y otras con base en el odio identitario, que evidencian esta intolerancia múltiple».

Además, pidió a los partidos que «no usen la inmigración como un instrumento arrojadizo o de rechazo».

Movimiento contra la Intolerancia señala que para lograr un acuerdo político «efectivo» es «prioritario» tener instrumentos eficaces para defender a la sociedad de este problema.

Por ello, aboga por redactar y aprobar esta Ley Orgánica contra la Xenofobia, el Racismo y la Intolerancia asociada que «obligue a que España disponga de una estrategia de intervención integral que abarque todos y cada uno de los ámbitos sociales e institucionales».

También reclama que esta ley asegure una política educativa y de integración.

Y que con esta ley se potencie el Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia (Oberaxe) creado por el artículo 71 de la Ley de Derechos y Libertades de los Extranjeros.