Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), y Juan Antonio Frago, presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
La AF y la APIF, ‘preocupadas’ con la propuesta de nombramiento de Delgado como fiscal general del Estado
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13/1/2020 00:00
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Actualizado: 12/2/2020 16:46
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A la Asociación de Fiscales (AF) le ha «sorprendido tremendamente, y no para bien», la propuesta de nombramiento de quien ha sido ministra de Justicia del Gobierno, Dolores Delgado, como fiscal general del Estado, en relevo de María José Segarra.
A su juicio, «esto supone una declaración de intenciones del Gobierno que pretendería introducirse en la Fiscalía General del Estado para dominar a la Carrera Fiscal», según ha señalado a Confilegal la presidenta de la AF, Cristina Dexeus, decana de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Barcelona.
«La Asociación de Fiscales rechaza por completo esa injerencia o esa pretensión de injerencia por parte del Ejecutivo en la Carrera», añade.
Dexeus destaca que la AF está «a favor de un nombramiento de fiscal general del Estado que no coincida con el plazo de mandato del Gobierno que les propone; es decir, que su cese no dependa del cese del Ejecutivo», y está «en contra de la posibilidad de que cualquier fiscal que ha sido un cargo político de relevancia, como puede ser un ministro, sea nombrado fiscal general del Estado».
«Nos encontramos con que nada menos que una exministra del Gobierno, que además es diputada por las listas de un partido político, va a asumir la jefatura de la Carrera Fiscal, algo absolutamente opuesto con lo que la Asociación de Fiscales considera que ha de ser una carrera profesional, al margen de la política, eso es de cualquier interés político y partidista», argumenta.
Además, manifiesta que su balance al frente del Ministerio de Justicia «tampoco la haría la persona más adecuada para el cargo».
Dexeus apunta que «todavía» está «intentando encajarlo».
«No salgo de mi estupor», agrega.
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que preside Juan Antonio Frago desde mediados del pasado diciembre, muestra su preocupación por esta propuesta de nombramiento.
Frago, fiscal de la Fiscalía Provincial de La Coruña, subraya que Delgado «se va a enfrentar a un reto muy importante, como es separar el cargo de fiscal general del Estado, que es el previsto en la Constitución, del de fiscal general del Gobierno, que es la idea que se está deslizando no separando la persona con su ideología del cargo que va a ostentar».
Frago ha indicado que «no pocas personas» con las que ha hablado esta mañana tras conocer la noticia, «manifiestan su enorme preocupación por tener un miembro del Consejo de Ministros ahora de fiscal general del Estado».
«Porque evidentemente afecta muy seriamente a nuestra imagen absolutamente debida de imparcialidad, tanto legal como política en cualquier asunto», apostilla.
Frago indica que Delgado «ya se ha pronunciado de una manera muy expresa en materias como el ‘procés’ o de violencia de género, más bien desde un corte político más que legal y evidentemente, la Fiscalía tiene una obligación fundamentalmente legal de actuar, con lo que va a tener que garantizar que sus opiniones personales no afecten al funcionamiento de la institución».
Respecto a la gestión que ha hecho Segarra, el presidente de la APIF ha indicado que «aunque es una fiscal muy querida dentro de la Carrera», tampoco cree que «haya aportado nada consistente en este tiempo suyo de mandato».
«Se cita como gran mérito el haberse mantenido impermeable frente a los intentos del Gobierno de afectar a los procedimientos del ‘procés’, pero eso es un deber de cualquier fiscal, con lo que tampoco creo que eso sea un mérito especial al deber de cualquier individuo del Ministerio Fiscal. Fuera de eso, tampoco creo que haya sido un mandato que vaya a ser especialmente recordado dentro de la Carrera», manifiesta.
Por último Juan Antonio Frago hace hincapié en que «la Fiscalía, al igual que en sí el Poder Judicial se enfrentan desde hace años a una necesidad de medios realde aumento de plazas tanto de la Judicatura, de la Fiscalía y de oficinas judiciales; y a la verdadera implementación de nuevas tecnologías para ayudar al desenvolvimiento de los procedimientos con muchísima más rapidez, entre otras muchas más cuestiones que no están siendo abordadas por ninguno de los Ministerios, sean de un signo o de otro».
«Lo que necesitamos es que de una vez se sienten a trabajar», concluye.
La Unión Progresista de Fiscales (UPF), por su parte, valora «positivamente» que Delgado sea nombrada fiscal general del Estado porque confía «íntegramente en su lealtad a la institución y su integridad».
Así lo ha manifestado a este diario la presidenta de la UPF, Teresa Peramato, fiscal ante el Tribunal Constitucional.
Teresa Peramato, presidenta de la UPF.
«Partimos de que Delgado es una fiscal con un prestigio y un gran reconocimiento dentro de la Carrera, que conoce desde la médula, íntegramente, es sabedora de nuestro funcionamiento, y conoce los principios que nos inspiran», ha argumentado.
Además, la UPF ha querido hacer «un reconocimiento a la labor que ha afectuado la todavía fiscal general del Estado, María José Segarra», de quien valoran «muy positivamente» el trabajo que ha hecho.
«Ha hecho gala de su conocimiento de la Carrera y, además, ha respetado los principios que inspiran nuestras funciones que son los de legalidad e imparcialidad», apostilla.
Cabe recordar que Dolores Delgado y María José Segarra han pertenecido a esta asociación hasta que fueron nombradas ministra y fiscal general e hicieron campaña juntas para la candidatura conjunta al Consejo Fiscal en sus últimas elecciones, y fueron elegidas.
La UPF ha explicado que también confía «absolutamente en la capacidad de Dolores Delgado» para este cargo, «en su inteligencia, y en su integridad» y que tiene la «esperanza» de que «su gestión como fiscal general del Estado derive en la consecución de aquellas reivindicaciones antiguas y muy importantes que están pendientes en la Carrera».
«Tenemos que avanzar hacia la aprobación de ese reglamento del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que dejamos pendiente; tenemos que proponer desde la Fiscalía y con la labor del nuevo ministro la reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim); y, entre otros temas, también tenemos que avanzar en relación a la justicia digital que tantos problemas nos está dando», recuerda Peramato.
Preguntada por el balance que hace la Unión Progresista de Fiscales de la gestión de Delgado al frente de Justicia manifiesta que «desde el Ministerio han quedado cosas pendientes».
«Nuestras dos grandes reivindicaciones, como la paralización de la Justicia Digital hasta que se salven los errores, y que, por lo tanto, garantice la integridad y el conocimiento íntegro del procedimiento y, asimismo, la reforma del artículo 324 de la LECrim siguen pendientes», recuerda Peramato, y apunta que son temas que «tiene que afrontar de forma urgente el nuevo ministro».
No obstante, destaca que «hay que reconocerle también a la exministra que ha hecho muchísimas cosas por la Carrera: Se han convocado muchas plazas de jueces y fiscales, se han creado 75 órganos judiciales, salió adelante la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y ha puesto en marcha el nuevo estatuto del Centro de Estudios Jurídicos, garantizando que la formación de los fiscales no solo esté en manos de la administración, sino también de la Fiscalía General del Estado, entre otras muchas cosas relacionadas con los derechos de los fiscales».
Respecto al nuevo ministro de Justicia, Juan Carlos Campos, ha señalado que la UPF también tiene «gran confianza en su gestión porque conoce perfectamente el funcionamiento de la administración de Justicia».
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