Este proyecto de ley aprobado el 18 de febrero en Consejo de Ministros tiene como objetivo gravar con un tipo del 3% determinados servicios digitales. Foto: Congreso de los Diputados.
La tasa Google llega al Congreso pese a las amenazas de EEUU de sanciones comerciales a España si se aprueba
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04/6/2020 06:35
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Actualizado: 04/6/2020 01:24
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El nuevo impuesto sobre determinados servicios digitales, la conocida como tasa Google, se someterá este jueves a su primer examen en el Pleno del Congreso, en el que PP, Vox y Ciudadanos pedirán la devolución al Gobierno de su proyecto de ley al estar en contra de la creación de este nuevo impuesto.
Este proyecto de ley aprobado el 18 de febrero en Consejo de Ministros tiene como objetivo gravar con un tipo del 3% a las empresas dedicadas a esas actividades que registren ingresos anuales de al menos 750 millones de euros a nivel mundial y que tengan ingresos superiores a 3 millones de euros en España.
La duración del debate sobre el estado de alarma y su excesiva duración ha hecho que este tema de la tasa Google haya pasado a este jueves, al igual que el resto del Orden del Día pendiente de resolver.
El pasado mes de febrero nuestra publicación abordaba el análisis de este impuesto con la opinión de distintos expertos. Para Javier Vinuesa, socio del área fiscal de Gómez-Acebo & Pombo, “nos sigue pareciendo pronto aprobarlo”.
Recuerda que “la administración americana ya anunció que tomaría medidas contra los productos españoles, en el caso de que España aprobase este impuesto antes de que se alcanzase un consenso a nivel de OCDE sobre la tributación de la economía digital”.
Para este experto, el manifiesto firmado por la industria de la economía digital es bastante coherente, “hay que darse cuenta que dicho impuesto a las tecnológicas tendrá un recorrido mayor porque no afectará únicamente a las empresas más grandes. Como puede verse tendrá un impacto indirecto en todo el sector.
Por su parte, Carlos Rodríguez, socio del área fiscal de DLA Piper señala a Confilegal que «el debate tenga en cuenta no solo las dificultades técnicas que plantea el impuesto sobre servicios digitales, sino también la conveniencia de su implementación en un momento en el que se necesita incentivar más que nunca la digitalización de la economía española”.
“También debería discutirse las consecuencias económicas para España de posibles sanciones de Estados Unidos. En este sentido se acaba de anunciar que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos ha abierto una investigación a la Unión Europea y otros nueve países, entre ellos España, con respecto a los impuestos sobre servicios digitales”.
“Sin embargo me temo que las necesidades de recaudación en este contexto de recesión económica y de endeudamiento del Estado no van a permitir un debate sosegado en relación con este impuesto”, subraya.
José Luis Gaudier, socio del área fiscal de Cuatrecasas en Barcelona y Diego Arribas, abogado fiscalista de esta firma en Madrid, también tienen su opinión sobre este tema. “Nuestra visión en el despacho es que es una medida recaudatoria por encima de todo. En toda la UE hay unas estimaciones de recaudación de 5.000 millones de euros. Pensar que más del 25% sea a nivel español es muy optimista”, aclara el primero.
Para ambos juristas, hay que valorar si tiene sentido establecer una medida de forma unilateral sabiendo que los estudios de la OCDE sobre este impuesto concluirán en diciembre de este año.
“Ya Francia tuvo problemas con el impuesto. Lo puso en marcha pero tuvo que detenerlo antes las presiones de EEUU a nivel de impuestos sobre productos franceses”, aclara Arribas.
A juicio de este experto “hay que darse cuenta que la medida tiene una vertiente política importante. Habrá que ver si se alcanza el acuerdo en la OCDE. Del debate lo importante será ver en qué se centra la discusión. Nadie pone en duda que las normas a nivel internacional fiscales deben cambiarse y adaptarse a los nuevos tiempos. Ahí hay consenso. La discusión es ver los cambios”.
De hecho, los trabajos de la OCDE van en esa dirección, “es posible que si la solución global no llega, habría que ver si merece la pena meter un impuesto provisional o transitorio en nuestro país a nivel de economía digital. Habrá que ver si realmente merece la pena. Este debate debe aclarar qué va a pasar con la tasa Google”.
Gaudier resalta que “hay modificaciones al texto que se ha mandando al parlamento. A nivel técnico la exclusión del ‘cloud computing’ del hecho imponible al igual que la exclusión de compañías intragrupo que en España es más restrictivo, mientras en Europa se permite la exclusión por encima del 50% de su participación”.
Cuando fue aprobado por el Consejo de Ministros, la Ministra de Hacienda Montero explicó que la liquidación de este impuesto, conocido también como ‘tasa Google’, será trimestral, pero que, de forma excepcional en este primer ejercicio que estaría en vigor en caso de ser aprobado, se retrasará el pago al menos hasta el 20 de diciembre.
La idea del Gobierno era esperar a que se alcance un acuerdo global en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el G20 y también permitir que las empresas tengan tiempo para adaptarse al nuevo tributo y hagan frente al impuesto en un único pago.
En el proyecto de cuentas públicas de 2019 del Gobierno la estimación de recaudación era de 1.200 millones de euros con este impuesto, mientras que en la última estimación el Ejecutivo esperaba recaudar 968 millones de euros, coincidiendo con la previsión que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) hizo en 2018 de cara a 2019, aunque esta cifra podría verse modificada a la baja por la actual crisis económica del coronavirus.
Manifiesto, economía digital
Por su parte, las patronales digitales AMETIC, IAB Spain, la Asociación Española de Startups y la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital) rechazan el desarrollo unilateral de un impuesto digital en España, cuyo proyecto de ley a la totalidad se va debatir este jueves en el Congreso.
En un manifiesto suscrito por estas entidades, el sector de la economía digital pide al Gobierno de España que reconsidere su posición hasta que se alcance un acuerdo en el ámbito internacional.
A través de dicho documento las cuatro asociaciones han advertido de los efectos negativos que esta medida tendrá para el conjunto de la economía española, que quedaría abocada a ser “menos productiva, menos innovadora, menos emprendedora y, en consecuencia, menos competitiva a nivel global” y que podría ralentizar la digitalización de las empresas y la competitividad española.
Para las asociaciones firmantes del acuerdo debería encontrase una solución coordinada en el marco de la OCDE.
En este sentido, declaran en el documento que “los acuerdos sobre cambios en las normas fiscales internacionales y en los principios generales del derecho tributario siempre deben tener lugar a nivel global, ya que es la única manera de garantizar la igualdad de condiciones a nivel internacional”.
En dicho manifiesto se insiste en que nuestro país debe apostar por la economía digital, como elemento clave para mejorarla bienestar de la ciudadanía y creación de empleos de calidad, además impulsar la sostenibilidad de ciudades y búsqueda de oportunidades para innovar.
También se insiste en que las empresas españolas, pymes y ‘startups’, incluidas, se verán afectadas por esta medida, lo que hará será lastrar su competitividad en este mundo global. El impuesto se trasladará a la cadena de valor y las pymes españolas estarán en desventaja de otras pymes europeas por este motivo.
Otro elemento que estas asociaciones destacan es que dicho impuesto creará barreras de entrada al mercado a pequeñas empresas y ‘startups’, al resultarles más caro acceder a los servicios de las plataformas digitales. Eso hará que repercuta negativamente, dado el incremento del coste de los productos derivado del impuesto, en los consumidores españoles.
Consideran que este tipo de medidas unilaterales y proteccionistas contribuyen a la divergencia en la tributación de los diferentes Estados miembros de la Unión Europea, pudiendo afectar a empresas originarias de los mismos, algo que podría no solo afectar a la solidaridad entre sus respectivos miembros si no que podría perjudicar los avances conseguidos en materia de ayudas estatales de carácter fiscal de la Unión Europea.
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