El magistrado Joaquín Delgado Martín, miembro de la Red Judicial de Expertos en Derecho Europea, explica en su columna porqué son tan importantes los Objetivos de Desarrollo Sostenible y qué papel juega la Justicia en ellos. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
Objetivos de Desarrollo Sostenible: Una Justicia para todos en tiempos de pandemia
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01/9/2020 06:45
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Actualizado: 01/9/2020 00:25
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La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, recoge una visión de transformación de los Estados con fundamento en la sostenibilidad económica, social y ambiental, estableciendo una serie de objetivos que constituyen una hoja de ruta para los siguientes 15 años.
El “Documento final de la cumbre de las Naciones Unidas para la aprobación de la agenda para el desarrollo después de 2015″ (12 de agosto de 2015) afirma, en su apartado 8, lo siguiente: “Contemplamos un mundo en el que sea universal el respeto de los derechos humanos y la dignidad humana, el estado de derecho, la justicia, la igualdad y la no discriminación; donde se respeten las razas, el origen étnico y la diversidad cultural y en el que exista igualdad de oportunidades para que pueda realizarse plenamente el potencial humano y para contribuir a una prosperidad compartida; un mundo que invierta en su infancia y donde todos los niños crezcan libres de la violencia y la explotación; un mundo en el que todas las mujeres y niñas gocen de la plena igualdad entre los géneros y donde se hayan eliminado todos los obstáculos jurídicos, sociales y económicos que impiden su empoderamiento; un mundo justo, equitativo, tolerante, abierto y socialmente inclusivo en el que se atiendan las necesidades de los más vulnerables”.
Y en su apartado 35 afirma que: “El desarrollo sostenible no puede hacerse realidad sin que haya paz y seguridad, y la paz y la seguridad corren peligro sin el desarrollo sostenible. La nueva Agenda reconoce la necesidad de construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas que proporcionen igualdad de acceso a la justicia y se basen en el respeto de los derechos humanos (incluido el derecho al desarrollo), en un estado de derecho efectivo y una buena gobernanza a todos los niveles, así como en instituciones transparentes y eficaces que rindan cuentas…”.
LA JUSTICIA, UNA PIEZA CLAVE
El sistema de justicia está llamado a desempeñar un papel fundamental en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Por un lado, se encuentra directamente afectado por el Objetivo 16, que se refiere a la “promoción de sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, la provisión de acceso a la justicia para todos y la construcción de instituciones responsables y eficaces a todos los niveles”.
En concreto, cabe destacar el apartado 16.3 relativo a “promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para tod@s”; así como el apartado 16.b, es decir, “promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible”.
Los ODS han de vincular a todos los Poderes del Estado, cada uno dentro de sus respectivas competencias; y, por tanto, también al Poder Judicial y a todos quienes prestan servicio en el ámbito de la Justicia.
Por otra parte, la administración de justicia tiene una relación estrecha con otros ODS: el Objetivo 1 (Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo); el Objetivo 5 (Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas); y el Objetivo 10 (Reducir la desigualdad dentro y entre los países). Por último, también tiene una importancia decisiva en relación con todos los ODS (transversal) dada la relevancia de la tutela judicial de cualquier derecho que se reconozca a las personas y grupos vulnerables, en cualquier ámbito. De esta manera, la justicia constituye el eje que ha de desplegar efectos en relación con los 17 ODS, contribuyendo a la cohesión social y a la reducción de la desigualdad mediante una justicia inclusiva.
La situación de pandemia Covid-19 está determinando que la necesidad de intervención de la justicia aumente (incremento del número de asuntos) y se modifique (nuevas necesidades).
De esta manera, hay que encontrar formas innovadoras de atender a la demanda de justicia derivada de la pandemia, de tal manera que se otorgue un acceso efectivo a la justicia de los ciudadanos y empresas con problemas de deudas y de insolvencia; a las personas que pierden sus empleos y/o se ven compelidas hacia la economía sumergida o informal; a quienes tienen dificultades para atender a sus compromisos financieros o arrendaticios de la vivienda; a los ciudadanos que esperan unos servicios públicos de calidad cuyo funcionamiento se ve afectado por la pandemia; a las víctimas de los fraudes y usurpaciones de identidad online; a quienes sufren una crisis conyugal generadora de conflictos familiares; a la víctimas de violencia de género…
Como vemos, los ODS devienen aún más relevantes para abordar los desafíos sociales y judiciales en época de pandemia.
Si bien inicialmente los destinatarios de los ODS son los gobiernos de los Estados (intergubernamental), el avance efectivo hacia su cumplimiento exige la implicación de las diferentes entidades públicas y privadas del sistema judicial, así como de las personas que desarrollan sus funciones en la justicia (jueces, fiscales, funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, abogados, procuradores, graduados sociales….).
El Comunicado Conjunto de Apoyo a la Agenda 2030 de determinadas Instituciones de los Sistemas de Justicia de Ibero-América (Nueva York julio 2019) destaca que “la implicación directa de actores claves de la Administración de Justicia como jueces, fiscales, defensores públicos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un abierto y común compromiso en relación con la promoción de la agenda 2030 y especialmente con el ODS 16 presenta un valor añadido al trabajo intergubernamental que conviene destacar y visualizar”.
ABRIR UNA REFLEXIÓN
Por todo ello, sería conveniente abrir una reflexión sobre las consecuencias del cumplimiento de los ODS en su aplicación al sistema judicial español, y por tanto sobre los compromisos que han de ser asumidos para avanzar hacia una justicia para todos (inclusiva) centrada en las personas (necesidades de tutela judicial); analizando la relación de los ODS con los principales problemas de acceso a la justicia en España, especialmente en relación con las personas y grupos más vulnerables: migrantes, personas adultas mayores, determinadas categorías de víctimas (trata de personas, libertad sexual…) minorías étnicas…; teniendo en cuenta el contenido de las Reglas de Brasilia de Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad (2008 actualizadas en 2018).
Y se ha de prestar una especial atención a los efectos sobre el sistema de justicia derivados de la situación de pandemia Covid-19: problemas laborales, situaciones de deuda, problemas de familia…..
De esta manera, cabe analizar el papel de mecanismos de resolución alternativa de conflictos (ADR).
Téngase en cuenta que formalidad, la complejidad y la rigidez de los procedimientos judiciales del sistema de justicia formal (juzgados y tribunales) determinan cierta falta de adecuación para hacer frente a muchos de los problemas de justicia que se derivan de una crisis económica y social que avanza rápidamente; por lo que cabe acudir a otros instrumentos como la resolución alternativa de controversias, la negociación, la mediación, las sentencias de conformidad, los centros de justicia comunitarios, los procedimientos y/o tribunales de reclamaciones de menor cuantía, entre otros.
Estos instrumentos no solamente pueden reducir la carga de los sistemas formales, sino que también proporcionan procesos y resultados que pueden resultar más satisfactorios para los usuarios/as.
Asimismo se ha de profundizar en las ventajas que pueden aportar las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) para afrontar los retos derivados de los ODS; avanzando en los instrumentos «online» de resolución de conflictos en plataformas digitales (ODR) y en la utilización de tecnologías emergentes (inteligencia artificial, blockchain) en determinados tipos de conflictos (como pueden ser los relacionados con los consumidores o con el comercio electrónico).
ACCIONES DESTINADAS A IMPLEMENTAR LOS ODS
Por todo ello, resulta necesario acometer acciones destinadas a implementar los ODS en el ámbito de la justicia mediante los siguientes elementos:
1.- Impulsar la creación de una arquitectura institucional (foro, observatorio…) que facilite la implementación y seguimiento de los ODS en el ámbito de la justicia, posibilitando la colaboración y cooperación interinstitucional, la participación de las entidades de la sociedad civil, así como el intercambio de experiencias y buenas prácticas.
2.- Potenciar la incorporación de los ODS en la planificación y organización de actividades de las diferentes entidades del sector justicia: Administraciones prestacionales (Ministerio de Justicia y Comunidades Autónomas), Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado Colegios profesionales (abogados, procuradores y graduados sociales), asociaciones profesionales y sindicatos…
3.- Fortalecer las capacidades de quienes prestan servicio y colaboran con la Administración de Justicia, mediante seminarios, talleres, cursos y otras actividades de formación.
4.- Participar de forma activa en actividades internacionales, promoviendo la introducción de los ODS en las respectivas agendas y generando espacios para el diálogo y el intercambio de información y experiencias.
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