Desde su nacimiento, en 2005, la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Baleares jueces, autoridades policiales y demás sujetos obligados por Ley (entidades financieras, auditoras, aseguradoras…) han solicitado al OCP más de 3.500.000 informaciones sobre los titulares reales.
La Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Baleares podrá consultar las bases de datos del Notariado
Para mejorar los sistemas de detección de uso irregular de fondos públicos, conflictos de intereses o abuso de información privilegiada
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24/9/2020 06:47
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Actualizado: 13/2/2023 12:17
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La Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Baleares podrá consultar las bases de datos de titulares reales y personas con responsabilidad pública del Notariado.
El objetivo, según ha informado el Consejo General del Notariado (CGN) en un comunicado, es mejorar los sistemas de detección de uso irregular de fondos públicos, conflictos de intereses o abuso de información privilegiada.
Este acuerdo lo han formalizado, a través de la firma de un convenio de colaboración, el director de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Illes Baleares, Jaime Far y el presidente del CGN, José Ángel Martínez Sanchiz. En el acto estuvieron acompañados por el decano del Colegio Notarial de Baleares, Raimundo Fortuñy.
Con esta colaboración, la oficina balear incorporará a sus actuaciones inspectoras un nuevo sistema de comprobación e investigación. El acceso a las bases del notariado, han explicado, se realizará con un sistema telemático de encriptación segura, conforme a la normativa española de Protección de Datos.
El Parlamento balear puso en marcha en 2016 esta oficina que tiene com objetivo, entre otras funciones, investigar el incremento del patrimonio de los cargos públicos; analizar los riesgos en contratos, ayudas o subvenciones oficiales; impulsar medidas que impidan el uso irregular de los fondos; prevenir conductas del personal que comporten conflicto de intereses, así como detectar el abuso de información privilegiada o beneficio privado de la condición pública de un cargo.
Por otro lado, la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo establece determinadas obligaciones de identificación del titular real, a cuyos efectos contempla que los sujetos obligados podrán acceder a la base de datos de titularidad real del CGN, previa celebración del correspondiente acuerdo de formalización.
Asimismo, la Directiva comunitaria relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo establece que los Estados miembro velarán por que toda la información sobre la titularidad real esté en todos los casos a disposición de las autoridades competentes.
José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado, durante la firma telemática del acuerdo.
Saber quién esta detrás de una sociedad mercantil
El CGN creó en 2005 el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP). Sus técnicos desarrollan su trabajo analizando datos del Índice Único Informatizado Notarial, que contiene información procedente de las escrituras autorizadas ante los casi 3.000 notarios españoles.
De este índice se derivan a su vez otros dos archivos, la Base de Datos de Titular Real (BDTR) y la Base de Datos de Personas con Responsabilidad Pública (BDRP).
La BDTR, en funcionamiento desde 2012, permite a las autoridades públicas saber quiénes son las personas ocultas tras una sociedad mercantil. En esta base están identificados de manera acreditada los titulares reales de 2.094.000 sociedades limitadas, 126.000 sociedades anónimas y 210.000 personas jurídicas no mercantiles, como asociaciones, fundaciones o partidos políticos.
Desde su creación, jueces, autoridades policiales y demás sujetos obligados por Ley (entidades financieras, auditoras, aseguradoras…) han solicitado al OCP más de 3.500.000 informaciones sobre los titulares reales.
Además, se han firmado 51 acuerdos con sujetos obligados en la lucha contra el blanqueo de capitales, desde bancos hasta inmobiliarias, que solicitan información de esta base para cumplir con su deber de conocer quién es el titular real de una sociedad.
El OCP también ha creado la BDRP, en la que están identificadas 39.437 personas físicas, 22.467 personas con responsabilidad pública por elección o por designación; 16.970 personas allegadas; 2.088 por ser titulares reales de una sociedad en la que también participa una persona con responsabilidad pública y 14.882 con relaciones empresariales estrechas con una persona con responsabilidad pública.
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