Hasta el momento, hay seis detenidos y 40 investigados y no se descartan más arrestos.
La Policía Nacional desarticula una trama que facilitaba la concesión de ayudas económicas a falsas víctimas de malos tratos
A cambio, las mujeres beneficiarias debían pagar en torno a 4.000 euros, de los cuáles 1.000 iban a parar al actor agresor
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04/2/2021 11:15
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Actualizado: 04/2/2021 11:39
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La Policía Nacional ha detenido en El Ejido (Almería) a seis personas que integraban un grupo criminal especializado en obtener permisos de residencia y beneficios económicos «derivados de situaciones de violencia de género irreales, amparándose todo ello en un fraude de ley».
La finalidad era fingir una situación de maltrato, forzar una denuncia falsa, y así obtener la renta activa de reinserción, y en su caso, un permiso de residencia para mujeres extranjeras en situación irregular en España.
A cambio, las mujeres beneficiarias, que podían obtener una renta que ronda los 430 euros mensuales, debían pagar en torno a 4.000 euros, de los cuales, entre 1.000 y 1.500 euros iban a parar al actor agresor.
Hasta el momento hay 6 arrestados, a los que se les imputan los delitos de pertenencia a grupo criminal, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, simulación de delito y denuncia falsa.
Según ha podido saber Confilegal de fuentes policiales, los detenidos son hombres, españoles, con edades comprendidas entre los 33 y los 48 años.
Además, hay 40 investigados, «que son las mujeres que pagaron ese dinero, los actores agresores y algunas personas que simularon ser testigos reales de la agresión falsa», explican las mismas fuentes.
Los detenidos pasaron el pasado 29 de enero a disposición judicial, y se ordenó el ingreso en prisión provisional de cinco de ellos.
La investigación continúa abierta, y la Policía Nacional no descarta más arrestos.
La operación, bautizada como ‘Fres-Onu’, ha sido desarrollada por agentes de la Comisaría de Almería y de El Ejido.
Según han informado desde la Comisaría Provincial de Almería, los agentes detectaron una red organizada dedicada a la captación de mujeres extranjeras en situación irregular en el territorio español, quienes «a cambio de una suma de dinero, les ofrecían la posibilidad de conseguir una tarjeta de residencia en España y una renta mensual, siempre que presentaran denuncias falsas de violencia de género, simulando ser víctimas de malos tratos por parte de supuestas parejas con quienes pactaban el fraude».
Indica que las informaciones obtenidas por los investigadores de la Policía fueron aportando datos precisos sobre el modus operandi empleado por la organización.
«Desde el mes de marzo del año pasado, los agentes han ido recopilando indicios suficientes sobre esta trama, formada por personas de origen español y magrebí», detalla.
Según informa, las mujeres extranjeras eran atraídas por dicha organización, asegurándoles que se trataba de una práctica sencilla, sin riesgos, y con la efectividad de conseguir el último caso una autorización de residencia y un ingreso económico mensual por parte de la Administración.
RENTA ACTIVA DE INSERCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA
La Policía recuerda que la Ley de Medidas de Protección Integral contra Violencia de Género prevé que cuando una mujer es víctima de una situación de violencia, pueda beneficiarse de la denominada Renta Activa de Reinserción, lo que le supondría un ingreso mensual renovable durante tres anualidades, del 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).
Señala que para que la misma opere, es necesaria una sentencia judicial, informe del Ministerio Fiscal o vigencia de una Orden de Protección.
Añade que en este mismo sentido, el articulado de la Ley de extranjería prevé que cuando se trate de víctimas extranjeras y sin permiso de residencia válido, como medida de protección se les conceda una Autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, desde el mismo momento de presentar la denuncia en la Policía Nacional y su correspondiente Orden de Protección.
FALSAS AGRESIONES EN LUGARES PÚBLICOS
La Policía explica que una vez inducida la mujer, y siempre previo pago de una cantidad económica que rondaba los 4.000 euros, la organización «ofrecía los servicios de un varón de nacionalidad española, quien estaba dispuesto a simular que ambos tenían una relación de pareja o análoga».
Añade que «siguiendo un guión establecido, convenían acudir a un lugar público. Allí, y en presencia de varios testigos, fingían mantener una discusión, la cual siempre derivaba en una agresión física no grave sobre la mujer, siendo los testigos quienes solicitaban entonces la presencia policial».
La Policía destaca que las declaraciones de los testigos eran «cruciales para dar instantánea credibilidad al fraude, y posteriormente, condicionantes sobre el sentido de la sentencia condenatoria y sus medidas cautelares».
Apunta que el presunto agresor accedía a la representación de dicho teatro a cambio de una contraprestación económica que oscilaba entre los 1.000 y los 1.500 euros.
Según explica, «la falsa víctima y promotora del fraude, en el momento de la celebración del juicio ratificaba su declaración, y a partir de ahí se convertía en beneficiaria del elenco de servicios que la administración tiene establecido para las “verdaderas” víctimas de malos tratos, como son la renta económica mensual y la residencia legal en España».
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