Los expertos consultados por Confilegal reclaman a Miquel Iceta, ministro de Política Territorial y Función Pública, más claridad en sus actuaciones.
La querella admitida de la Plataforma de Interinos de Cataluña refleja la gravedad de la situación y la falta de voluntad política
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16/4/2021 06:48
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Actualizado: 15/4/2021 19:33
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La admisión de la querella interpuesta por la Plataforma de Interinos de Cataluña (PIC) por el abogado penalista Andrés Maluenda viene a abrir otro frente en el complejo asunto al que se enfrentan desde años en España cerca de 900.000 interinos pendientes de ser fijos.
Los expertos consultados por Confilegal reclaman a Miquel Iceta, ministro de Política Territorial y Función Pública, más claridad en sus actuaciones y que evite cualquier proceso de estabilización por medio de oposiciones, contrarios a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE). “El problema se enquista porque no hay voluntad política de solucionarlo”, señalan.
La solución a este asunto estaría en una reforma legislativa sin coste alguno para las arcas públicas que haría fijo a estos funcionarios interinos. El senador de Compromís Carlos Mulet estima en más de 8.000 millones de euros el coste de indemnizar a estos profesionales.
En cuanto a la querella interpuesta por el despacho de Maluenda. Confilegal hablaba con este penalista que reconoce que es la primera vez que se enfrenta a un caso de este tipo.
“A la vista de las graves injusticias que estaban acaeciendo en sede administrativa, la PIC nos encargó a principios de este año la realización de un Dictamen jurídico sobre la valoración jurídico-penal de las conductas que estaban teniendo lugar en la Administración Pública catalana con respecto a los procesos PESCO”, explica este jurista.
Siendo las conclusiones del mismo favorables para interponer acciones penales, la PIC interpuso querella ante los juzgados de Barcelona por un presunto delito de prevaricación administrativa contra Annabel Marcos, secretaria de Administración y Función Pública de la Generalitat de Cataluña, y contra Pilar Sorribas, directora general de Función Pública, Departamento de Políticas Digitales y Administración Pública de la Generalitat de Cataluña.
La querella, a la que ha tenido acceso este medio de comunicación, con cerca de 50 páginas, detalla de forma minuciosa la situación del colectivo de interinos en Cataluña y como las dirigentes de la Generalitat a sabiendas de que estaban incumpliendo la ley podrían estar cometiendo un delito de prevaricación administrativa, artículo 404 del Código Penal.
“Los hechos objeto de denuncia se refieren a la conducta de las querelladas, quienes, actuando contrariamente al Ordenamiento Jurídico -tanto interno como comunitario-, prosiguieron con la tramitación de ciertas convocatorias de concursos selectivos enmarcados en los procesos selectivos PESCO, omitiendo revocarlos en vía administrativa cuando venían obligadas a ello, sabiendo que dichas convocatorias eran ilícitas”, señala Maluenda.
“Con ello sabían que estaban vulnerando los derechos de todos los trabajadores interinos quienes les advirtieron de la gravedad de su conducta en distintos foros. El no haberlos contestado supone igual que hubieran dictado una resolución injusta”, subraya.
Para este jurista el problema es sencillo, “la Generalitat en este caso y otras comunidades autónomas lo que están haciendo es convocar unas oposiciones a unos determinados cuerpos de funcionarios. Cuando se incorporen habrá regularizado su situación. Las plazas las cubrirán funcionarios de carrera pero no está claro que se adjudiquen a profesionales interinos”.
Andrés Maluenda, abogado.
Sin embargo, “habrá que ver cuál es el futuro de muchos profesionales que llevan entre quince y veinte años trabajando de forma interina. Ese es el problema del proceso selectivo para estos profesionales que no les da precisamente ventajas y que vulneran sus derechos como interinos”, aclara este abogado.
Así pues, la querella, que fue presentada el pasado 26 de marzo, ha sido admitida por el juzgado de Instrucción 9 de Barcelona, citándose a las querelladas para que declaren en calidad de investigadas el próximo día 21 de junio de 2021.
“Como pronto hasta dentro de seis meses no tendremos sentencia, pero esta iniciativa puede cuajar en otras comunidades autónomas que podrían seguir los pasos de esta Plataforma y abrir la vía penal ”, señala Maluenda.
Un salto cualitativo importante
Por su parte, Javier Arauz, conocido abogado especializado en estos tipos de pleitos, señala que “el abuso de la temporalidad tiene un componente reprobable. El abuso es el mayor delito que existe en nuestro ordenamiento civil. Transformar el abuso en un ilícito penal es un paso cualitativo importante. Habrá que ver dónde nos lleva este salto cualitativo”.
Desde su punto de vista, “debe hacer pensar a las autoridades administrativas en dar una solución a este problema. Esta posición de la jueza de Barcelona se puede extender en otras jurisdicciones”, apunta.
Javier Arauz, abogado.
Para este jurista, “tener a trabajadores públicos en precariedad a lo largo de veinte o treinta años de su carrera profesional no solo es un abuso, sino que puede ser algo más”.
Recuerda que “la sentencia de marzo de 2020 del TJUE deja claro que los procesos selectivos que las diferentes administraciones españolas quieren poner en marcha no es una vía sancionadora de acuerdo a este derecho comunitario. Son procesos abiertos en los que participan aquellos profesionales que no han sufrido abusos”.
Arauz señala que “si a pesar de este fallo judicial, se articulan procesos selectivos, tendrán las administraciones que asumir su responsabilidad. Vivir en precario es muy duro. Implica precariedad personal y familiar y el abuso continuo del empleador a estos profesionales sometidos a un régimen de despido libre y gratuito, con lo cual hacen lo que quieren con ellos”.
A juicio de este experto en contratación pública, “el ministro Iceta no puede esperar más y debe buscar una solución al asunto. Ahora tenemos la duda de la solución que puede buscar a esta problemática. Creo que es importante resolver la situación de estos profesionales, con una estabilización laboral que merecen y procurar que este tipo de abusos no se puedan cometer de nuevo”.
Falta voluntad política
Para Fabián Valero, socio director de Zeres Abogados, no es descaminada la acción penal en una situación como la que viven los miles de interinos de nuestro país.
“Todas las irregularidades que se hacen en la Administración no tienen sanción alguna para los responsables de la situación. El coste lo estamos soportando los ciudadanos, bien mediante el pago de indemnizaciones o incluso el coste que supone para la justicia».
“Al final quien está permitiendo esta situación estructural de abuso durante muchos años y algo endémico son los responsables políticos de la administración. Parece razonable que pudieran asumir las consecuencias de este tipo de situaciones”.
Valero, que ha defendido a muchos profesionales interinos, reconoce por experiencia propia que “en todas las administración hay casos de abusos. Hay algunos que son casos aislados en administraciones pequeñas, pero en otras el abuso en sectores como sanidad, educación o justicia donde el abuso es masivo”.
Para este abogado el problema actual es que “chocan los intereses de los trabajadores en fraude con los de los opositores. Y si intentas contentar a todos no contentas a ninguno. Las personas que llevan tantos años en situación de abuso deben tener una respuesta definitiva a esta situación”
En su opinión, “no podemos seguir dando largas, es una cuestión que arranca en nuestro país en los años precedentes a la anterior crisis económica. Han pasado quince años y el problema es más grave. La tasa de temporalidad sigue creciendo y a este paso es posible que la mitad de los empleados públicos de la administración sean temporales”.
Fabián Valero, socio director de Zeres Abogados.
Desde su punto de vista hace falta una reforma de la función pública importante desde diferentes aspectos. “Hay que dar una respuesta definitiva a estos profesionales. Las que se están estudiando no responden a las necesidades, como es la de ese Estatuto Básico del Empleado donde se habla de la consolidación desde concursos oposiciones no es lo que pide la Unión Europea”.
Para este abogado, “es necesaria una respuesta más contundente. Si no se logra una solución efectiva, habrá más demandas y sentencias judiciales que apoyan los intereses de este colectivo. Esto puede hacer que la vía penal se incremente y pueda haber en el futuro políticos condenados”, advierte.
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