El objetivo es convertir los más de 3.000 juzgados que hay en España en 431 Tribunales de Instancia, es decir, uno por partido judicial. Foto: Confilegal.

Todas las claves del Anteproyecto de Ley del Ministerio de Justicia para transformar los juzgados en tribunales de instancia

El departamento de Juan Carlos Campo prevé un calendario de implantación para esta reforma de tres años

Irene Casanueva

25/4/2021 06:47

Actualizado: 24/4/2021 20:39

Esta semana el Ministerio de Justicia aprobó el anteproyecto de Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de la Justicia lo que se traduce en una reforma de la planta judicial, es decir, de la organización de la estructura de la Administración de Justicia.

En la base de este nuevo modelo que plantea el departamento de Juan Carlos Campo está, entre otras cosas, convertir los juzgados unipersonales -aquellos en los que hay un solo juez o magistrado- en Tribunales de Instancia y transformar los juzgados de paz en Oficinas de Justicia en los municipios.

Actualmente en España hay 431 partidos judiciales con 3.627 juzgados (Primera Instancia, Instrucción, Penal, Social, Mercantil…) el objetivo es convertir esos más de 3.000 juzgados en 431 Tribunales de Instancia, es decir, uno por partido judicial.

El Ministerio, según ha explicado el secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero, en un encuentro con los medios de comunicación, plantea completar esta reforma en un plazo de 3 años. Hasta entonces, según se marca en el anteproyecto, la constitución de los Tribunales de Instancia se realizaría de manera escalonada.

CALENDARIO PREVISTO DE IMPLANTACIÓN

• El 1 de octubre de 2022 los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción y los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, en aquellos partidos judiciales donde no exista otro tipo de juzgados, se transformarán, respectivamente, en Secciones Civiles y de Instrucción únicas y Secciones de Violencia sobre la Mujer.

• El 1 de diciembre de 2022, los Juzgados de Primera Instancia, los Juzgados de Instrucción y los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, en los partidos judiciales donde no exista otro tipo de Juzgados, se transformarán, respectivamente, en Secciones Civiles, Secciones de Instrucción y Secciones de Violencia sobre la Mujer.

• El día 1 de julio de 2023, los restantes Juzgados, no comprendidos en los supuestos anteriores, se transformarán en las respectivas Secciones conforme a lo previsto en la ley.

Con estas previsiones, por ejemplo el partido judicial de Guadalajara que, a día de hoy cuenta con 6 juzgados de Primera Instancia, 4 de Instrucción, 2 de lo Social, 1 de Familia, 1 de lo Mercantil, 1 de Menores, 1 de lo Contencioso-Administrativo quedaría constituido en 2023 con un Tribunal de Instancia con 9 secciones.

Asimismo, la provincia de Guadalajara que ahora tiene 20 órganos unipersonales y 285 juzgados de paz en 2023 tendría 3 Tribunales de Instancia y 285 Oficinas de Justicia de municipio.

Estos Tribunales de Instancia, según el Ministerio, pretenden facilitar «fórmulas de gestión y organización más eficientes».

Esto incluye reasignación de la carga de trabajo en la sección y entre secciones, especialización de plazas que asuman con carácter exclusivo asuntos como, por ejemplo cláusulas suelo y colegiar decisiones en asuntos complejos o de especial magnitud, de manera que el juez de reparto tenga otros dos de refuerzo. Un ejemplo de esto último sería el ‘caso Prestige’.

Por otro lado, se promoverá la unificación de criterios entre los miembros del Tribunal de Instancia cuando haya diversidad de visiones en asuntos sustancialmente iguales, una unificación que se llevará a cabo por la Junta de Sección.

Esto, según Justicia, no afecta a la independencia judicial porque el juez o magistrado que no comparta los criterios comunes podrá separarse de ellos a través de una resolución motiva.

CAMBIOS EN LA OFICINA JUDICIAL

La principal novedad pasa por la desaparición de las Unidas Procesales de Apoyo Directo y el Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento, cuyas funciones serán asumidas por las Unidades Procesales de Tramitación (UTRAM).

Al frente de estas unidades habrá un letrado de la Administración de Justicia (LAJ) -antes secretarios judiciales- como director que coordinará las funciones de los restantes LAJ.

Por su parte, los juzgados de paz se transformarán en las Oficinas de Justicia en los municipios, que dependerán funcionalmente de la Oficina Judicial.

Esta modificación de los juzgados de paz supone dar más funciones a estas unidades, por ejemplo, se podrán realizar gestiones de índole procesal con cualquier órgano judicial, como por ejemplo otorgar poderes de representación, acceder al Registro Civil o soporte a unidades de Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC). También de otras caracterísiticas como dar servicio a otras administraciones.

9 MILLONES DE EUROS PARA UNA REFORMA AMBICIOSA

La reforma del departamento de Campo, que cuenta con un presupuesto de 9 millones de euros es, desde luego, ambiciosa. Y es que, los plazos que maneja el Ministerio se alejan de lo sucedido durante los últimos años con otras reformas de calado.

Es el caso de la reforma de la nueva Oficina Judicial que se activó hace algo más de 10 años en el territorio Ministerio y a día de hoy solo está implantada en un 10% del Estado y la reforma del Registro Civil que se aprobó en 2011 y no llegó a entrar en vigor, ya que sufrió varios aplazamientos de manera que la ‘vacatio legis’ finalizaba el 30 de abril de este año.

Precisamente, la reforma de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, está ultimando ahora su tramitación.

Esta nueva organización de la planta judicial, cuyo anteproyecto se aprobó este martes, forma parte del plan ‘Justicia 2030’ de Campo y que incluye otras dos reformas: la de Eficiencia Procesal, anteproyecto aprobado en diciembre, y otra de Eficiencia Digital que se aprobará proximamente.

Tras la fase de consulta publica, en noviembre de 2020, y su paso por el Consejo de Ministros, el Ministerio se ha reunido esta semana con las asociaciones de la carrera judicial y fiscal, de letrados de la Administración de Justicia, así como abogacía, procura y graduados sociales para explicar el anteproyecto y analizar de manera conjunta las mejoras del texto antes de continuar su tramitación.