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[Opinión] Cartas desde Londres: La complicada relación entre la abogacía inglesa y China

Josep Gálvez relata en su columna el choque de trenes entre la abogacía británica y el gobierno comunista chino.
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Anda el “Bar” de Inglaterra y Gales muy alborotado últimamente con las relaciones que mantiene con el gobierno chino. Una situación en consonancia con el cambio que está experimentando el Reino Unido respecto al país asiático en los últimos años, pasando de ser el mayor defensor de China a ser actualmente uno de sus mayores críticos.

Y sorprende especialmente cuando, además, la relación comercial del país con China tiene un valor aproximado de 7.000 millones de libras (un poco más de 8.000 millones de euros), lo que convierte al gigante asiático en el cuarto socio comercial, el sexto mercado de exportación y nada menos que el tercero en la importación.

Imaginen lo que supone todo eso en servicios jurídicos.

UNA RELACIÓN ESPECIAL DEL DERECHO INGLÉS CON HONG KONG

Como es sabido, por razones históricas y prácticas que se remontan, al menos, a los tiempos del Imperio Británico, el derecho inglés se sigue utilizando ampliamente en todo tipo de transacciones internacionales tanto en Asia, como en África, Oriente Medio o Europa.

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En efecto, la combinación de un uso expansivo del idioma inglés, la confianza y prestigio de sus tribunales y la inercia de una gran tradición jurídica que se remonta a la Edad Media, hace que el “common law” siga siendo la ley aplicable preferida en todo tipo de inversiones y proyectos transfronterizos en todo el mundo y también en China.

Cualquiera que haya visitado Hong Kong habrá visto que la influencia inglesa sigue aún muy presente, sobre todo al haber sido una colonia británica durante 156 años.

Concretamente hasta el día 1 de julio de 1997, cuando la soberanía del territorio fue devuelta a China, en el llamado proceso de “retorno” al continente asiático.

No obstante, los grandes despachos de abogados ingleses siguen teniendo grandes intereses en explotar la que, según muchas previsiones, será la mayor economía del mundo antes de que termine esta década.

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De tal manera, estas firmas cuentan con grandes oficinas en Hong Kong y en China continental ya que el derecho inglés continúa siendo el derecho más utilizado en todo tipo de transacciones internacionales, aunque no tenga nada que ver ya con Inglaterra.

Así, por ejemplo, un “solicitor” que asesore en fusiones y adquisiciones transfronterizas o un “barrister” que actúe en procesos de arbitraje internacional puede hacerlo perfectamente en Hong Kong, dado que el extenso ámbito de aplicación del derecho inglés permite muchas oportunidades profesionales tanto en el ámbito internacional como particularmente en Asia.

No obstante, más allá de las complejidades geopolíticas, lo cierto es que la relación de China con el mundo jurídico inglés se ha enfriado últimamente a consecuencia de algunas cuestiones relacionadas con los derechos humanos, lo que pone en peligro un importantísimo negocio en materia de servicios legales, como veremos.

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EL CASO DEL “BARRISTER” DAVID PERRY QC, UN AVISO A NAVEGANTES

Este asunto tiene que ponerse primero en contexto con la creciente presión policial y judicial que el gobierno chino está ejerciendo en Hong Kong contra los opositores al régimen de Beijing, quienes se están viendo privados de las libertades de las que gozaban -paradojas del destino- bajo el estatus colonial británico.

A ello hay que añadir, además, que el Reino Unido se ha erigido en estos últimos tiempos en un “puerto seguro” frente a la imparable apisonadora china, de tal manera que, por ejemplo, solamente durante el pasado mes de septiembre de 2020, se entregaron pasaportes británicos a casi 60.000 hongkoneses.

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Por si esto no fuera suficiente, el ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Dominic Raab se reunió con Lord Reed, el presidente del Tribunal Supremo, para discutir la conveniencia de que los jueces británicos sigan siendo nombrados como jueces no permanentes del Tribunal de última instancia de Hong Kong.

Pues bien, para caldear aún más el asunto, si cabe, el abogado elegido para llevar a cabo la acusación contra uno de los más importante grupos de estos activistas prodemocracia ha sido, precisamente, inglés.

En efecto, el “barrister” contratado por el Departamento de Justicia de Hong Kong -dependiente de Beijing- fue David Perry QC, un conocido penalista londinense, perteneciente al “Lincoln’s Inn”, con gran experiencia al haber participado en varios procesos penales en Hong Kong y, cuya intervención en esa jurisdicción se permite por la “inusual complejidad e interés público del asunto”.

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Así que, el pasado mes de enero de 2021, Perry fue designado como abogado de la acusación contra nueve de los principales activistas prodemocracia de Hong Kong por unos presuntos delitos de orden público consistentes en organizar y participar en una reunión no autorizada en 2009.

La decisión de Perry de aceptar el encargo no gustó un pelo en el Reino Unido, de tal manera que fue muy criticado, llamándolo de “mercenario” para arriba, e incluso llegando el tema al parlamento británico, donde le dieron aún más caña.

En el “Bar” se llegó a incluso a plantear por algunos colegas que Perry podría perder su condición de “Queen’s Counsel” (“QC”) al haber entrado «en claro conflicto con uno de sus deberes fundamentales” en relación al derecho inglés y al acuerdo de 1984 respecto a Hong Kong

Además de los encendidos discursos a favor o en contra de la decisión de Perry, los ministros de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Estados Unidos, Australia y Canadá emitieron una declaración conjunta en la que expresaban su «grave preocupación» por las detenciones de estos opositores.

El resultado de todo ello fue, como se imaginarán, la expresa renuncia de David Perry al caso.

SANCIONES DE CHINA A “BARRISTERS” Y A UNA “CHAMBERS”

En este ambiente algo enrarecido, se ha unido además una reciente polémica con las autoridades chinas a propósito de unas supuestas críticas efectuadas por unos “barristers” a propósito de los derechos humanos nuevamente.

Pues sí. El pasado 22 de marzo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China anunció la imposición de sanciones, entre otros, a la célebre Essex Court Chambers, junto a otras nueve personas, entre ellas, los “barristers” Baroness Kennedy QC y Sir Geoffrey Nice QC.

Las sanciones consisten en la prohibición de entrar en la China continental, en Hong Kong y en Macao.

Y además les prohíbe a estas personas y sus miembros a hacer negocios con ciudadanos e instituciones chinas, bloqueándose cualquier activo o propiedad que tengan en China.

¿La razón? Pues haber difundido «mentiras y desinformación» sobre el trato a los musulmanes “uigures” en la provincia china de Xinjiang.

Según parece, a principios de este año, algunos “barristers” de la indicada “chambers” elaboraron un dictamen jurídico a instancia de “Global Legal Action Network”, una ONG británica que lleva a cabo acciones contra aquellos países implicados en violaciones de los derechos humanos.

De tal manera, en el referido informe se incluían sutiles críticas, tales como que los actos llevados a cabo por China contra la comunidad “Uighur” en la región de Xinjiang “equivalían a crímenes contra la humanidad y de genocidio”.

Como se imaginarán, el informe no gustó demasiado en Beijing y de ahí las sanciones a todo lo que se movía, incluyendo a toda una “chambers”.

La cuestión es que la decisión del gobierno chino no solamente ha demostrado el evidente desconocimiento sobre el particular funcionamiento y estructura de las “chambers” inglesas, donde cada “barrister” es completamente independiente, sino que, además, ha derivado en el rechazo unánime de todas las instituciones de la abogacía del Reino Unido e incluso de Irlanda.

En efecto, los cuatro colegios profesionales, “The Bar Council of England and Wales”, “The Bar Council of Ireland”, “The Bar Council of Northern Ireland” y “The Faculty of Advocates of Scotland”, han salido en tromba para defender a los afectados en un comunicado, calificando las medidas de ser «un ataque indiscriminado» e «incompatible con el respeto al Estado de Derecho».

No obstante, a pesar de esta loable postura de “keep on rockin’ in the free world” hay que recordar los importantes intereses de la gran abogacía de los negocios en la zona, donde por el contrario, la máxima parece ser aquello “do nothing to upset China”(«no hacer nada para molestar a China»), no sea que se acabe el negocio.

Veremos qué pasara.

La semana que viene, más.

por Josep Gálvez.

Letrado en Del Canto Chambers (Londres) y socio director de la firma GALVEZ PASCUAL (Barcelona), Josep Galvez es un abogado especializado en litigios complejos y arbitrajes internacionales. Desempeñó una gran parte de su carrera como Magistrado-Juez y compatibiliza su práctica profesional con la docencia en la Universidad de Barcelona y en ISDE. Es igualmente miembro de la Honourable Society of Lincoln’s Inn, la International Bar Association y de los Ilustres Colegios de Abogados de Madrid y Barcelona.
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