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Tres Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional investigan estafas piramidales con criptomonedas

Las criptomonedas se han convertido en el último elemento novedoso para dar vida a nuevas formas de estafas piramidales. Ahora la Audiencia Nacional tiene el cometido de identificar responsabilidades.
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Son el Juzgado Central de Instrucción 4, del que es titular José Luis Calama, el Central de Instrucción, a cuyo frente está Santiago Pedraz, y el Central de Instrucción 6, con el magistrado de refuerzo Joaquín Gadea, de lleno en ello.

Los tres investigan sendos casos de supuestas estafas piramidales con las criptomonedas como elemento innovador en este tipo de delitos.

El 21 de abril se conoció que Calama aceptaba la inhibición de un juzgado de instrucción de Arona (Tenerife) y se hacía cargo de la investigación de una trama piramidal que usaba la inversión en criptomoneda a través de una mercantil denominada Arbistar 2.0 SL para presuntamente estafar  a sus clientes.

Hasta ahora se han cifrado las víctimas en 1.127 personas. Y el perjuicio económico en más de 41 millones de euros. Según pasan los días, puede que los afectados se eleven a 32.000 personas y el dinero perdido a los 100 millones de euros.

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Calama apuntaba que los investigados en esta causa, bajo la dirección de Santiago Fuentes Jover, podrían haber cometido delitos de estafa agravada, organización criminal y delito continuado de falsificación en documento mercantil.

La trama, según el juez, prometía rentabilidades de entre el 8 por ciento y el 15 por ciento mensual, y pagaba a los propietarios de las criptomonedas semanalmente.

«Pero lo que esta trama hizo presuntamente fue utilizar una parte del dinero obtenido de los inversores para entregarlo a otros inversores anteriores en pago de los altos intereses convenidos», indicaba.

BIOSCA Y ALGORITMHMICS GROUP

De forma paralela, el magistrado Santiago Pedraz dictó un auto el 4 de mayo por el que finalmente se declaraba competente, admitiendo una querella de nueve particulares contra Algoritmhmics Group y contra su creador Javier Biosca, su mujer Paloma Gallardo y su hijo Sergio Biosca Gallardo.

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Los delitos que se les imputan son 9: Estafa, delito continuado apropiación indebida, receptación y blanqueo de capitales, asociación ilícita, delitos contra la Hacienda Pública, cohecho, delitos societarios, encubrimiento y falsedad en documento público.

La Audiencia Nacional ponía el foco en que sobre este mismo ‘negocio’ sobrevolaban otras querellas más, como la de la Asociación de Afectados por las Inversiones en Bitcoins –representada por el bufete de Emilia Zaballos–, que calcula que los afectados podrían rondar las 300 personas, y el dinero superaría los 210 millones de euros.

En la querella de esta asociación se detalla que Biosca y su familia crearon un negocio dedicado a las inversiones en criptomonedas en 2019 pero que carecía de todo tipo de autorizaciones dado que no estaba inscrito por ejemplo en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

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Tras montar ese ‘chiringuito financiero’ comenzaron a captar clientes que debían entregar su dinero a Biosca, quien garantizaba una rentabilidad entre el 20 y del 25 por ciento semanal –al menos al inicio–.

Dado que los primero inversores comenzaron a recibir beneficios, se corrió la voz entre familiares de estos alabando la figura de confianza de Biosca y el negocio pasó rápidamente de los 30 inversores a los 500.

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Pero durante la pandemia y el confinamiento se produjeron las primeras situaciones de irregularidad con incumplimiento por parte de Biosca, que dejó de pagar a casi todos los inversionistas, lo que produce la primera situación de desconfianza. Y es a finales de octubre cuando desde Algoritmhmics Group dejó de hacer abono de cantidad alguna.

KUILIAN Y SUS ‘KUAIS’

Mientras Calama y Pedraz comenzaban con Arbistar y Algoritmhmics, el juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6, Joaquín Gadea, ya estudiaba minuciosamente un tercer caso, el de la mercantil Kuailian.

Según el auto por el que admitía la causa en abril, los afectados se querellaban por hechos que podrían ser constitutivos de delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsedad y contra la Hacienda Pública.

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El magistrado explica que los cuatro querellados idearon un sistema de inversión en criptomonedas que publicitaban por redes sociales y que recibía el nombre de Kuailian y en el que se ofertaba un producto denominado ‘kuais’ con un contrato de 1.000 días de duración.

Los interesados invertían en kuais con la criptomoneda ethereum y para ello previamente debían tener un monedero con ese tipo de divisa alternativa.

Los clientes además podían captar nuevos afiliados a la plataforma de modo que recibían el 10 por ciento de la inversión de los nuevos captados en un primer nivel.

Se generaba así «una red exponencial de captación masiva que ha llevado a un número indeterminado de personas a la plataforma» y que el juez refiere en su auto como de sistema piramidal.

«La captación de nuevos inversores alimentaría la base de la pirámide, permitiendo la restitución y el abono de beneficios a los inversores iniciales, sin que la operativa responda a un negocio real», indica, para luego añadir que esta sociedad está radicada en Estonia pero es operada por los querellados desde España.

Pero ahora, los querellantes señalan que se incumplen condiciones pactadas con Kuailian y que se les niegan el reembolso de los rendimientos convenidos. «Se informa de que han solicitado la devolución del importe de la moneda virtual invertida, sin respuesta por parte de los responsables de la compañía», añade.

Si bien el número de afectados por esta empresa «está por determinar», según el juez, fuentes jurídicas consultadas por Europa Press indican que aproximadamente 65.000 personas podrían haber caído en la presunta estafa, y que el fraude puede rondar los 500 millones de euros.

Gadea, con el objetivo de asegurar la realidad de los hechos denunciados ha acordado librar oficio a la Unidad de Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) para que comprueben la existencia de tal compañía y de los querellados, que analice los productos ofertados y que recopilen todas las denuncias presentadas contra estas personas y contra la mercantil Kuailian. Acuerda también oficiar a la Agencia Tributaria para que informe de si existe supervisión o inspección sobre la empresa o los querellados.