El hombre que planteó la «enmienda Bandrés» renegó después de la reforma de elección del CGPJ por el Parlamento
Juan Mari Bandrés era diputado de Euskadiko Ezkerra, partido que en 1993 se integró en el PSOE, abogado de profesión, un hombre de reconocida ética y profundo demócrata. En su columna, publicada 5 años después de la promulgación de la LOPJ, reconoce abiertamente que se equivocó y que, incluso, sintió "vergüenza" por ello.

El hombre que planteó la «enmienda Bandrés» renegó después de la reforma de elección del CGPJ por el Parlamento

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13/2/2022 06:51
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Actualizado: 12/8/2022 08:11
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Juan Mari Bandrés, diputado por Euskadiko Ezquerra, cuyo apellido ha pasado a la historia por ser el autor de la llamada «enmienda Bandrés» de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, por la que se suprimió la elección por la carrera judicial de los 12 vocales jueces del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), renegó de aquello cinco años después, en 1990.

Públicamente, a través de una columna en El País, titulada «Yo tuve la culpa», reconoció que se equivocó.

«Esto no tiene nada que ver con lo que diseñamos política y jurídicamente entonces. La verdad es que esto da mucha vergüenza«, escribió el 31 de octubre de 1990.

Bandrés confesó que entonces no pensó en la capacidad «de algunos partidos políticos para subvertir todo lo que tocan».

«La exigencia de mayorías cualificadas era una estricta invitación al consenso democrático para designar a los ‘mejores’. Nada tiene que ver con este grosero y ramplón reparto de la tarta del poder judicial, incluida la guinda presidencial», escribió.

«Pero nunca pensé en el señor Martín Toval [Eduardo Martín Toval, entonces portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados] oficiando de cocinero mayor del Parlamento. Aunque votasteis en contra de aquella enmienda de Bandrés y no os lo merezcáis, esto para ti, Rato [Rodrigo Rato, entonces diputado de Alianza Popular, después PP]. Ésta es tu parte, Roca [Miquel Roca Junyent, presidente del Grupo Parlamentario Catalán]. Esto para ti, Caso [José Ramón Caso, secretario general del Centro Democrático y Social, fundado por Adolfo Suárez]. Aquí está lo tuyo, Anasagasti [Iñaki Anasagasti, Grupo Vasco]. Lo siento, para ti nada, Sartorius [Nicolás Sartorius, del Partido Comunista], por malo. Los del Mixto, como siempre, castigados sin postre. ¡Ah!, y no os olvidéis: presidente, don fulano de tal, y si no, no hay tarta», describió Bandrés.

En aquel Congreso de los Diputados de 1985, que aprobó la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), el PSOE que lideraba el presidente del Gobierno, Felipe González, contaba con 202 diputados (de un total de 350; el 57,7 % de todos los escaños), la mayoría más grande jamás conseguida por un partido en la época democrática.

«YO TUVE LA CULPA»

El Gobierno encontró en el primer CGPJ de la historia, que presidió Federico Carlos Sainz de Robles, cuyos 12 vocales jueces habían sido elegidos por la carrera judicial, un contrapoder duro.

Ese fue el caldo de cultivo que propició el cambio en la elección de los 12 vocales de procedencia judicial a través de la «enmienda Bandrés»; de la carrera judicial, por voto secreto y directo –como ahora reclaman por unanimidad las cuatro asociaciones judiciales– al Parlamento.

El Gobierno quería un CGPJ más afín y comprensivo.

«Yo tuve la culpa o, si lo prefieren, mi enmienda número 25 al artículo 124 del proyecto de ley orgánica del Poder Judicial. Decía así la enmienda de Euskadiko Ezkerra: ‘…los vocales serán nombrados, 10 a propuesta del Congreso de los Diputados y otros 10 a propuesta del Senado, por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales y entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de 15 años en el ejercicio de su profesión, debiendo ser 12, como mínimo, el número de los jueces y magistrados propuestos’. Me estaba refiriendo, naturalmente, a la composición del Consejo General del Poder Judicial. Era el 27 de octubre de 1984 y la polémica estaba servida», relató el entonces diputado.

«Lo cierto es que la enmienda hizo tilín al PSOE, sobre todo al entonces presidente de la Comisión de Justicia e Interior, Pablo Castellanos. También le gustó al ministro de Justicia, Fernando Ledesma, y la enmienda inició su carrera reglamentaria con buena estrella. Con mejor estrella que aquella otra por la que yo pretendía la supresión pura y simple de la Audiencia Nacional», añadió.

«Tronaron contra mi enmienda las derechas sempiternas, y el debate, rebasando el ámbito parlamentario, salió a la calle. Para los jueces conservadores era casi una injuria, pero tampoco todos los jueces progresistas estaban de acuerdo con el nuevo sistema«.

«Aprobar la enmienda suponía romper el mecanismo, hasta entonces en vigor, que consagraba que treinta y tantos millones de ciudadanos -incluidos jueces y magistrados- nombraran, a través de sus representantes políticos, diputados y senadores, ocho vocales del consejo. Y dos mil y pico ciudadanos, sin otra representatividad que una toga y un título obtenidos por oposición, es decir, los jueces y magistrados corporativamente, nombraran los 12 miembros restantes. El sistema, evidentemente, era constitucional, pero no menos constitucional que el que se proponía».

El PSOE invitó a Bandrés y a su partido –que en 1993 se integraría en el Partido Socialista de Euskadi–, a presentar y a sostener la enmienda en el pleno de marzo de 1985, en el que salió aprobada la LOPJ.

UNA MODIFICACIÓN REVOLUCIONARIA

«La modificación pretendida, ciertamente revolucionaria y para algunos hasta escandalosa, era perfectamente constitucional y, a mi juicio, la única capaz de consagrar de modo definitivo la democratización del órgano de gobierno del Poder Judicial y de hacer efectivo el pronunciamiento constitucional que asegura que la justicia emana del pueblo», prosiguió en su columna.

«Los jueces -decía yo en aquella intervención- van a seguir siendo independientes ante su conciencia y van a poderlo ser más todavía, si cabe, porque en lo sucesivo el órgano que les gobierne, el que garantiza precisamente su libertad, va a tener el respaldo más noble y más poderoso que pueda concebirse en democracia: el propio pueblo a través de sus exclusivos y legítimos representantes».

«Así pensaba entonces y así sigo pensando ahora. El procedimiento de elección sigue siendo el mejor, o si se quiere, el menos malo. ¿Qué motivos tenemos para pensar que una elección parcialmente corporativa tuviera menos defectos?».

Bandrés relató que cuando defendió la enmienda pensó «sinceramente en libertad, en independencia judicial, en Justicia con mayúscula, en equilibrio, en soberanía popular y, sobre todo, en el pobre justiciable, que siempre espera. Yo pensé en los grandes principios en cuya defensa me he movido y pienso seguir moviéndome«.

REPARTO DE PUESTOS Y MERCADEO

«Pensé incluso -quiero ser sincero hasta el final- en aquel Consejo General de entonces, notoriamente escorado a la derecha…».

Pero nunca pensó en que la cosa saldría torcida.

«Tienen razón los Jueces para la Democracia. Lo que está en crisis no es el sistema de elección del Consejo. Lo que está en crisis es el propio comportamiento parlamentario. En el Congreso se ha pervertido el sistema, cayendo en un inadmisible reparto de puestos y mercadeo de compromisos que nada tiene que ver con la configuración político-constitucional del Consejo«.

«Me queda una esperanza. He leído la lista de los propuestos. Veinte puestos y 20 candidatos. No habrá debate. La elección será automática. No conozco a todos. Algunos me merecen especialísima consideración y confianza».

«Estoy seguro de que, al menos algunos de estos hombres y mujeres, libres e independientes, van a saber recordar esa condición a sus propios electores a partir del momento mismo de su elección», concluyó.

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