El dictamen, que ha salido adelante por unanimidad, también advierte de los riesgos del uso de inteligencia artificial. Foto: Carlos Berbell/Confilegal
El CGPJ aprueba un informe crítico con la Ley de Eficiencia Digital de Justicia
Critica que el Gobierno difumine y eluda las potestades y funciones del órgano de gobierno de los jueces
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24/2/2022 17:24
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Actualizado: 17/3/2023 10:10
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El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado hoy por unanimidad el informe al Anteproyecto de Ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia, en el que critica que el Ejecutivo difumine y eluda las potestades y funciones del órgano de gobierno de los jueces.
Este informe, que es preceptivo, pero no vinculante, supone un nuevo revés del CGPJ al Gobierno, después de que en enero emitiera otro muy crítico sobre el Anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, en el que advirtió que el Ejecutivo limitaba competencias autonómicas.
En el informe al anteproyecto de ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia, del que han sido ponentes los vocales Victoria Cinto, José Antonio Ballestero, Juan Martínez Moya y Rafael Mozo, también pone el foco en la incorporación de modelos de inteligencia artificial a la tramitación electrónica de los procedimientos judiciales y al dictado de las resoluciones judiciales, y advierte de que la Constitución garantiza el derecho a obtener resoluciones dictadas por un juez o tribunal. Es decir, a que su caso sea resuelto por un «juez-persona».
El texto normativo traspone al ordenamiento jurídico español la directiva (UE) 2019/1151 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre el uso de herramientas procesales digitales en el ámbito del derecho de sociedades, y el CGPJ comparte la finalidad que se persigue, que es lograr «la adaptación de la realidad judicial española del siglo XXI al marco tecnológico contemporáneo».
Durante el debate de la ponencia este jueves, se ha acordado introducir una nueva conclusión advirtiendo de que el anteproyecto incide en el «progresivo desapoderamiento del Consejo en esta materia» que viene observándose al menos desde 2015, con la aprobación de normas como las Leyes Orgánicas 7/2015 y 4/2018, ambas de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
«En el texto objeto de informe las potestades y funciones de este órgano de gobierno del Poder Judicial, al que corresponde la garantía institucional de la independencia en el ejercicio de la potestad y de la función jurisdiccional, aparecen difuminadas, si no abiertamente eludidas o preteridas, en el marco tecnológico que diseña la ley proyectada, en lo que no es sino un hito más de un proceso de desapoderamiento que arranca en la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, y continúa con la Ley Orgánica 4/2018, de 28 de diciembre«, señala la nueva conclusión.
El CGPJ señala que en el anteproyecto «se da preeminencia a una difusa Administración de Justicia y a organismos incrustados en ella, como el Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE), al que se atribuyen numerosas e importantes funciones a la hora de completar e implementar las medidas tecnológicas proyectadas».
En el texto aprobado se cita, además, otros ejemplos como la preterición de la facultad del CGPJ de proveer de firma electrónica a los jueces y magistrados, establecida en la Ley 18/2011, o la subordinación a la autorización de la administración prestacional (Ministerio de Justicia o Comunidades Autónomas con competencias transferidas) del acceso a los sistemas de información por los órganos del CGPJ con competencias de inspección y control.
También advierte el dictamen de la invasión de la competencia reglamentaria del CGPJ en aspectos de la norma referidos al funcionamiento de los órganos de gobierno de los juzgados y tribunales.
El informe, que respalda el objetivo último del anteproyecto, esto es «la adaptación de la realidad judicial española del siglo XXI al marco tecnológico contemporáneo» con el fin de agilizar la respuesta de los órganos judiciales, realiza varias advertencias sobre la necesidad de una regulación adecuada de dicho desarrollo en la medida en que puede afectar a la independencia del Poder Judicial y al derecho constitucional a la tutela judicial efectiva.
La Ley de Eficiencia Digital es la tercera de un paquete normativo cuya finalidad es la eficiencia del servicio público de la Justicia mediante reformas en tres distintos ámbitos: procesal (Ley de medidas de eficiencia procesal), organizativo (Ley de Eficiencia Organizativa) y tecnológico (Ley de Eficiencia Digital). Sobre las dos primeras el órgano de gobierno de los jueces se pronunció el pasado año en sendos informes.
Además, advierte que el anteproyecto no determina con claridad el destinatario de las medidas que contiene, por lo que se genera una confusión entre el ámbito de actuación que es propio de la Administración de Justicia y el del Poder Judicial, quedando el de este último diluido en relación con el que se quiere dotar al primero.
El texto aprobado hoy por el Pleno detecta, además, una confusión de planos de actuación normativa, administrativa y procesal, lo que dificulta su correcta aplicación por los operadores jurídicos -generando inseguridad jurídica- y entra en colisión con el principio de legalidad procesal.
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
El informe analiza de forma detallada la regulación que hace el anteproyecto de la incorporación de modelos de inteligencia artificial a la tramitación electrónica de los procedimientos judiciales y al dictado de las resoluciones judiciales.
Tras recordar que la Comisión Europea ya ha advertido del riesgo que supone la incorporación de la inteligencia artificial a la Justicia, el Pleno recuerda la importancia de contar con una regulación completa y garantista en la que, a diferencia de lo que prevé el anteproyecto, el CGPJ juegue un papel determinante en su condición de órgano de gobierno del Poder Judicial y como garante de la independencia constitucionalmente garantizada de jueces y magistrados.
El CGPJ afirma que pueden verse afectados el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho de los ciudadanos a obtener resoluciones fundadas dictadas por un “juez-persona”.
El Pleno ha acordado introducir una nueva conclusión que señala que en el anteproyecto “se echa en falta la determinación de los criterios de utilización de la jurimetría y de la inteligencia artificial por parte de empresas y particulares a partir de bases de datos, incluso aquellas configuradas por este órgano constitucional; el cual habrá de tener la necesaria participación en la determinación de tales criterios de uso”.
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