El juez acuerda diligencias para determinar la participación de cinco exdirigentes de ETA en el asesinato de Gregorio Ordóñez

El magistrado de la Audiencia Nacional (AN) Alejandro Abascal Junquera ha acordado la práctica de una serie de diligencias con el fin de determinar la participación de los miembros del comité ejecutivo de ETA Ignacio de Gracia Arregi, alias ‘Iñaki de Rentería’; José Javier Arizcuren Ruiz, ‘Txapote’; Mikel Albisu, ‘Mikel Antza’; Julián Achurra Egurola, ‘Pototo’, y Juan Luis Aguirre Lete, ‘Isuntza’, en la toma de la decisión de asesinar al concejal del PP Gregorio Ordóñez, cometido por la banda terrorista el 23 de enero de 1995.

En una resolución de este jueves, el responsable del Juzgado Central de Instrucción Número 1 recuerda el auto de 2015 en el que se admitió la denuncia presentada por Consuelo Ordóñez, presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), contra los cinco exjefes de ETA por su presunta responsabilidad en el asesinato de su hermano como miembros del comité ejecutivo o “ZUBA” de la banda terrorista.

En relación con los hechos narrados en aquel auto, el juez ordena ahora, una vez practicadas las declaraciones de Mikel Albisu e Ignacio Gracia, la práctica de nuevas diligencias para determinar la participación del comité ejecutivo en el asesinato de Gregorio Ordóñez, bien como autores mediatos, bien como responsables del delito cometido por los autores materiales, que ya fueron condenados, en comisión por omisión.

Para ello, ordena a la Guardia Civil la localización y análisis de documentación en poder de miembros de ETA relacionadas con Actas de Reunión del ZUBA o Comité ejecutivo de ETA en fechas inmediatamente anteriores, simultaneas y posteriores al asesinato de Ordóñez para poder corroborar la asistencia a las citadas reuniones de los dirigentes de ETA mencionados en el informe 20/2016, y los temas y asuntos tratados en las mismas, con especial interés en las referencias a acciones contra políticos del Partido Popular en el marco de la estrategia de desestabilización puesta en marcha por ETA a partir de 1994.

Además, pide que se aporte la información que se haya obtenido en dispositivos informáticos obrantes en 138 sellos (precintos judiciales franceses) que fueron intervenidos con ocasión de la detención de Mikel Albisu en octubre de 2004 con el objetivo de revisar si entre los datos hubiera informaciones o indicios relacionados con el asesinato de Gregorio Ordóñez.

El magistrado también ha acordado unir a este procedimiento una serie de informes y sentencias sobre los cinco dirigentes de la banda terrorista y su participación en atentados y secuestros investigados en otras causas judiciales.   

Esta resolución no es firme, cabe recurso de reforma y/o de apelación.

‘ESTRATEGIA DE DESESTABILIZACIÓN’

En la citada resolución de 2005 se establecía que ETA se asienta sobre la base de una jerarquía basada en una rígida disciplina, que, al amparo de la cúpula o comité ejecutivo, asume todas las funciones directivas de forma que no hay nada que esa cúpula no controle, impulse o dirija, como órgano encargado de que se cumplan las líneas estratégicas de la banda criminal, cuyos miembros ostentan la cualidad de dirigentes y responsables de los principales aparatos del grupo, incluido el militar.

La toma de decisiones, señalaba el auto, para llevar a cabo una acción terrorista aplicando la estrategia diseñada por el comité ejecutivo, se difundían a todos los militantes a través de citas orgánicas o cursillos de adiestramiento y publicaciones internas. “El comité ejecutivo, decide, coordina, selecciona los objetivos, envía la información, entrega el material necesario para atentar, designa genéricamente el objetivo y ordena expresamente llevar a cabo el atentado”.

La resolución añadía que después de marzo de 1992, tras la desarticulación de Bidart, los denunciados, García Arregui y Albisu Iriarte consiguieron reorganizar estructural y operativamente la banda incorporando nuevos integrantes a la “nueva dirección de ETA”. Militantes a los que responsabilizan de los principales “aparatos” que habían conseguido recomponer y reorganizar.

Esos nuevos militantes son Arizcuren Ruiz, Achurra Egurola y Aguirre Lete, que pasarán a integrar el nuevo comité ejecutivo de ETA, entre finales de 1994 y 1995. Ya en 1993, estos nuevos dirigentes pusieron en marcha la nueva estrategia con la que recuperarse del éxito policial de Bidart y pusieron en marcha una campaña para desestabilizar al Estado con atentados contra militantes del PP y PSOE.

“El atentado contra don Gregorio Ordóñez Fenollar se encuadra en esa “estrategia de desestabilización” de la que forman parte los denunciados a través del comité ejecutivo o cúpula de ETA” en distintos espacios temporales, concluía aquel auto.

27 AÑOS DEL ASESINATO DE GREGORIO ORDÓÑEZ

El pasado enero se cumplieron 27 años del crimen.

Uno de los tres etarras condenados como cooperadores necesarios en el asesinato de Gregorio Ordóñez se acercó por detrás mientras almorzaba en un bar de la capital donostiarra (La Cepa) con varios compañeros del partido, María San Gil, Enrique Villar e Iciar Urtasun. El asesino le atravesó la cabeza de un disparo.

Los etarras Francisco Javier García Gaztelu, Juan Ramón Carasatorre Aldaz y Valentín Lasarte Oliden, del llamado comando Donosti, fueron condenados por el asesinato. En marzo de 2015 quedó libre Lasarte, tras cumplir 18 años.

Gregorio Ordóñez estaba casado con Ana Iríbar y tenía un hijo de 14 meses, Javier.

En el responso del 27º aniversario del crimen, la presidenta de Covite acusó a la izquierda abertzale de haber sido cómplice. Aseguró estar «convencida de que la orden de asesinar a Gregorio salió del despacho de Herri Batasuna en el Ayuntamiento donostiarra”.

En su discurso, recordó que el asesinato de su hermano fue la crónica de una muerte anunciada: “Los cómplices políticos y sociales de ETA se pasaron meses, o incluso años, señalándolo como objetivo prioritario de la banda terrorista por medio de una brutal campaña de persecución y amenazas”.

Ordóñez destacó que su hermano “se metió en política en el lugar y el momento más difíciles para hacerlo” y que enseguida se convirtió “en uno de los más valientes enemigos de ETA, en uno de los pocos representantes públicos que se atrevía a decirles a la cara a los de Herri Batasuna que ellos eran tan responsables de los crímenes de ETA como los propios terroristas que los perpetraban”.

En este sentido, la presidenta de Covite mostró su convicción de que “la orden de asesinar a Gregorio salió del despacho de al lado del suyo en el Ayuntamiento, del despacho de HB”. “¿O acaso creéis que la orden de matar a mi hermano salió del jefe etarra de turno que estuviera escondido en un zulo en Francia?”, planteó, para a continuación insistir en que “sin duda, toda la cúpula de ETA de aquel momento tiene responsabilidades criminales en su asesinato«. «Pero estoy segura de que quien ordenó matar a mi hermano fueron los dirigentes políticos de la izquierda abertzale”, indicó.

También denunció que esos mismos dirigentes políticos de la izquierda abertzale, “que siempre han hecho política gracias a ETA y a costa de los crímenes de ETA, pero, eso sí, sin mancharse las manos de sangre, siguen hoy haciendo política en primera línea y beneficiándose de un marco de impunidad que nadie se atreve a cuestionar”.

Ordóñez lamentó que “en este país, por lo general, la justicia no persigue a los jefes de ETA que daban las órdenes de asesinar y que tienen tanta responsabilidad criminal como los propios asesinos”. Asimismo, denunció que las víctimas de ETA están pagando “las consecuencias de un final de ETA negociado”. Denunció también que «el 40% de las víctimas de ETA no han tenido Justicia y no se ha condenado a nadie por los asesinatos de sus familiares».

Ordóñez clausuró el acto afirmando que “este país ha incumplido su obligación de impartir una justicia efectiva, a la que está obligada por haber suscrito el Convenio Europeo de Derechos Humanos, con más de la mitad de las víctimas». «La lentitud también es un déficit en esa Justicia efectiva debida a las víctimas», sentenció.