Se acabó la anomalía de tener una Administración de Justicia con diferentes sistemas de gestión procesal que no se comunican entre sí. Según el Ministerio, eso ya es historia desde el pasado 15 de junio. Cada Comunidad Autónoma sigue funcionando con sus diferentes sistemas pero la interoperabilidad, fruto de los acuerdos entre el Ministerio y los gobiernos territoriales, lo ha hecho posible.
Los diferentes sistemas de gestión procesal de la Justicia por fin «hablan» entre ellos
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25/6/2022 06:51
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Actualizado: 08/1/2024 17:47
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El 15 de junio pasado se convirtió en un día histórico para la justicia española. Ese día los sistemas de gestión procesal de todas las Comunidades Autónomas (CC.AA.) y los del Ministerio «hablaron», se comunicaron entre ellos, sin ningún problema.
«Desde el pasado día 15 de junio, la Administración de Justicia ha alcanzado la interoperabilidad efectiva entre todos los sistemas de gestión procesal de las diferentes CC.AA.», según confirmaron a Confilegal fuentes oficiales del Ministerio de Justicia.
En esa fecha el Tribunal Supremo recibió correctamente un expediente judicial electrónico, enviado desde Navarra, a través de su sistema de gestión procesal Avantius (utilizado en Navarra, Cantabria, Aragón y País Vasco).
Fue la última de las pruebas realizadas desde todas las Comunidades Autónomas con diferentes sistemas de gestión procesal.
«Todos los sistemas de gestión procesal de las diferentes Comunidades Autónomas han conseguido enviar con éxito expedientes judiciales electrónicos a este tribunal, lo que supone una interoperabilidad efectiva», añadieron.
Este era uno de los objetivos del Plan Justicia 2030. En la actualidad hay 9 sistemas de gestión procesal distintos que, hasta el pasado 15 de junio, no eran compatibles entre sí: En el área Ministerio de Justicia, que comprende las Comunidades Autónomas de Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Murcia, Islas Baleares, Ceuta, Melilla, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo, opera el Minerva. También en Galicia.
En Andalucía, el Adriano; en Canarias, el Atlante; en la Comunidad de Valencia, el Cicerone; en el País Vasco, el Justicia.bat; en Madrid, el IusMadrid; en Cataluña, el e.justicia.cat; en Navarra, el Avantius.
En la Fiscalía General del Estado, el Fortuny.
EN 2023 SERÁ LO NORMAL
Todo este proceso se ha concebido por fases. Está previsto que en 2023 se haya logado el funcionamiento del proyecto completo.
La primera de esas fases consistía en la exportación del expediente judicial desde un sistema de gestión procesal, mediante la remisión por medios electrónicos a otro sistema distinto, que lo recibe e incorpora.
El proyecto se inició con el primer envío al Tribunal Supremo, desde la Comunidad Autónoma de Canarias, en verano de 2021, a través de su sistema de gestión procesal Atlante.
Le siguió Madrid, con el sistema IusMadrid, Andalucía con su sistema Adriano, Cataluña con eJusticia.cat y Valencia con el sistema Cicerone.
Así, todas estas CCAA ya envían con regularidad sus expedientes judiciales, ampliando el uso a todos los posibles órganos judiciales. Además, la funcionalidad está disponible para el resto de comunidades que utilizan el sistema Minerva.
Las siguientes fases del proyecto incluirán el intercambio totalmente automático de documentos y exhortos entre distintos sistemas de gestión procesal; el procesamiento automático de estas peticiones; y la remisión automática del expediente judicial electrónico de un sistema de gestión a otro.
LA «COGOBERNANZA», EL SECRETO DEL ÉXITO
La interoperabilidad ha sido fruto de la llamada «cogobernanza» entre el Ministerio y las 12 Comunidades Autónomas con competencias transferidas, por los acuerdos alcanzados, con pleno consenso, en el seno del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE) y en las Conferencias Sectoriales.
Y de forma especial, por el impulso que ha supuesto la dotación presupuestaria específica proveniente de los fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
El pasado 8 de junio, Aitor Cubo, director general de Transformación Digital de Justicia, el «cerebro» de la arquitectura de la transformación tecnológica del Ministerio, aseguró en el curso del desayuno que tuvo lugar en la sede central del Consejo General de Colegios de Graduados Sociales, que la Administración de Justicia iba «a funcionar mejor que la Agencia Tributaria».
Ese día ya avanzó que la interoperabilidad no solo iba a producirse entre las diferentes Adminisraciones de Justicia sino que también tendría lugar también con el resto de las Administraciones.
«Ya estamos integrando 305.000 expedientes administrativos en el ámbito judicial de forma completamente automática. El Tribunal Económico Administrativo Central transmitió por primera vez, el pasado lunes, un expediente a la Audiencia Nacional y fue todo un éxito. Estos expedientes a veces tienen decenas o cientos de miles de páginas. No es que vayamos a funcionar como la Agencia Tributaria. Vamos a funcionar mejor que la Agencia Tributaria», aseguró.
Según las mismas fuentes del Ministerio de Justicia, el objetivo final es una interoperabilidad automática orientada al dato.
Para que un funcionario de un territorio, como Galicia, pueda enviar un expediente judicial electrónico, trabajando con su sistema de gestión procesal, a cualquier otro territorio nacional con otro sistema diferente, como Cataluña, Madrid o Andalucía.
«Esto permite no solo un intercambio completo y automatizado de los expedientes entre los distintos territorios, sino también que se desarrolle un procesamiento automático de los metadatos, redundando en una mejora de la gestión y la eficiencia de la Administración de Justicia», precisaron las mismas fuentes.
Lo que ya es una realidad.
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