El Tribunal de Cuentas estudia hoy si devuelve a ERC los 2,1 millones de fianza. Foto: EP
La Fiscalía cambia de criterio y apoya que el Tribunal de Cuentas devuelva a ERC la fianza por los gastos del ‘procés’
El Ministerio Público respalda que esos fondos sean sustituidos por los avales presentados por el Instituto Catalán de Finanzas (ICF), mientras que la otra demandante, Sociedad Civil Catalana, se opone a esos avales
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12/7/2022 12:17
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Actualizado: 12/7/2022 12:40
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La Fiscalía ha cambiado su criterio y en la vista celebrada hoy en el Tribunal de Cuentas se ha posicionado a favor de admitir el aval presentado por el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) para devolver a ERC los 2,1 millones que depositó como garantía de la responsabilidad contable de excargos del gobierno catalán por el presunto desvío de fondos para la acción exterior -las ‘embajadas catalanas’ y el Diplocat-.
El fiscal ha señalado que las cantidades reclamadas ya están aseguradas y que «no tiene ningún sentido mantener este dinero depositado por ERC», por lo que no se ha opuesto a la sustitución que habían solicitado los miembros del partido encausados.
En cambio, la demandante, Sociedad Civil Catalana (SCC), se ha ratificado en su posición de oponerse a los avales del ICF. Su abogado ha defendido que el depósito es «la forma más sencilla de cumplir con lo mandado por el Tribunal».
La vista se ha celebrado a raíz de que el exconsejero Raül Romeva solicitara que se devolvieran a ERC los 2,1 millones que depositó por su presunta responsabilidad contable y los de los demás demandados, que responden solidariamente con él.
Lo reclamó después de que el órgano fiscalizador rechazara una petición de ERC para que le devolviera dicho depósito tras conocerse que el Tribunal de Cuentas admitía los avales presentados por el Instituto Catalán de Finanzas.
Entonces, el Tribunal de Cuentas indicó a la formación política que antes del reintegro debía aprobarse la sustitución del depósito por los avales del ICF, un trámite que debían iniciarlo cualquiera de los presuntos responsables contables cubiertos por el depósito, de ahí que ahora sea Romeva quien lo solicita.
Hasta ahora, el Ministerio Fiscal se había mostrado en contra.
RECHAZA MÁS RECURSOS
El Tribunal de Cuentas desestimó la semana pasada los últimos recursos presentados contra las demandas de Fiscalía y Sociedad Civil Catalana en este procedimiento que se sigue contra 35 personas, en su mayoría excargos del gobierno catalán, por el presunto desvío de fondos públicos para sufragar el referéndum ilegal del 1 de Octubre de 2017 y las denominadas ‘embajadas catalanas’.
Ahora se ha abierto el plazo para que las partes presenten sus contestaciones, tras lo cual se señalará la fecha para la audiencia previa.
El Tribunal de Cuentas apartó, a petición de la Fiscalía, a los exconsejeros Joaquim Forn y Josep Rull, así como a otros 14 excargos del ejecutivo autonómico de la lista de personas a las que se les reclaman los fondos presuntamente desviados.
El pasado mes de abril, la Fiscalía rebajó las estimaciones del Tribunal de Cuentas sobre la cifra de los fondos y redujo el importe de 9,5 millones de euros a 3,4 millones de euros.
El Tribunal de Cuentas fijó inicialmente en 5,4 millones de euros la responsabilidad contable relativa a la acción exterior de Cataluña y fijó en 4,1 millones los gastos vinculados al referéndum del 1-O. Tras haberse fusionado ambas actuaciones en un solo procedimiento, el importe total alcanzaba los 9,5 millones de euros.
SOCIETAT CIVIL CATALANA DEMANDÓ A LOS LÍDERES DEL ‘PROCÉS’ POR 5,3 MILLONES
Societat Civil Catalana (SCC) presentó el pasado 17 de febrero una demanda contra 11 exaltos cargos de la Generalidad, a los que acusa de haber malversado 5.309.807,02 millones de euros en gastos relativos al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y a la propaganda internacional del ‘procés’ al margen de las competencias estatutarias de la Generalidad.
Dirige la demanda contra el expresidente catalán Carles Puigdemont (al que reclama 3.303.000 euros), el exvicepresidente Oriol Junqueras (2.515.000), el expresidente Artur Mas (1.840.000), y los exconsejeros Raül Romeva (617.000), Dolors Bassa (1.301.000), Francesc Homs (1.936.000), Toni Comín (1.134.000), Clara Ponsatí (900.000), Jordi Turull (505.000), Neus Munté (338.000) y Lluis Puig (238.000).
Los acusa de «uso de locales públicos para la consulta ilegal, gastos de difusión e infraestructuras digitales para promoción del referéndum, encargo de papeletas, pagos de viajes a ‘observadores’ de la consulta ilegal o contratos de lobbies para promoción de la causa independentista con el dinero de todos los ciudadanos».
La presidenta de Societat Civil Catalana, Elda Mata, señaló en su día que la asociación actúa cumpliendo su «deber cívico» para «defender a los millones de ciudadanos que pagan sus impuestos y cumplen las leyes». «Durante años, el gobierno catalán ha destinado millones de euros a acciones ilegales para las que no tenía competencia ni legitimidad. Pero se ha acabado el tiempo de la impunidad. A cada actividad ilegal responderemos con una acción judicial«, asevera.
Mata afirma que en una democracia moderna no corresponde sólo a los poderes públicos velar por el buen uso de los fondos públicos, sino que «la ciudadanía debe ejercer una labor de fiscalización activa del dinero que pagamos con nuestros impuestos».
La demanda la firma el letrado Juan Chapapría, socio del bufete Chapapría-Navarro & Asociados, que se ha encargado de la preparación y redacción de la misma.
Mata ha agradecido el empeño de Manuel Miró, responsable jurídico en la Junta de SCC, que ha coordinado en nombre de la entidad la preparación de esta acción judicial. También destaca el trabajo que tanto Miró como el abogado Manuel Zunón llevaron a cabo en el Tribunal de Cuentas por el 9-N y en la fase previa de este juicio.
En este caso, la demanda parte de la propia sentencia del Tribunal Supremo sobre el ‘procés’, que trasladaba al Tribunal de Cuentas la cuantificación de las malversaciones por el 1-O.
El abogado ha señalado que se ha llevado a cabo un «largo y riguroso trabajo de análisis de todas las partidas (contenidas en más de 34 gigas de documentación)», que ha durado meses.
SCC optó por acusar finalmente «a los responsables públicos y responsables últimos de las decisiones cuya participación se ha podido documentar y catalogar claramente, siguiendo también las propias Actas de Liquidación del propio Tribunal». En este sentido, la entidad ha seguido el mismo criterio que mantuvo en el juicio del 9-N, «confiando en que la Fiscalía, con más medios técnicos, pudiera delimitar también el grado de responsabilidad de los actores intermedios y funcionarios».
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