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Este creciente interés en optimizar la gestión de servicios legales externos se ve alimentado por la necesidad imperante de los departamentos legales, los “in house” de empresas, de recortar gastos y elevar la calidad de la prestación de servicios jurídicos.
El foco sobre el control de costes está llevando a los departamentos jurídicos a examinar detalladamente las solicitudes de tarifas de los bufetes de abogados y a considerar la redistribución del trabajo a otros proveedores, según expertos estadounidenses.
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