La Justicia de EE.UU. falla contra España por el recorte a las renovables y le reconoce como un «Estado deudor»
En un nuevo revés para España en el ámbito internacional, el Tribunal del Distrito de Columbia, presidido por el juez Rudolph Contreras, ha dictaminado a favor de la corporación japonesa JGC en el caso de las disputas legales relacionadas con la retirada retroactiva de primas a las renovables.
Según fuentes jurídicas, se ha ordenado a España el pago de 36,1 millones de dólares (unos 34 millones de euros), conforme al laudo arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial.
Este dictamen, emitido el 26 de septiembre de 2024, confirma la obligación de pago, equiparando la sentencia arbitral a una emitida por cualquier magistratura estadounidense.
El caso ARB/15/27 (JGC Corporation vs Reino de España) se remonta a 2015 cuando JGC demandó a España por un importe inicial de 93,5 millones de euros.
El Ciadi, en noviembre de 2021, adjudicó a JGC una compensación de 23,5 millones de euros, cifra que ha crecido considerablemente debido a los intereses acumulados.
A pesar de los intentos de España por anular este laudo, el proceso judicial, que comenzó el 14 de marzo de 2022, concluyó sin éxito para España el 6 de febrero de 2024.
Además, el fallo del tribunal estadounidense facilita a los demandantes la ejecución del laudo en Estados Unidos, proporcionándoles herramientas legales adicionales ante la negativa de España a cumplir con sus obligaciones internacionales.
25 LAUDOS CONDENATORIOS para España POR MÁS DE 1.500 MILLONES
Actualmente, España enfrenta más de 50 litigios internacionales de arbitraje debido a su política energética, y hasta la fecha, cerca de 25 laudos han condenado al país a compensar con más de 1.500 millones de euros.
Estos litigios han añadido 326 millones de euros en sobrecostes judiciales y financieros, incluyendo condenas en costas y honorarios de consultores y abogados.
El impacto de estos litigios y la resultante inseguridad jurídica se estima que han costado a la economía española aproximadamente 7.340 millones de euros durante el periodo 2023-2024, afectando gravemente su imagen como destino seguro para inversiones internacionales.
