La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha defendido este viernes en el Senado la política de nombramientos desarrollada durante su mandato y ha apostado por reforzar la confianza interna y externa en el Ministerio Fiscal.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia de la Cámara Alta, a petición del Grupo Popular, Peramato sostuvo que los nombramientos realizados se han basado en criterios de mérito, capacidad y adecuación al puesto.
La fiscal general fue convocada para informar sobre distintas cuestiones relacionadas con su gestión, entre ellas su política de nombramientos, las declaraciones en las que aludió a la necesidad de “sanar heridas” dentro de la institución y las reuniones mantenidas entre antiguos responsables de la Fiscalía General del Estado y personas señaladas en el denominado caso Leire Díez.
Peramato explicó el significado de las declaraciones realizadas tras asumir el cargo y aseguró que fue plenamente consciente del contexto en el que pronunció esas palabras.
Según indicó, la referencia a “sanar heridas” se produjo tras la dimisión de su predecesor, Álvaro García Ortiz, después de ser condenado por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos relacionado con Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Reforzar la confianza en la Fiscalía
“Lo hice siendo plenamente consciente del contexto en el que esta expresión se insertaba”, afirmó.
La fiscal general añadió que aquellas manifestaciones formaban parte de un diagnóstico institucional y que iban acompañadas de una llamada al trabajo conjunto, la lealtad y la cohesión dentro de la Fiscalía.
En este sentido, defendió la necesidad de reforzar y fortalecer tanto la confianza interna como la externa en la institución mediante el consenso, la coherencia en la actuación y una explicación clara de los criterios jurídicos aplicados.
Durante su intervención, Peramato subrayó que quien ocupa la Fiscalía General del Estado no puede convertirse en comentarista de las resoluciones judiciales.
A su juicio, asumir ese papel desdibujaría la posición institucional del cargo y comprometería los principios de objetividad e imparcialidad que rigen la actuación del Ministerio Fiscal.
En relación con la política de nombramientos, defendió que su objetivo ha sido consolidar un modelo en el que la independencia del Ministerio Fiscal se articule mediante decisiones fundamentadas en el mérito, la capacidad y la adecuación al puesto.
Según explicó, esa política busca configurar una estructura institucional “al servicio exclusivo de la ley y ajena a cualquier otra consideración”.
Peramato habla del caso contra García Ortiz
Peramato también se refirió a la actuación del Ministerio Fiscal en el procedimiento seguido contra su antecesor.
La fiscal general sostuvo que la institución ha actuado “exactamente como exige la Constitución” y recordó que su función consiste en promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público protegido por la ley.
Asimismo, reivindicó que la actuación de la Fiscalía en dicha causa se desarrolló “en todo momento con sujeción estricta a los principios de legalidad e imparcialidad”.
Según señaló, la posición mantenida por el Ministerio Fiscal en ese procedimiento no ha experimentado cambios desde su llegada al cargo, circunstancia que, a su juicio, demuestra que la actuación de la institución ha respondido exclusivamente a criterios jurídicos y objetivos, sin depender de voluntades individuales.
