Vito Quiles ha comparecido este viernes ante la magistrada Rosa María Freire, titular de la plaza 32 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, poniéndose a su disposición voluntariamente tras conocer, a través de los medios de comunicación, la existencia de una de orden de busca, detención y presentación.
Lo hizo por sorpresa, sin conocer ninguna citación previa, porque no le habían llegado ninguna de las dos que se decía que le habían hecho llegar. Fue acompañado de su abogado, Juan Gonzalo Ospina, socio director de la firma Ospina Abogados.
«Existe una motivación y un interés político en mermar mis ingresos para que no pueda seguir haciendo mi trabajo. El objetivo evidente es debilitarme económicamente a través de una catarata de denuncias, lo que es incomprensible. Este oscuro plan no se sostiene. Además, las denuncias están siendo archivadas. Jamás he sido condenado», ha declarado Quiles a Confilegal.
Una querella por un supuesto delito de calumnias
El origen del procedimiento, tramitado como diligencias previas 267/2026, es una querella criminal por un presunto delito continuado de calumnias —y subsidiaria (o alternativa) de injurias graves— interpuesta por J. I. P. B., asesor de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, del que supuestamente Quiles dijo, a través de Telegram y Tik Tok, que había estado en la cárcel y que la vicepresidenta contribuyó a su excarcelación y su colocación en el Ministerio.
Según el relato del propio Quiles, la primera noticia que tuvo del procedimiento fue «a través de la La Razón. Entonces fue cuando supe que se me había enviado dos citaciones. La realidad, lo repito, es que a mí no me llegó nada», ha explicado, describiendo cómo se enteró de que pesaba sobre él una orden de busca, detención y presentación. «Yo no tuve ninguna notificación formal2.
Ante esa circunstancia, su abogado, Juan Gonzalo Ospina, presentó el miércoles un escrito de personación voluntaria ante el juzgado, solicitando que se dejara sin efecto esta medida porque, a su juicio, «era innecesaria y desproporcionada».
Un día después, el 3 de julio, la representación letrada reiteró la petición, subrayando que Quiles «tiene domicilio perfectamente conocido», es «una persona pública y de fácil localización» y se estaba poniendo a disposición del juzgado.
Seis procedimientos judiciales paralelos
Quiles enmarca la causa abierta por J. I. P. B., dentro de un patrón más amplio de litigiosidad que, según sostiene, mantiene con distintas personas de su entorno.
De acuerdo con su abogado, Quiles tiene, o ha tenido –porque se han archivado–, seis procedimientos judiciales distintos relacionados con Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, con la comunicadora Sarah Santaolalla, con Renfe y con Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica Española y exministra de Vivienda con el PSOE. «Y jamás me han condenado», subrayó Quiles.
De acuerdo con Ospina, la magistrada ha dejado sin efecto la orden de búsqueda tras la comparecencia voluntaria de Quiles. Y ha fijado el 20 de junio para su declaración.
