Cuatro figuras relevantes del constitucionalismo en el mundo hispano compartieron en el Espacio de Estudios Jurídicos Hispanoamericanos los principales desafíos de la justicia constitucional.
Todos coincidieron en la necesidad de alejar a los Tribunales Constitucionales de la contienda política, afianzando su rol como garantes de la institucionalidad.
Para Ernesto Blume, expresidente del Tribunal Constitucional peruano, la consciencia constitucional actual en su país trae su causa en buena medida del empoderamiento que ha logrado alcanzar por su independencia el órgano que dirigió.
Gran parte del avance económico experimentado por su país, en su criterio, es consecuencia de la autonomía y neutralidad del Tribunal Constitucional del Perú en defensa de las previsiones de su Carta Magna sobre estas materias.
Resaltó, sin embargo, que la dinámica política no siempre ha contribuido a ese crucial desempeño, pese a reconocer un saldo bastante positivo en su trayectoria.
Juan Carlos Campo, magistrado del Tribunal Constitucional español, coincidió también en la necesidad de que los supremos intérpretes estén por encima de las coyunturas parlamentarias, y que respondan al papel que los ordenamientos les reservan como piezas estructurales del Estado de Derecho, operando como garantía y mecanismo de cierre del sistema jurídico.
Apuesta Campo por reforzar, además, el imprescindible diálogo entre Tribunales a escala internacional, al ser ya muchos de los problemas de carácter compartido, en especial con la comunidad iberoamericana de naciones.
Daniela Salazar, vicepresidenta que fue de la Corte Constitucional ecuatoriana, pone el énfasis en la necesaria acotación de las excesivas facultades de los Tribunales Constitucionales, sugiriendo que dejen de entorpecer en las dinámicas políticas.
Para Salazar, ni puede convertirse un Tribunal Constitucional en un legislador, ni tampoco en un juez ordinario, porque esas cosas distraen mucho de su primordial quehacer.
Humberto Sierra, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional de Colombia, anota por su parte seis retos de la justicia constitucional en la región, entre otros impedir las crisis de la democracia representativa o ampliar el ámbito de control del constitucionalismo sobre todo en las reformas de las normas fundamentales.
En ocasiones, sostiene Sierra, ni se contrastan con el propio texto constitucional de un país los asuntos que llegan a los Tribunales Constitucionales, sirviendo otras normas internacionales para ello, algo que juzga inapropiado.
Insiste, como el resto de sus colegas en esta cumbre constitucionalista iberoamericana, en defender la independencia de estos órganos como elemento básico para su eficacia en defensa de la legalidad, en especial en aquellos países de estructura presidencialista, en los que los Tribunales Constitucionales tienen una misión tan delicada.
Como puede apreciarse, los principales actores de la actual justicia constitucional en la hispanidad ponen el foco en la ausencia de condicionantes externos y de dependencia de lo político en estos Tribunales como elemento básico para su óptimo funcionamiento, sobre todo ante situaciones capaces de desafiar la propia esencia de los ordenamientos, propiciando golpes en el tablero de la institucionalidad que lo pongan todo patas arriba.
En suma, y aunque los jueces constitucionales sean de selección por su clase representativa, como han querido sus constituciones, su pluralidad ha de converger siempre en la búsqueda de soluciones comunes en exclusiva y excluyente clave jurídica, afianzando su labor de salvaguarda de los cimientos del sistema, para lo cual nunca debiera de haber en ellos Montescos ni Capuletos, ni conservadores ni progresistas, ni blancos o negros.
Que esta feliz construcción teórica se lleve a la práctica cotidiana es ya harina de otro costal, claro.
