Dos abogados y dos procuradores permanecieron conectados durante más de 3 horas sin respuesta del tribunal de instancia de Guadalajara, que finalmente reconoció que había olvidado señalar el procedimiento.
Ello, sin que fuese posible ponerse en contacto con el tribunal durante ese tiempo de espera, y estando ahora el caso ante el Servicio de Defensa de la Abogacía del ICAM.
Los retrasos en la Justicia son cada vez más evidentes, con señalamientos de juicios que están llegando, incluso, fechados para 2029.
Una situación ante la que la prometida digitalización de la Justicia, fomentada desde el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, junto a normativas como la Ley de Eficiencia, buscan ser una «solución» para esta tardanza en los procedimientos judiciales.
Sin embargo, en ocasiones, esta digitalización acaba convirtiéndose en un retraso más.
Algo que experimentaban, hace apenas unas semanas, dos abogados y dos procuradores de Madrid, así como sus clientes, en una vista judicial telemática en el tribunal de instancia plaza nº3 de Guadalajara.
Así pues, el juicio estaba señalado para las 10:00 de la mañana.
Sin embargo, pasaban las horas y, ante el estupor de los profesionales, no había acceso posible a la sala de juicio. Más de tres horas de espera en las que tanto procuradores como abogados estuvieron pendientes, e intentando entrar en contacto con el tribunal de instancia a través de llamadas y correos electrónicos.
Sin resultado.
Y es que no fue hasta la una del mediodía cuando los profesionales pudieron acceder a la sala virtual. Ello, para comprobar que dicha sala estaba siendo utilizada para otro juicio perteneciente a un juzgado distinto.
La explicación del juzgado fue, según explica uno de los abogados del caso a Confilegal, Ignacio Palomar Ruiz, socio director de Servilegal Abogados, tan «sencilla como desconcertante»: se había producido un error y el procedimiento no había sido señalado correctamente.
«No estamos hablando de un simple retraso. Estamos hablando de cuatro profesionales bloqueando su agenda durante toda una mañana por un error administrativo que nadie detectó hasta horas después y respecto del que nadie fue capaz de ofrecer información», Palomar Ruiz.
El error del tribunal de instancia, ante el Servicio de Defensa de la Abogacía
«La Justicia exige puntualidad, diligencia y responsabilidad a abogados, procuradores y ciudadanos. Es razonable exigir esos mismos estándares a la propia Administración. Cuando nadie responde al teléfono, nadie contesta los correos y un juicio simplemente desaparece del sistema, el problema ya no es una incidencia aislada: es un fallo estructural», critica el abogado.
Un fallo que, tal y como lamenta el abogado, en una empresa privada tendría «consecuencias inmediatas».
«Sin embargo, cuando ocurre dentro de la Administración de Justicia, lo habitual es que simplemente se reconozca el fallo y todos los perjudicados tengan que asumir el coste del tiempo perdido», valora.
Un caso que no sólo supone el tiempo de los profesionales, sino también la decepción y el retraso que afecta a los clientes: «Los ciudadanos merecen una Justicia mucho mejor organizada», ha asegurado en conversaciones con este medio.
Fallos de falta de organización, descoordinación y problemas en la digitalización de la Justicia que Palomar Ruiz ha elevado ante el Servicio de Defensa de la Abogacía del ICAM.
«No se trata únicamente del perjuicio sufrido por este despacho, sino de una disfunción organizativa que repercute directamente en el derecho de defensa de los ciudadanos, en la dignidad del ejercicio profesional y en la confianza que merece el servicio público de la Justicia», valoran desde el despacho.
