La Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN) considera que la futura Ley de Crédito al Consumo debe reforzar la protección frente al sobreendeudamiento e impedir que se concedan préstamos que el consumidor no pueda devolver. Entre sus principales propuestas figura prohibir expresamente que prestamistas e intermediarios concedan o recomienden créditos inadecuados para la capacidad de pago del cliente y que esa circunstancia conlleve la nulidad del préstamo.
La asociación sostiene que la aprobación definitiva de la norma será determinante para ordenar el mercado del crédito y proteger a los consumidores frente a prácticas abusivas y precios usurarios, ya que, según destaca, establecerá por primera vez un límite al cobro de los intereses.
No obstante, ASUFIN advierte de que el tope general de 22 puntos porcentuales previsto en el anteproyecto resulta insuficiente y reclama que los límites se fijen en función del tipo de financiación, diferenciando especialmente entre el crédito al consumo convencional y el crédito revolving.
La asociación alerta de que, con la redacción actual, un préstamo al consumo con una TAE del 15 % quedaría dentro del límite legal pese a duplicar la media actual del mercado, por lo que defiende que cada modalidad de crédito tenga un umbral adaptado a sus características y costes habituales.
Otra de las objeciones de ASUFIN es la exclusión de las tarjetas de débito diferido del ámbito de aplicación de la futura ley.
Aunque estas tarjetas suelen cargar las compras una vez al mes y no generan intereses en su funcionamiento habitual, la asociación considera que deben quedar protegidas por la norma cuando incorporan otras opciones de pago o financiación que las aproximan a líneas de crédito abiertas o a productos revolving.
Frenar la espiral de deuda en los créditos al consumo
La organización también reclama un endurecimiento de las reglas aplicables a los créditos de alto coste para evitar que los consumidores entren en una espiral de endeudamiento.
En concreto, propone prohibir que un prestamista conceda un nuevo préstamo para cubrir el impago de otro anterior, una práctica que, según señala, resulta frecuente en los minicréditos y préstamos rápidos contratados por internet y que el anteproyecto no impide expresamente.
Entre sus propuestas figura también reforzar la transparencia en la evaluación de la solvencia de los consumidores.
ASUFIN defiende que los clientes puedan conocer el resultado y los criterios utilizados para decidir si acceden a un préstamo y que, cuando intervengan sistemas automatizados o inteligencia artificial, exista el derecho a una revisión humana efectiva y a garantías frente a posibles sesgos o discriminaciones.
Asimismo, sostiene que las consultas a bases de datos crediticias no deben sustituir una evaluación individualizada de la capacidad real de pago del consumidor.
Por último, la asociación reclama que la futura ley garantice un coste del crédito plenamente transparente y una protección efectiva frente a los abusos.
Entre otras medidas, propone incluir todos los gastos en la información sobre el coste total del préstamo, limitar a 30 euros los gastos de recuperación de impagos, asegurar que el asesoramiento sobre deudas sea independiente y aplicar los nuevos límites de coste, al menos, a los saldos pendientes de los créditos revolving ya existentes.
