El Tribunal Supremo estudiará el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Partido Popular para intentar que varios ministros del Gobierno comparezcan en el Senado antes de septiembre, después de que algunos miembros del Ejecutivo no acudieran la pasada semana a las comisiones de la Cámara Alta en las que habían sido citados.
La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo ha acordado dar por recibido el escrito e interpuesto el recurso y ha remitido su contenido a la Sala de Vacaciones, que será la encargada de decidir sobre las medidas cautelares solicitadas por el Grupo Popular.
La iniciativa judicial del PP llega tras las ausencias de los ministros de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y de Defensa, Margarita Robles, en las comisiones del Senado en las que debían informar sobre la crisis migratoria provocada por la entrada masiva en Ceuta de personas procedentes de Marruecos entre el 30 y el 31 de julio.
El PP reclama que las comparecencias se celebren antes de que acabe agosto
En el recurso, el Grupo Popular solicita que el Supremo ordene al Gobierno cesar en la conducta que, a su juicio, impide o elude las comparecencias reclamadas por el Senado y que los ministros acudan a las sesiones aún pendientes.
Asimismo, pide que en un plazo de 24 horas se adopten las decisiones necesarias para hacer posibles las comparecencias de los restantes ministros antes de que concluya agosto y que esa disponibilidad sea comunicada de inmediato a la Cámara Alta.
Los populares también pretenden que el Ejecutivo se abstenga de condicionar las comparecencias en el Senado a su sustitución por otras promovidas por el propio Gobierno en el Congreso.
El recurso invoca la autonomía de control del Senado
El PP sostiene que el Gobierno no puede decidir de forma unilateral ante qué Cámara de las Cortes Generales rinde cuentas y defiende que una comparecencia voluntaria en el Congreso no puede sustituir ni dejar sin efecto una solicitud de comparecencia tramitada por el Senado.
En su escrito, argumenta que la Cámara Alta dispone de plena autonomía para ejercer sus funciones de control al Ejecutivo y que el Congreso no puede monopolizar las comparecencias de los miembros del Gobierno.
Además, considera que las incomparecencias vulneran los derechos fundamentales de los senadores al impedir el ejercicio de la función de fiscalización del Ejecutivo.
