Dos extrabajadoras del cantante Julio Iglesias presentaron el jueves una querella ante la Audiencia Nacional en la que le vuelven a acusar de presuntas agresiones sexuales y abusos laborales, según ha informado Women’s Link.
Esta es una es una organización feminista interseccional que asiste jurídicamente a las dos mujeres. Identificadas como Rebeca y Laura, piden a los tribunales españoles que investiguen unos hechos que sitúan en 2021, en las propiedades que el artista posee en Bahamas y República Dominicana.
Frente a esa versión, la defensa del cantante ha optado por la cautela. El abogado José Antonio Choclán ha asegurado a Europa Press que no tienen «noticia formal» de que la querella se haya presentado, y ha remitido a un episodio procesal anterior: «En todo caso ya se declaró la falta de la jurisdicción española. No podemos decir mucho más», ha zanjado.
Esa referencia de Choclán no es retórica. La querella llega, precisamente, después de que las dos mujeres hubieran intentado ya la vía penal por otro cauce: unas diligencias previas en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, en las que llegaron a obtener la condición de testigos protegidos a principios de año.
El recorrido de aquel intento, sin embargo, se truncó en enero, cuando el Ministerio Público acordó archivarlas por «falta de competencia» para conocer de hechos ocurridos en el Caribe.
El decreto de archivo fue explícito: la Fiscalía de la Audiencia Nacional carecía de jurisdicción para la investigación preprocesal de lo denunciado.
Según el relato de las querellantes, trasladado por Women’s Link, Iglesias habría aprovechado su «posición de poder» y la vulnerabilidad de ambas trabajadoras para «captarlas, trasladarlas y alojarlas» en sus residencias, en un clima de «intimidación constante» que habría incluido agresiones sexuales continuadas y condiciones laborales «forzadas y degradantes».
Se trata, conviene subrayarlo, de la versión de la parte denunciante; el cantante no ha efectuado hasta ahora una respuesta directa a estas acusaciones, más allá de la referencia procesal de su abogado.
El caso no es nuevo en el debate público. Rebeca y Laura —una empleada de hogar y una fisioterapeuta, respectivamente— formaban parte de una investigación periodística de elDiario.es en colaboración con Univisión Noticias, desarrollada a lo largo de tres años, en la que se contactó con quince exempleadas del servicio del cantante —personal doméstico y profesionales especializadas— que trabajaron para él entre 1990 y 2023 en propiedades de República Dominicana, Bahamas y España.
Según esa investigación, ambas mujeres relataron tocamientos, insultos y humillaciones en un entorno de control y acoso continuo; una de ellas llegó a describir presión para mantener encuentros sexuales, así como penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales.
De acuerdo con dos de las entrevistadas, los hechos se produjeron en 2021, cuando la más joven de ellas tenía 22 años.
Sobre esa base fáctica, Women’s Link sostiene ahora que los tribunales españoles sí tienen jurisdicción, en un planteamiento que choca frontalmente con el criterio que la propia Fiscalía de la Audiencia Nacional aplicó en enero.
La organización se apoya en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que habilita la investigación de delitos cometidos en el extranjero por ciudadanos españoles cuando concurren determinados requisitos legales, y en las obligaciones derivadas de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por España.
Su directora ejecutiva, Jovana Ríos Cisnero, ha insistido en que «el Estado español tiene la obligación de garantizar el acceso a la justicia en igualdad y sin importar quién sea la persona denunciada», e instado a la justicia a investigar los indicios aportados.
Corresponde ahora a la Audiencia Nacional decidir si admite a trámite la querella y si comparte, o no, el criterio de jurisdicción que la propia Fiscalía del mismo tribunal descartó hace apenas unos meses.
